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  • Por: Máximo Noriega Rodríguez.

    Dirigente social y político. Atlántico

    Nos hicieron creer que Barranquilla era una ciudad de fantasía. Durante los últimos años, gracias a una abultada chequera de la Alcaldía para publicidad y medios de comunicación, nos vendieron el discurso de que la ciudad era la maravilla china. Pero las cifras, crudas y sin corazón, demuestran que toda fantasía aterriza brutalmente en una realidad dolorosa.

    En 2019 creció la percepción de pobreza, y uno de cada cinco barranquilleros ni siquiera tiene con qué comer las tres veces diarias. Nos mintieron. Y no se trata de negar los progresos en infraestructura de la ciudad. El hermoso Malecón de Río, la majestuosa Ventana Al Mundo y la canalización de varios de los arroyos son obras que nos inflan el pecho de orgullo; había que hacerlos y hay que seguir haciéndolos, comprometiendo no solo a la Administración Distrital sino al sector privado para que dejemos de pensar en pequeño. Vale reconocer que todos estos esfuerzos, como darle la cara al Río Magdalena y crecer en infraestructura, son muestra de que lo bueno se debe continuar más allá de las posiciones políticas, pues es fácil recordar que casi todas estas obras estaban contenidas en la Agenda Barranquilla 2020 que hace más de 15 años promoviera el entonces alcalde Guillermo Hoenigsberg y que nunca abandonó la administración Char. Pero nos olvidamos de los ciudadanos, y no hay ciudad sin ciudadanos.

                Según: “Barranquilla Cómo Vamos” en su encuesta de percepción 2019, el 22% de los barranquilleros confesó que durante las últimas cuatro semanas no tuvo con qué comer las tres veces diarias, cifra que en las localidades Sur-Oriente y Metropolitana llegó a ser alarmante del 38% y 28%  respectivamente. Las cifras indican, además, que ese fenómeno de hambre ha crecido durante las administraciones de la Casa Char en la ciudad, pues en 2008 -cuando comenzó el primer gobierno de Alejandro Char- el número de barranquilleros que no comían las tres veces al día era de solo el 16%. Es decir, hay más pavimento, pero también más hambre.

                Pero la cosa no para ahí. El porcentaje de barranquilleros que se perciben así mismos como pobres pasó del 15% en 2018, al 20% en 2019, lo cual es congruente con las cifras de pobreza multidimensional que ubica a Barranquilla con una pobreza del 17,4%, mientras en Bogotá es del 9% y en Medellín del 12,8%, y con las mediciones del Índice de Progreso Social, que en 2017 (última medición) ubicó a Barranquilla en el nivel medio-bajo con solo 60.3 puntos, por debajo de Manizales, Bucaramanga, Bogotá y Medellín. Es decir, todas las cifras coinciden en señalar los pobres resultados en lo social en la ciudad y la alarmante situación que se insiste en maquillar.

    El modelo actual de ciudad parece funcionar solo para unos cuantos privilegiados. El problema no es de comprar motos para la policía sino de poner comida en las mesas.

                En materia de seguridad las cosas son cada vez peor. Mientras en 2009 se presentaban solo 303 casos de hurto por cada 100 mil habitantes, en el 2018 se presentaron 758,8 casos, es decir, en 10 años casi que se triplicaron los casos de hurto en Barranquilla, ello sin contar con el subregistro por la falta de denuncias, pues solo el 45,4% de las víctimas denunció el delito. Como consecuencia de lo anterior, según “Barranquilla Cómo Vamos”, el 52% de los barranquilleros percibe su barrio como inseguro, mientras en 2008 solo el 32% lo consideraba así. En resumen, la ciudad se percibe cada vez más insegura, sobre todo en los barrios populares, lo que demuestra que el modelo actual de ciudad parece funcionar solo para unos cuantos privilegiados.

                Resultaría incongruente que la percepción y la realidad de inseguridad de la ciudad se mantenga al alza cuando Barranquilla es la segunda ciudad del país en inversión en seguridad, pero la realidad social lo explica. El problema no es de comprar motos para la policía sino de poner comida en las mesas, de invertir en formación deportiva y cultural para los jóvenes, y de reeducar a una ciudadanía a la cual en la última década la formaron con base en el aparentar lo que no se es para mostrar lo que no se tiene. En pocas palabras, hay que enfocarse en el ser humano y en una visión integral de la seguridad, un enfoque de seguridad humana tal y como lo reconoce la ONU.

                Está bien hacer vías, pavimentar y vender una imagen de progreso, pero Barranquilla necesita que vayamos más allá. Debemos construir una Nueva Barranquilleridad que nos haga mejores ciudadanos, que atienda las necesidades del ser humano. Entendamos que no sirve el cemento con hambre. No puede ser sostenible una ciudad con concreto por todos lados pero con hambre de puertas para adentro. No podemos seguir sosteniendo una Barranquilla artificial donde todo se presume mientras el ser humano en su mayoría está cada vez más lejos de sus anhelos.

                La solución a todo problema comienza con la aceptación. Ya es hora de que nos quitemos la máscara, que dejemos de ver como enemigos a quien se atreve a señalar lo que está pasando en Barranquilla, y que dejemos de comer cuento por un poco de cemento acá y allá. Ya es hora de que dejemos de vivir en una ciudad de mentiras.

  • Redacción TT.

    Mientras Rusia envía a la UE 60 toneladas de implementos médicos para la lucha contra el Covid-19, Trump responde con hostigamientos militares contra Venezuela.Es la naturaleza del Imperio.

    China, Rusia, Cuba y Venezuela lideraron la ayuda humanitaria en el mundo en la lucha contra el coronavirus.Cuando el mundo debe estar construyendo lazos de cooperación, Estados Unidos está pensando en la guerra, en el saqueo y la agresión.

    Para el gobierno norteamericano, la prioridad no es su pueblo que está profundamente afectado por esta pandemia.EE.UU.tiene un total de 215 mil 300 casos de contagios con Covid-19, más que cualquier país en el mundo, con cinco mil 110 fallecidos.Algunos creyentes dirán que dios no castiga ni con palo ni con rejo, pero lo real es que para el imperio primero está la economía capitalista que la vida de la gente.

    El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la movilización de una fuerza militar naval hacia el Caribe y el Pacífico oriental.Buques destructores, barcos de combate, aviones y helicópteros fueron enviados a realizar tareas de "vigilancia" cerca del territorio venezolano.

     “En un intento desesperado por desviar la atención de la crisis trágica humanitaria que experimentó ese país como consecuencia del manejo errático de sus autoridades ante el COVID-19, pretendió agredir a Venezuela con infamias y amenazas” , el gobierno de la República Bolivariano de Venezuela.

    Los pueblos latinoamericanos, los demócratas y progresistas del mundo apoyan a Venezuela.No Pasaran.

    El avión ruso transportó unas 60 toneladas de implementos médicos para la lucha contra el Covid-19. | Foto: @RussiaUN

    El avión ruso transportó unas 60 toneladas de implementos médicos para la lucha contra el Covid-19.El |Foto: @RussiaUN

  • Por: Guillermo García Realpe. 

    Senador Liberal.

    Días después de las declaraciones desafortunadas de la nueva Ministra del Interior, Alicia Arango, le quieren bajar el tono manifestando que, lo que ella no quiso decir lo que dijo y qué se de formalizar y de promover la cotización para pensión o para temas de aportes de salud.

    La ministra fue clara en manifestar de manera directa en que para qué se contrata un ingeniero de sistemas por un día o por tiempo completo si lo que se necesita es por dos horas al día.

    El "capitalismo salvaje" fue un término de contenido social y económico que se agotó hace largos años y nos olvidamos de utilizarlo, pero hoy se confirmó que definitivamente en la relación capital-trabajo para los empresarios y para los gobiernos que atienden intereses empresarios siempre el trabajo cederá ante el capital, ante los inversionistas, ante los intereses privados y no colectivos.

    No por otra cosa hay una larga discusión sobre el reajuste del salario mínimo porque prácticamente están indicando la base de fijación de las cifras para los años nuevos en materia de inflación y otro tipo de índices, quiere decir que el salario mínimo es el gran responsable de temas de inflación en países como Colombia.

    Pero de la misma manera ha tenido manifestaciones crudas en temas de materia pensional y laboral por parte de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras de Colombia –ANIF-, por parte del Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, pero también por algunos sectores del gobierno nacional, en aspectos como que va a haber reforma laboral y pensional y esa va a hacer por cuenta de conculcar muchos de los derechos de los trabajadores.Pero, además de eso, la reforma tributaria pasada la Ley 2010, privilegios privilegiados para el sector empresarial y financiero y no hubo un tratamiento de estímulo y equidad, de progresividad y de redistribución de los sectores populares y medios.

    No contentos con eso, escuche voces de que se suspendería o elimine los intereses de las cesantías para los trabajadores en Colombia, eso es un beneficio para el sector financiero, para quienes guardan las cuentas respectivas.El sector financiero y el sector bancario que luego prestarían intereses esos recursos que son de los trabajadores, también en la reciente reforma tributaria a los ricos se los constituyentes de los pagos del 4 x 1000, impuesto de ICA, exenciones de IVA y otros tipos de beneficios para que su renta líquida y renta gravable sea tan bajas para unos impuestos muy irrisorios.Y en contraste con ello, las rentas de los trabajadores si están por las nubes "clavados" con impuestos que no tienen esos descuentos, ni dio.

    Este marco de puntos hace que definitivamente el capital en la relación con el trabajo siempre va a hacer privilegiado por este tipo de gobiernos y el aporte de los trabajadores siempre va a hacer el sacrificado como efectivamente se pretende ahora con la precarización de las condiciones laborales en el tema que la contratación sea por días y por horas. Esas no puede ser la norma, podrá haber casos excepcionales, en situaciones de pleno empleo o sectores de profesionales exitosos que puedan prestar servicios a muchos de sus clientes, bien sean abogados, contadores, ingenieros, en fin, pero de ahí a que como norma se pueda contratar por horas y se precarice la vinculación laboral y por ende se ahorren gastos los empresarios, pues es absolutamente descalificante de la relación del trabajo, es un exabrupto lo opinado por la nueva Ministra del Interior, es el capitalismo salvaje 20/20.

    Cuando se privilegia el capital por encima del trabajo se agudiza la inequidad económica y social de los países, por eso, Colombia es el segundo país más inequitativo de Latinoamérica y el cuarto más desigual en el mundo, porque las políticas en los últimos años de los gobiernos ha sido de favorecer la concentración de capital en unos pocos, en el caso más extremo como lo es el de Luis Carlos Sarmiento Ángulo que, tiene todo el sistema bancario, construcción de vías, administración y mantenimiento de vías, cobra los peajes, también administra las cesantías y pensiones de los trabajadores en Colombia, es decir, una cooptación de un solo conglomerado económico de casi toda la economía nacional.

    Por lo tanto, la conclusión es que el capitalismo salvaje conlleva a concentrar mucho más la inequidad en materia de ingresos, no hay ninguna redistribución.

    @GGarciaRealpe

  • Por:Jairo Otero.

    Seguimos contemplando como la mentira hace su festín en medio de la angustia y el dolor, al mirar cómo se suplantan identidades y se roban fácilmente las pertenencias de los más débiles

    Estos tiempos de aislamiento social, permiten que los ciudadanos puedan tener una visión clara y diferente de muchos aspectos, que en condiciones normales son difíciles de percibir; uno de esos aspectos, lo constituye la capacidad de lucha de los seres humanos, frente a un enemigo invisible y mortífero, como lo es el virus que en estos momentos tiene en vilo a la población mundial.

    Los colombianos vemos con alto grado de consternación, las vergonzosas actuaciones de unos pocos, quienes han mantenido sus territorios bajo el yugo de la mentira y el engaño, y como en estos momentos de necesidad, aprovechan aún más, las diferentes demandas de una ciudadanía indefensa y necesitada, para clavar sus peligrosos dardos y así atesorar cada vez más recursos, para mantener su poder.

    Es difícil imaginar que algunos seres humanos, puedan violentar con un descaro irracional, los escasos recursos económicos y humanos, destinados por el gobierno para atender las necesidades básicas de sectores que hacen parte de poblaciones vulnerables; para perseguir su propio bien, sin que les preocupe el perjuicio de las mayorías.

    En esta etapa crítica, sería lógico pensar, que el flagelo de la corrupción que deshonrosamente nos ha dado los primeros lugares en América y en el mundo, había quedado aislado y en cuarentena, para que trabajáramos todos hacía el mismo norte en la búsqueda de soluciones a tantas necesidades derivadas de la pandemia; sin embargo, vemos con tristeza, como los dueños de ese poder oscuro, vuelven a despojar al pueblo de los pocos recursos que se han designado para mitigar los efectos del COVID 19.

    En un país como el nuestro, en donde las protestas son momentáneas, sin resultados visibles y en el que en corto tiempo todo queda en los anaqueles del olvido, no debe sorprendernos que los actos de corrupción sean deshonrosamente alcahueteados en su gran mayoría por el mismo Estado, que, con sus débiles instituciones en materia de control, no sanciona ni castiga con rigor estas deplorables acciones: que para esta coyuntura deberían considerarse de “lesa humanidad”.

    Desafortunadamente los colombianos contamos con un gobierno que solo expide normas para generar espacios que sirven de foco para que el flagelo de la corrupción fluya con mayor facilidad; en donde no existen controles, ni mucho menos seguimiento a programas  que con paños de agua tibia tratan de mitigar tantas fatigas sociales;  los “mega millones” de los que se habla todos los días, atizan más la voracidad de aquellos que se volvieron expertos en hacerle trampa a la transparencia; un gobierno que prioriza a los ricos antes que a una ciudadanía temerosa y débil, y que no garantiza el mejor aprovechamiento de los recursos.

    Así las cosas, seguimos contemplando como la mentira hace su festín en medio de la angustia y el dolor, al mirar cómo se suplantan identidades y se roban fácilmente las pertenencias de los más débiles; ya se han detectado más de un centenar de sobre facturaciones,  y la institucionalidad seguirá con su discurso de investigación y de falsos seguimientos como ya lo han hecho con los grandes desfalcos del país, como Odebrecht y Reficar, por mencionar un ejemplo de los casos más graves de corrupción en la historia de Colombia.

    Se transfieren grandes sumas de dinero al sector salud, a EPS e IPS, y lo que se evidencia son sobre facturaciones en medicamentos e implementación hospitalaria; hecho que preocupa aún más si se tiene en cuenta: el no pago de salarios y honorarios por más de seis meses, a los funcionarios de la salud, quienes están prestando su mayor servicio en esta pandemia, y la escasa dotación de elementos de bioseguridad para evitar el contagio.

    Vemos: como los bancos siguen con su disfraz de filantropía, acorralando aún más a un pueblo empobrecido y endeudado, como ciertos sectores productivos e intermediarios, especulan en gran proporción frente a las necesidades de seguridad alimentaria, como a muchos sectores de la sociedad que vivían del día a día se los ha discriminado y hoy sufren el desconcierto y la fragilidad de sus ya precarias actividades. En esta lista interminable, los desconciertos y lamentaciones no pararán de mencionarse cada día, sino hacemos algo como Sociedad civil (Sabemos que a veces nos llama el egoísmo para acuñar la popular frase: Sálvese quien pueda), para establecer veedurías ciudadanas en cada espacio territorial del país donde se estén desarrollando actividades administrativas de manejo de los recursos públicos, y lógicamente vigilar las generosas donaciones que muchos ciudadanos han realizado, en apoyo a la mitigación de los efectos de la pandemia como ayuda humanitaria.

    Es urgente que se establezcan las veedurías ciudadanas, para dar ejemplo a un estado contaminado por el terrible flagelo de la corrupción, y exigir así el respeto por los dineros que hoy se deben direccionar a los más pobres; hacer un llamado urgente a los órganos de control, para que, de una vez por todas, impartan sanciones severas que dignifiquen su papel en la sociedad, castigando de manera rápida y efectiva a ésta terrible pandemia de los corruptos.

     

  • Por: Ibán de Rementería. - 

    La peste: la calle y la vida.

    Al poder político neoliberal instaurado no le interesa la salud de la población, lo que se propone es disciplinar a la nación para lo cual todos los sospechosos deben ser confinados en sus hogares.

    La primera tarea de las y los de izquierda en estos tiempos de la pandemia del coronavirus es ser solidarios con quienes la padecen y previsores con los que están en riesgo de padecerla, pero la principal tarea de quienes se reclaman de izquierda es política, es la tarea de la denuncia y la movilización popular en contra del uso represor que quiere hacer el poder político neoliberal de esta crisis sanitaria. Luego que la nación insurrecta desde el 18 de octubre pasado conquistara en las calles el derecho a darse una nueva Constitución política democrática, a pesar de la resistencia de la institucionalidad política nacional, la pandemia del coronavirus se instrumentaliza como “la peste” por el poder del Estado, es la enfermedad vuelta miedo.

    Al poder político neoliberal instaurado no le interesa la salud de la población, lo que se propone es disciplinar a la nación para lo cual todos los sospechosos deben ser confinados en sus hogares, los renuentes multados o recluidos en las cárceles, como los insurrectos han sido y son las grandes mayorías nacionales esas mismas pueden ser controladas como sospechosas de estar contaminadas por la peste.

    Cierto es que esas grandes mayorías padecen y padecerán la peste, pero la padecen porque el poder político neoliberal destruyó la salud pública para organizar el negocio de la salud con las que lucran las Isapres; cierto es que la mayor población de riesgo son las y los adultos mayores, debilitados con unas pensiones miserables que el poder político neoliberal paga por los empréstitos forzosos que todos estamos obligados a entregarle a las AFP; cierto es que la mayor parte de la población va a padecer la peste porque vive en condiciones de hacinamiento antihigiénicas, porque el poder político neoliberal entregó la implementación de la vivienda popular a las grandes empresas inmobiliarias; cierto es que las grandes mayorías no saben cómo manejarse en la peste porque la educación pública se volvió mala educación, para obligar a comprar educación privada, además “reguleque”.

    Cierto es que las grandes mayorías nacionales son trabajadoras y trabajadores asalariados que asumen el riesgo del contagio de la peste porque no pueden faltar a sus trabajos, ya que el poder político neoliberal permite a los empresarios suspender o cancelar los contratos de trabajo si se ausentan para cumplir con el confinamiento, además la mayor parte de ellos o no tienen contratos o estos son de corta duración o por faenas. Asimismo, más de la tercera parte de la fuerza de trabajo nacional es trabajadora o trabajador por cuenta propia, si no producen y venden, ellos y sus familias padecen el hambre, entonces, no les queda más remedio de compartir la calle con la peste. Además, hay que compartir con la peste para comprar víveres y medicamentos, cobrar pensiones o ayudas, visitar parientes o amigos en dificultades.

    El poder político neoliberal conducido por este gobierno de brazaletes y pantallas pretende ganar algo de legitimidad porque reparte a algunos sectores de las grandes mayorías subvenciones de 50.000 pesos u otras partes misérrimas de sus salarios, mientras provee de abundantes créditos subvencionados a las grandes empresas y algunas pymes para parecer democrático.

    No lo olviden, la peste no es la enfermedad que puede causar a algunos el Covid-19, la peste es el control social, económico y político que sobre todas y todos nosotros pretende ejercer mediante el miedo este poder político neoliberal de los brazaletes y pantallas. ¡No lo olviden la lucha continúa!

    Tomado de Le Monde Diplomatique Edición Chilena. http://www.lemondediplomatique.cl/las-izquierdas-en-los-tiempos-de-la-peste-por-iban-de-rementeria.html 20 de abril de 2020  

    Ibán de Rementería es académico, experto en drogas y seguridad ciudadana

    Imagen de portada: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/ciGlMFZy5D_8QzQTiNKZKgNIsBpfBMLlUySk3R9iczX0-gklMHeeZyLXkVhdUclGoDcOI3ghJZTy7Y0esyJpFKp0tKHGi1YvvzJzxT85Nw

  •  Felipe A. Priast

    ¿Ya leyeron el artículo de la portada de la revista "Semana" que salió hoy? Este artículo es una CLASE MAGISTRAL de desinformación, un ejemplo claro de cómo publicar una noticia, transformar su esencia y sus verdades, hasta convertirla en una mentira destinada a involucrar a los lectores.

    En la época victoriana y eduardiana vivió un famoso escritor y caricaturista inglés llamado Sir Max Beerbohm, quien se hizo famoso en esa época por una novela titulada “Zuleika Dobson”.Beerbohm es también conocido por una frase fantástica que dice: "Usted puede contar una historia en donde todas las líneas sean verdad y sin embargo, la historia en sí sea una mentira".

    Esto es, más o menos, lo que ha hecho Semana con esta nota de hoy sobre la "Operación Gedeón", la empresa mercenaria liderada por la DEA y La Casa Blanca, con ayuda del Gobierno Colombiano, para deponer a Maduro, operación que acabó en un desastre rayando en la chambonería.

    En esta nota los viajes a llevar a cabo la mano, párrafo por párrafo, para que vean como "Semana" desinformar a la opinión pública y esconder los verdes hechos de esta noticia para proteger al gobierno de los Estados Unidos, a la Administración Duque, ya JJ Rendón, quien por razones que aún no tengo muy claras pero que puedo deducir, tiene en estos momentos una relación estrecha con la revista.

    Acomódense bien y lean esta desmenuzada que voy a hacer, ya que ni Goebbels habría sido capaz de "empacar" este pedazo de desinformación como lo que he hecho Semana.Felipe López y Alejandro Santos no continúan en el periodismo, pues hace tiempo que dejaron de ser periodistas.Felipe López es, de manera no oficial, el Ministro de Propaganda de la Administración Duque, además de delegado de los estadounidenses en Colombia para el sabotaje informativo.

    Aquí no estamos hablando de amateurs, estos carajos de Semana son perros finos, esto es un trabajo exquisito, refinado, una obra maestra de la desinformación.

    Veamos, pues, como es que fue la cosa, y como es que es el reportaje Semana para engañar al público:

    Versión de Semana # 1: Empieza diciendo Semana en su artículo que "en los salones del Marriott de Bogotá y los parajes desérticos de la Guajira" se cocinó una operación "rocambolesca" planeada por Jordan Goudreau y Cliver Alcalá para derrocar a Maduro.

    Realidad #1: Es estúpido e inocente creer que estos dos individuos, Goudreau y Alcalá, son los padres intelectuales de esta operación fallida. Para empezar, Goudreau es un mercenario, un ex-boina verde, propietario de una empresa de seguridad con base en el sur de la Florida creada PRECISAMENTE para ejecutar este tipo de operaciones por órdenes del Pentágono. Hoy en día, el 50% de las operaciones militares que adelanta el Pentagono en todo el mundo son ejecutadas con contratistas, contratistas como “Silvercorp”, la compañía de Goudreau. Segundo, estas compañías no organizan “operaciones renegadas” por si solas para tumbar presidentes o apresar dictadores, pues esto sería un riesgo para la paz mundial.

    Si todas las compañías de seguridad americanas se embarcarán en operaciones renegadas, habría guerras entre naciones todo el tiempo. Para embarcarse en una operación de estas, hay que pedir permiso, o estar dirigidos por el Pentágono, no hay de otra.

    Y echarle el otro muerto a Alcalá es casi cínico. Yo creo que es cierto que Alcalá era un narcotraficante. Pero lo que Semana no dice es que la operación entera flotaba alrededor de LOS CARTELES COLOMBIANOS QUE CONTROLAN LA FRONTERA, Y QUE LA DEA ESTÁ METIDA EN LA OPERACIÓN HASTA EL CUELLO.

    De hecho, uno de los arrestados por las fuerzas de Maduro, un tal José Alberto Socorro Hernández alias “Pepero”, ya confesó que él es un agente de la DEA y que él iba a recibir $2 millones de dólares por la operación a través de la organización de Elkin López alias “Doble Rueda”, el traqueto samario residente en Valledupar con conexiones con el Ñeñe Hernández y Cliver Alcalá, es decir, los carteles de la Guajira y de los “Soles” respectivamente.

    Esta operación fue una pura operación orquestada por la DEA, con el visto bueno de La Casa Blanca, y consistía en la utilización de narcos colombianos y venezolanos a ambos lados de la frontera.

    Versión Semana 2: Semana basa su reportaje en la “reconstrucción” de los hechos hecha por el director de la AP (Associated Press) en la región Andina, Joshua Goodman, y asume la versión de Goodman como verdadera.

    Realidad #2: Está es una movida inteligente de Semana. Al presentar la noticia como proveniente de la AP, le da credibilidad a la historia y, al mismo tiempo, se lava las manos. Como son conscientes de que en Colombia ya nadie les cree, entonces echan mano de Goodman y la AP para “empacar” la noticia con la credibilidad de la AP, sin verificar en lo más mínimo si Goodman está en lo correcto o no y sin tener en cuenta que Goodman es un reportero americano. Así mismo, la versión de Goodman es poco creíble. Según Goodman, el plan era invadir Venezuela con 300 hombres y avanzar hasta Caracas, en donde esperaban ser recibidos como una fuerza “libertadora”.

    Esa historia es imposible de creer. Ningún mercenario boina verde, con amplia experiencia en las guerras de Afganistán e Irak, podía concebir que esa operación era creíble. Esa no era la operación. La operación, como confesó uno de los americanos capturados por las fuerzas de Maduro, era tomarse un aeropuerto para establecer una cabeza de puente aérea para que entrara una flotilla invasora aerotransportada, y para eso si alcanzan 60 hombres. En otras palabras, la operación era una especie de “Entebbe” para que entraran por ahí fuerzas aerotransportadas americanas, pero a los mercenarios los cogieron no más desembarcar en la playa y hasta ahí llegó la operación. La operación no tenía nada de “rocambolesco” o “chambón” como dice Semana, el objetivo era claro: capturar un aeropuerto intacto para facilitar una invasión aerotransportada.

    Versión Semana #3: Luego de presentar la versión de AP de Goodman, Semana se desparrama dando una introducción de Goudreau y de cómo este había sido condecorado con 3 “Bronze Stars” durante las guerras de Afganistán e Irak y de cómo Goudreau, Alcalá y un tipo de apellido Toledo empezaron a planear la operación y a buscar fondos para financiarla. Dice Semana que se le acercaron a Guaidó, pero que este y J.J. Rendón revisaron el plan y les pareció descabellado, y que estos firmaron un contrato “exploratorio” de las posibilidades de la operación, pero que luego desistieron de participar en ella. Rendón confirmó esta versión en una entrevista que dio recientemente a CNN.

    Realidad #3: Todo esto es mierda, pura y física mierda. Guaidó y Rendón firmaron el contrato para llevar la operación a cabo y no era un contrato exploratorio sino uno de verdad. Pero, ahora, como las cosas salieron mal, salieron con el cuento del contrato “exploratorio”, y que la gente no ha visto los 47 anexos del contrato, y demás cuentos chimbos. Yo sospecho que Guaidó se metió en esa vaca-loca porque necesitaba un golpe de credibilidad ante los gringos, que yo creo que ya le bajaron el pulgar. Fue una operación desesperada para probarle a los americanos que él sí tenía poder en Venezuela y que podía ejecutar una operación tipo “Entebbe” para facilitar una invasión americana aerotransportada, pero le fue como el culo.

    Versión Semana #4: Más adelante Semana dice que, “el remedo de operación” comenzó a fallar porque las tropas que se entrenaban en La Guajira no tenían ni con qué comer, y que tuvieron incluso que “regalar los perros” que los acompañaban porque no tenían con qué alimentarlos. Todo esto porque no tenían financiamiento para la operación, pues ni Guaidó ni ninguno de los empresarios contactados decidieron participar.

    Realidad #4: Mierda, mierda y más mierda. Para empezar, esa historia de los soldados pasando hambre en los campamentos en La Guajira suena inverosímil. Un mercenario gringo no va a La Guajira colombiana a pasar hambre, y alimentar 60 hombres tampoco es tan difícil o costoso. Se están inventando esa historia del “hambre” porque no pueden decir que la operación era financiada por narcos colombianos con vínculos con el Ñeñe Hernández, porque el Ñeñe era cercano al Presidente Duque y a Uribe y ahí queda expuesta la conexión entre el Gobierno colombiano, los narcos de la Guajira, la DEA y el antichavismo que opera desde Colombia. En otras palabras, hay que esconder el origen de la plata con la que se financió la operación porque esa plata ensucia a todo el mundo, incluyendo a la DEA, el Gobierno colombiano y a Guaidó.

    Segundo, a Cliver Alcalá lo cogieron con un cargamento de armas avaluado en $150 mil dólares. Y el que tiene para comprar $150 mil dólares en armas, tiene para alimentar 60 hombres. Como decía Diomedes, “el que tiene pa’l whiskey, tiene pa’l hielo”.

    Versión Semana #5: Después del embuste del “hambre” de los milicianos antichavistas en la Alta Guajira, Semana se manda otra de sus genialidades. Dice que Cliver Alcalá declaró en una entrevista en la W que “esas armas eran del pueblo venezolano”.

    Realidad #5: Alcalá dijo eso, pero también dijo muchas cosas más en esa entrevista que Semana omite. Yo oí esa entrevista completa y recuerdo perfectamente lo que dijo Cliver Alcalá. Entre otras cosas, Alcalá dijo que se había reunido con ELEMENTOS DE LA INTELIGENCIA COLOMBIANA que sabían lo que ellos hacían en Colombia y les habían dado el permiso de operar en Colombia. También dijo que se reunía frecuentemente CON ASESORES NORTEAMERICANOS y con J.J. RENDÓN, pero Semana omite toda esta información. También dijo tener un contrato con las firmas de Rendón y Guaidó y días después ese contrato salió a la luz pública. Las declaraciones de Alcalá salpican a todo el mundo y están corroboradas por las declaraciones de los prisioneros tomadas por Maduro. Fuera de eso, el contrato es público y circula por la red. Semana esconde todo eso, y solo publica lo de que las armas “eran propiedad del pueblo venezolano”.

    Versión Semana #6: Semana dice en su fraude-reportaje que “Alcalá se entregó a las autoridades norteamericanas que lo buscaban por narcotráfico”.

    Realidad #6: La intención de Semana es clara y consiste en estigmatizar a Alcalá como un narcotraficante que planeó una operación renegada que salió chambonamente ejecutada y en la que no tuvieron que ver, ni los gringos, ni el Gobierno colombiano. Todo eso es mentira. Alcalá si es un narco, pero era un narco al servicio de la DEA, quienes fueron los que planearon la operación. A Alcalá se lo llevaron extraditado a Estados Unidos, no por narco, sino porque los gringos (la DEA) comenzaron a sospechar que era un “doble” que le estaba pasando información a Maduro.

    Hace 3 días, un ex-jefe de estación de la CIA, un tipo llamado Daniel Hoffmann, le dio unas declaraciones al periódico inglés “Daily Mail” en donde dice que él cree que la operación se les cayó a los mercenarios porque las fuerzas que entrenaban en la Alta Guajira estaban infiltradas por Maduro, quien sabía todo lo que planeaban en su contra, y yo creo que esto es cierto. Maduro no es un idiota. Esas fuerzas que entrenaban en La Guajira estaban penetradas desde el principio y Maduro siempre supo lo que se orquestaba para derrocarlo.

    Alcalá es uno de esos sospechosos, por eso está en Estados Unidos extraditado, no por narco. Lo de que era un narco lo sacaron ahora para justificar su arresto, pues no quieren admitir públicamente que Maduro los tenía penetrados, eso sería una humillación. Entonces, Semana les ayuda y maquilla el arresto de Alcalá.

    Versión Semana #7: Por último, Semana exime a Duque de cualquier responsabilidad, pero añade que “dicha operación no habla bien de los servicios de inteligencia colombianos quienes tendrían que haber sabido lo que pasaba en la Alta Guajira”.

    Realidad #7: Como siempre, Semana echándole el muerto a los más pendejos, los militares y las agencias de seguridad colombianas. Duque no solo sabía, sino que tenía un íntimo de contacto con esa gente, el Ñeñe Hernández. Echarle el muerto a las agencias de inteligencia es una malparidez de Semana. Duque sabía, Uribe sabía, el Ejército sabía, y todo el mundo estaba ayudando a la DEA y los antichavistas. Semana está empecinada en salvarle el pellejo a Duque, quizá por instrucciones de los americanos. Pero de que Duque sabía, sabía. Es más, Duque es uno de los autores intelectuales de esta operación, junto con Guaidó, Rendón y los americanos.

    Este reportaje de Semana es una estafa, un ejercicio de desinformación sofisticado y amañado. Alguien tendría que investigar esta vaina a fondo, e investigar los vínculos de Semana con los gringos. Ahí hay plata de por medio, ¡y bastante!

    Una nueva semana que empieza, y una nueva estafa de Semana.

    Las mentiras de esta revista no paran, la desinformación no para. Semana es el Ministerio (“Goebbelsiano”) de Desinformación del Gobierno de Colombia.

    Alguien tendría que decirles que eso no es un delito periodístico, es un crimen de “Lesa Humanidad” tipificado en Nuremberg. Goebbels se suicidó, consciente de su culpabilidad, el mismo día que Hitler se suicidó; y Fritzche, su sucesor, fue condenado a 9 años de prisión por una corte de Alemania Federal.

    Si Semana insiste en esta sistemática operación de desinformación, se hace responsable de cualquier alegato criminal que se haga por facilitar propaganda para un régimen genocida.

    Que esté esto en el registro, así ya están grandescitos y crean que nadie puede tocar.

  • Por: Harold Ruiz Moreno. Exconcejal de Pasto. - 

    El país durante muchos años fruto de la violencia y el conflicto funcionó con la figura del estado de sitio, la misma limitaba el funcionamiento de una real división de poderes, afectando no solo las libertades ciudadanas, sino que genero la llamada violencia bipartidista, el conflicto armado interno, que llevó a la construcción del gran pacto social que se consignó en la constitución del 91, este gran acuerdo impuesto por la sociedad civil  permitió establecer las funciones de un estado social de derecho, con división de los tres poderes de la función pública y la intervención independiente de los órganos de control, y el ejercicio de una prensa libre.

    Se nos llena la boca cuando insistimos que en Colombia funciona una verdadera democracia, un estado social de derecho, y nos cuesta reconocer que heredamos un régimen presidencialista que en épocas de la pandemia del covid19, lo hemos visto funcionar a plenitud; con la figura de la emergencia económica, que disfraza el estado de sitio, y como fruto de la misma el presidente Iván Duque ha proferido más de 80 decretos con fuerza de ley, sin tener un real control político de verdadero contrapeso.

    Decretar la cuarentena ya por dos meses le ha permitido a la presidencia enviar a la casa a los poderes judicial y legislativo, ejerce el autoritarismo imperante en el país, frente a la inclinación y la obediencia de los llamados órganos de control, la fiscalía, procuraduría y contraloría, y también con la sumisión y complacencia de la gran prensa.

    Con bombos y platillos se presentan los tres” mosqueteros” adalides de la lucha contra la corrupción, fiscal de bolsillo, procurador en campaña y contralor con ínfulas de renovación, esta alaraca en tiempos de covid19 sólo les ha permitido hasta la fecha la suspensión de un gobernador y un alcalde, hechos protuberantes de corrupción, como los recursos públicos destinados a mejorar la imagen presidencial,  o los recursos destinados al agro y que Finagro se los entregó a unos pocos grandes empresarios que no tenían una vinculación con la agricultura; o los mercados con sobreprecio de la gobernadora del Atlántico, entre otros casos iguales de grave corrupción dormirán el sueño de los justos, como pasa con los soñados casos de corrupción de la Ñeñe política, o las chuzadas versión dos del ejército colombiano.

    El sainete del congreso, sus sesiones virtuales cosméticas, su obediencia sumisa a  la presidencia, son el fiel reflejo de la ausencia de un vigoroso control político, ahogado por la mermelada que reciben los partidos de gobierno y también los que se declaran independientes, la mayoría del congreso  ha permitido que el presidente maneje a su antojo la crisis generada por la pandemia, sumado a esto la imposición de los decretos de la emergencia hacia los entes territoriales, que no solo les limitan sus competencias sino que además les quitan los recursos económicos, que les permitiría atender con más prontitud el covid19, son los territorios donde se presenta con mayor dureza la pandemia, sólo basta con mirar los fenómenos como los inmigrantes de Venezuela, la crisis de las fronteras y lo que ocurre en el Amazonas, donde el gobierno del presidente Iván Duque ha preferido la militarización de los territorios y la desprotección de la misión médica.

    El control posterior y la garantía de algunos derechos fundamentales que ejerce el poder judicial hoy confinado por la cuarentena, contribuye a la ausencia de verdaderos contrapesos que detenga al binomio Duque-Uribe, quienes hoy están al frente del gobierno autoritario que controla todo el estado colombiano.

    En medio del autoritarismo cabe rescatar la excepción de la bancada parlamentaria alternativa y de oposición, quien en medio de las dificultades que genera el covid19, ha tratado de hacer uso de la oposición democrática y se convierte en el único contrapeso en la ya maltrecha democracia colombiana, y también con algunas excepciones  sectores de la prensa han denunciado   los casos de corrupción con los recursos destinados atender la pandemia; como la ÑEÑE política o la corrupción con los dineros destinados a la cooperación internacional contra el narcotráfico y los actores ilegales y las chuzaDAS versión dos desarrolladas por el ejército colombiano contra los parlamentarios de la oposición, la prensa nacional e internacional y los líderes y organizaciones sociales.

    El movimiento social antes de la pandemia venía en franca recuperación de la protesta ciudadana y una vez termine esta cuarentena,  tiene la oportunidad y la obligación de rescatar no sólo la protesta social y ciudadana, sino ponerse al frente con la bancada  parlamentaria alternativa, de los efectos desastrosos que está generado la pandemia del covid19,  enarbolando EL TRAPO ROJO, como símbolo de resistencia del pueblo colombiano contra el hambre, el autoritarismo, los abusos del sector financiero y la ausencia de un verdadero contrapeso a los abusos generados por el binomio Duque-Uribe.

     

  • Por:Máximo Noriega Rodríguez.Líder social y político del Atlántico.-

    Jaime Pumarejo ha sido un alcalde de ocurrencias y bandazos que no ha sabido tramitar la crisis del Covid 19 en Barranquilla; sin embargo, el poderoso aparato de propaganda a su servicio insiste en que gobierne para el show y las encuestas, de espaldas a la ciudad.

    Pretender gobernar a través de decretos y multas es la muestra suprema de ineptitud e improvisación, sobre todo si esas medidas son confusas, se contradicen entre sí y demuestran una severa desconexión con la ciudad que se gobierna. Jaime Pumarejo, el alcalde de Barranquilla, ha hecho todo lo anterior y deja ver que solo es un novato en apuros. No tiene ni idea ni talante de alcalde, le falta gobernanza, le falta corazón y le falta equipo. Pero no es su culpa, al fin y al cabo, él se ganó la alcaldía de Barranquilla en una rifa. Ahora todos pagamos las consecuencias, con el agravante de que todo eso queda en evidencia en medio de la pandemia mortal del Covid-19, lo que se traduce en que cada improvisación del alcalde podría infectar e incluso matar a barranquilleros de cualquier estrato socioeconómico. 

    Cuando surgieron las críticas por los pocos y pírricos mercados que entregó a algunas familias, desde la alcaldía se inventaron como excusa que Pumarejo haría las entregas de mercados en tres partes, y que por eso parecía tan poquito la entrega inicial. Sin embargo, hasta ahora no conozco de familias a la que le haya llegado la segunda y tercera parte del mercado, y sí está claro que dividiendo en tres el mercado se multiplica por tres el riesgo de contagio y por tres el contrato de logística para entregarlos. En resumen, más Covid 19 para los pobres y más plata para los contratistas de la alcaldía.

    Otro caso de improvisación fue el decreto que endureció el confinamiento de los barranquilleros que incluía medidas que impedían el funcionamiento de tiendas, abastos y supermercados, lo que originó el cierre de la cadena de negocios completa, con el agravante de un pico y cédula absurdo, confuso y mal informado. El resultado fue que no solo debió expedirse otro decreto que cambió el pico y cédula, creando más confusión, sino que los alimentos en el mercado se perdieron y los pequeños comerciantes de tomate o pescado sufrieron pérdidas catastróficas, en cambio, y tal y como lo demostraron usuarios de redes sociales, las Supertiendas Olímpica -de propiedad de la familia Char, jefes políticos de Pumarejo-, sí seguían funcionando presuntamente en contravía de las medidas del alcalde sin que hasta ahora se conozca sanción alguna.

    Pumarejo ha intentado culpar a los barranquilleros por su propio fracaso en el manejo de la pandemia. Como un papá regañón, habló de indisciplina social desconociendo la realidad fáctica de la ciudad, sin entender que los barranquilleros están entre el hambre y el Covid 19. No entiendo cómo Pumarejo o alguno de su grupo político puede hablar de indisciplina social cuando en los últimos 12 años en la ciudad no se ha invertido un solo peso en cultura ciudadana o educación más allá del ladrillo, se abandonó al ser humano en su dimensión social y espiritual y éstas son las consecuencias.

    Lo más grotesco es que desde las emisoras de propiedad de los jefes políticos de Pumarejo se promueve el espantajopismo, la chabacanería y la vulgaridad como nuevo referente del barranquillero, olvidando por completo la esencia del barranquillero de verdad. ¿Qué autoridad moral tiene Pumarejo para hablar de indisciplina social si él ha sido partícipe de ese deterioro? Basta recordar la reciente pelea en vivo de dos personajes en una emisora de esa cadena radial, en la que incluso uno de los participantes se retiró vociferando que él "no trabajaba para Pumarejo". Por algo lo habrá dicho.

    ¿Qué Proponemos?

    Nosotros proponemos redireccionar los recursos que están comprometidos para pagarse a las concesiones este semestre a un fondo de urgencia social para atender aspectos como pago de servicios públicos de los estratos más bajos, distribuir mercados de verdad cada mes, y concurrir en el pago de matrículas para estudiantes de la Universidad del Atlántico residentes en la ciudad en asocio con la Gobernación. En el marco de la urgencia social y económica decretada en el país, acudiendo a la protección del bien jurídico superior como lo es la vida en conexidad con la salud, y contando con los concesionarios mismos, tomaría los recursos que entre mayo y diciembre de 2020 se pagan a las concesiones para financiar dicho fondo, lo cual permitiría tener recursos disponibles para enfocarse en lo fundamental.

    Adicionalmente, cambiaría el enfoque de solo cemento que ha imperado en nuestra ciudad en las administraciones de la casa Char, por lo cual el Plan de Desarrollo lo enfocaría hacia seguridad alimentaria, inclusión social y educación, deporte y cultura como base para la transformación. Es decir, destinaría los recursos que hoy están proyectados "al debe" para financiar contratos de unos cuantos empresarios, hacia la reconstrucción del barranquillero como ser humano, para que la próxima pandemia no nos coja con hambre e incultura ciudadana.

    El Estado De Opinión

    El bien pagado aparato de propaganda de los Char y ahora de Pumarejo intentará sustentarlo a como dé lugar. Recordemos que en el pasado reciente se ha pagado con nuestros impuestos una robusta estrategia de medios que incluye mermelada publicitaria para periodistas, opinadores y hasta ejércitos de "troles" en redes sociales, al mejor estilo del Estado de Opinión que impuso Uribe en la época de los Falsos Positivos. Los Char, aliados del uribismo, reforzarán esa estrategia para lograr el unanimismo, acallando las voces de quienes nos atrevemos a pensar distinto a punta de insultos y ataques en redes sociales y medios de comunicación fletados para tal fin. Lograrán que Pumarejo gobierne para las encuestas, no para la realidad, no para la ciudad, no para los barranquilleros. Sin embargo, ni siquiera ese efecto teflón tapará el desastre.

    Cuando el barco no se pueda mantener a flote, los Char fingirán una ruptura con Pumarejo. Es apenas lógico que hagan eso para mantener las aspiraciones de Alex Char, quien ya no puede cargar con más escándalos teniendo en cuenta que ya ha estado involucrado en la ÑeñePolítica, ha sido nombrado en los sobornos de Odebrecht, defendió con todo a la prófuga Oneida Pinto, nunca ha aclarado su relación con el desfalco de la Triple A en el caso Lezo, tiene el elefante blanco del mega tanque de 7 de Abril, en fin, ya Alex Char tiene su propio oso (Yogui) para cargar con el oso de Pumarejo también. Por el contrario, Char aprovechó la pandemia para practicar la "filantropía autocomplaciente" de la que hablaba Engels regalando unos mercaditos en los que se invirtió más en publicidad que en los alimentos mismos.

    Lo peor es que las cosas no terminarán aquí, porque Pumarejo seguirá siendo un alcalde de ocurrencias, de bandazos, mientras los barranquilleros llevaremos del bulto en medio de una crisis que requiere grandeza, inteligencia, corazón y experiencia. Jaime Pumarejo, el alcalde de Barranquilla, así como dirá una cosa dirá otra, y habrá cosas que ni qué, como la Chimoltrufia.

  • Por:Harold Ruiz Moreno .Exconcejal de Pasto.

    Yo te daré... te daré patria hermosa... te daré una rosa y esa rosa se llama UP... UP.

    El país por muchos años vivió el enfrentamiento bipartidista, la hegemonía liberal -conservadora llevó a que ocurriera la llamada “violencia Política”, esto permitió que un sector más democrático del liberalismo se alzara en Armas en mitad del siglo 19, y como epílogo de este enfrentamiento se dio con el nacimiento del llamado “frente nacional” donde estas dos colectividades políticas acordaron alternarse el gobierno por cada cuatro años durante 16. Y así sofocaron el enfrentamiento armado y las élites de estos dos partidos como siempre traicionan al líder más destacado de este levantamiento, Guadalupe Salcedo, quien después de entregar las armas es asesinado en un callejón de Bogotá.

    La exclusión y el bipartidismo, son entre otras las razones de la existencia de la violencia en Colombia, no hay posibilidad que a los que detentan el poder en el país, se le compita, la mayoría de intentos individuales o colectivos de la oposición han sido cercenados por el asesinato sistemático, desde  el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, pasando por Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, o Carlos Pizarro; estos son los casos más emblemáticos de la servicia de este régimen oprobioso de muerte y violencia política.

    Como fruto de uno de los tantos esfuerzos que se han hecho para lograr La Paz en el país, hace 35 años se firmaron los acuerdos de la Uribe, y de uno de los máximos logros de este intento de reconciliación nació LA UNIÓN PATRIÓTICA, como partido político de izquierda democrático, quien tendría la responsabilidad de contribuir no solo de la construcción de la Paz, sino de romper con el férreo bipartidismo imperante en la nación.

    Su presencia a lo largo y ancho del país le permite crecer y lograr el respaldo de millares de colombianos que ven en la UP la esperanza de derrotar al bipartidismo y la posibilidad de una tercera opción en las preferencias políticas, su avance le permite llegar con fuerte representación en el parlamento colombiano, las corporaciones de elección popular, con representaciones en la Colombia profunda, ausente de participación, al igual que logran hacerse  a muchas alcaldías, de municipios olvidados de la nación, ese crecimiento empieza a ser detenido por las balas asesinas que con planes contrainsurgentes de exterminio como el “plan Lasso”, desarrollan una orgia de  muerte contra la Up, que; “Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio y la violencia contra la Unión Patriótica dejó, por lo menos, 6.532 (número que hace parte de la denuncia por genocidio que cursa ante la OEA), personas asesinadas, secuestradas o desaparecidas. Dos candidatos presidenciales, los líderes Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, 5 congresistas en ejercicio (Leonardo Posada, Pedro Jiménez, Octavio Vargas, Pedro Valencia, Manuel Cepeda), 11 diputados, 109 concejales, varios exconcejales, 8 alcaldes en ejercicio, 8 exalcaldes y miles de militantes fueron sometidos a exterminio físico y sistemático por grupos paramilitares, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado (Ejército, Policía e Inteligencia) y narcotraficantes; algunos sobrevivientes al exterminio abandonaron el país. Estos asesinatos de los miembros de la UP en los años 80´s y 90´s fueron declarados en 2014 por la Fiscalía General de la Nación como delitos de lesa humanidad, al concluir que se trató de un plan por parte de sectores políticos tradicionales, en alianza con agentes de seguridad del Estado, narcotraficantes y paramilitares, para impedir el ascenso de movimientos de izquierda en la política colombiana; en consecuencia, estos crímenes seguirán siendo investigados de manera permanente y debe llevar a judicializar a los responsables de este genocidio”.

    Es claro que el proceso de exterminio contra la UP es una tragedia nacional que debe dimensionarse de tal forma, pues ocasionó un daño profundo en la democracia que sigue sin repararse: en el imaginario colectivo quedó el mensaje de que en Colombia no hay espacios para las expresiones políticas disidentes u opuestas al bipartidismo tradicional.

    En julio de 2013 el Consejo de Estado le devolvió la personería jurídica a la Unión Patriótica, la cual le había sido suprimida debido a que en las elecciones legislativas de 2002 no obtuvo representación en el Congreso; el fallo reconoció que las circunstancias de exterminio sistemático contra dirigentes y militantes del partido fue la causa para que no se presentaran a las elecciones y por tanto no obtuvieron la representación requerida.

    El daño a la democracia producto del exterminio de la UP se manifiesta a nivel político en el menoscabo del pluralismo como valor democrático, en el que se entiende que la disidencia y la diversidad de opiniones son características propias de una sociedad libre y pacífica. Esto incide en la deslegitimación del régimen político colombiano. El daño se manifiesta en la pérdida de confianza y de solidaridad social frente a la construcción del Estado de Derecho y de las instituciones públicas, más aún cuando las víctimas identificaron la participación de agentes de Estado en la comisión del exterminio.

    Hoy que la Unión Patriótica renace como consecuencia de los avances logrados por el acuerdo de paz de la Habana, de la mano de la guía que ha sido siempre esa gran luchadora y aguerrida combatiente de la democracia colombiana, como lo es la senadora Aida Avella Esquivel, sobreviviente de un atentado con Bazuca, que la llevó al exilio por muchos años, la UP es el testimonio vivo de la resistencia de miles de colombianos que no renunciamos a seguir gobernados por un régimen asesino, violador de los derechos consagrados en el artículo 40 de la Constitución Política, que nos permite crear o participar en partidos políticos, la sociedad colombiana no solo debe reconocer la persistencia de la UNIÓN PATRIÓTICA, sino que debe rendirle reconocimiento por su permanente testimonio de lucha por la democracia y a la vez exigir pronta justicia, la que no se ha logrado en Colombia por la impunidad imperante contra los responsables del genocidio con la UP, y por ello confiamos que la justicia interamericana logre el resarcimiento de encontrar y juzgar a quienes quisieron exterminar a un partido político en Colombia.

  • Por: Máximo Noriega Rodríguez.

    Es hora de ponerse a pensar en Barranquilla y en el nuevo Barranquillerismo. Carnavales y el junior, no es lo único que nos caracteriza. Alegres SI, coletos No. - 

    El Covid-19 tumbó la farsa con la que engañaron a Barranquilla en la última década. La pandemia mostró un modelo de administración pública basado en entregar los contratos de las obras de infraestructura a los amigos del régimen que gobierna, todo con base en el endeudamiento exacerbado y que olvida por completo la solidaridad y la humanización de servicio social.

    En la ciudad no se invirtió en educación sino solo en estructuras de cemento, donde se olvidó por completo promover la ética y ciudadanía confiable; les convenía una sociedad sin educación, sin capacidad de disentir, que sucumbiera a los reflejos de los espejitos que ellos mostraban para engañar al pueblo. Al Clan Char - que gobierna la ciudad desde hace 12 años- no le sirve una ciudadanía educada, librepensadora y con capacidad de debatir.

    Ese modelo de mentiras trajo nefastas consecuencias, entre ellas una incapacidad de la gente para gestionar y afrontar los retos del Covid-19 desde su perspectiva y responsabilidad individual. No se le puede pedir a los barranquilleros que asuman una responsabilidad para la que nunca fueron preparados, incluso podría decirse que se incentivó un comportamiento desordenado que ahora se vuelve contra la disciplina que es necesaria para enfrentar el virus. En concordancia, hay grandes retos de fondo que enfrentar; es hora de ponerse a pensar en una Barranquilla distinta y en un nuevo Barranquillerismo, un comportamiento empático y solidario. La pregunta que como dirigentes debemos hacernos es ¿Qué hacemos para salir de esto?

    Para empezar, hay que dejar el discurso absurdo de señalar como enemigos a los que nos atrevemos a soñar con una mejor ciudad. Porque señalar los intencionales errores de la administración no es ser enemigo de Barranquilla; por el contrario, es ejercer nuestro derecho a debatir y a aportar la discusión desde la democracia, y reconocer al otro como un actor importante en la construcción de ciudad. Todos tenemos algo que aportarle a la ciudad y creerse dueños de la verdad revelada se parece mucho a las dictaduras.

    Igualmente, es urgente acabar con la cultura del cemento, esa que mide el éxito de los políticos de acuerdo al número de calles pavimentadas o repavimentadas, porque está claro que no hay ciudad sin ciudadanos. El origen histórico de esta cultura del cemento se sitúa en los comienzos de los años 90´s cuando los políticos -que eran también contratistas- compraban la consciencia de todo un barrio pavimentando una calle. Sin embargo, las dinámicas sociales hoy exigen que nos enfoquemos en el “Ser Humano” y su bienestar. De nada sirve una calle pavimentada si quienes la usan tienen hambre, están segregados y no tienen acceso a salud y educación de calidad.

    El papel de un alcalde no debe ser el de un "contratador compulsivo" sino el de un gran educador. En esa perspectiva, la construcción de un nuevo Barranquillerismo debe basarse en la educación, en la no segregación y en la superación de la pobreza multidimensional. El Índice de Progreso Social de Barranquilla está estancado hace años en el nivel medio-bajo, muy lejos de Manizales, Bucaramanga o Bogotá, y seguramente con la pandemia caeremos al nivel bajo-bajo. Invertir en educación no es construir algunas aulas con el propósito de mostrar resultados desde la infraestructura educativa, se trata de darles buen uso a esas aulas con programas sociales y educativos, que formen el nuevo ciudadano y el nuevo barranquillerismo.

    El enfoque de la cultura del cemento se concentró en construir megacolegios, pero no hizo nada por la calidad educativa. Es imperativo mejorar no solo la dotación de laboratorios y aulas, sino formar a los formadores; es decir, se necesita un programa amplio dirigido a mejorar y complementar la formación de nuestros docentes para que no solo mejoren sus conocimientos, sino que adquieran nuevas formas de educar y de interactuar con los estudiantes, convirtiéndolos en ejemplo a seguir y consejeros.

    La promoción de la cultura desordenada e irresponsable promovida por el gobierno distrital durante los últimos 12 años en Barranquilla ha sido nociva y dañó al verdadero barranquillerismo, el de ser un ciudadano confiable, ético y solidario. Nos convertimos en una sociedad muy parecida a la caricatura que de nosotros hacían en el interior del país, infortunadamente. Por lo tanto, llego el momento de asumir el reto de re inventarnos. No se trata de perder la esencia, ni lo colorido, ni olvidarnos del Carnaval, se trata más bien de entender que la esencia del Barranquillerismo es la irreverencia, no la irresponsabilidad; es la solidaridad, no la recocha; es la alegría, no la "coletería". Es hora de una profunda formación de ciudadanía, liderada desde la administración distrital y que involucre a medios de comunicación y universidades. Ser barranquillero se aprende y necesitamos comenzar hoy.

    Igualmente, se requiere cambiar el negocio de la salud que montaron privatizando nuestros derechos. El mito del sistema de salud de Barranquilla como modelo a imitar se derrumbó porque era una fantasía construida a punta de publicidad pagada. Se debe retomar el control del sistema de salud, quitárselo a los mercaderes que hoy lo explotan y enfocar el modelo en la salud preventiva en los territorios. Adicionalmente, y como una forma de aumentar la oferta, se necesita un programa de incentivos, para situar en la ciudad nuevas y mejores clínicas privadas que conviertan a Barranquilla en un destino del turismo médico internacional, lo que repercutirá también en la mejora de todo el sistema, pues descarga la presión sobre el sistema público.

     Necesitamos actuar de inmediato, tomar las banderas de la reconstrucción de una Barranquilla con ética y ciudadanía confiable, y para ello necesitamos desprendernos de conflictos menores, egocentrismos, ambición y deshonestidad, para que accionemos tres valores: laboriosidad, veracidad, y solidaridad, accionados por un deber social colectivo.

    https://www.facebook.com/maximo.noriegarodriguez

  • Por: Carlos Martínez Noguera.  Abogado y docente universitario. 

    A diez años de su muerte, dedico esta semblanza política, familiar y personal de Néstor Montilla.

    Cuando ingresé a la Juventud Comunista Colombiana (JUCO), por allá a mediados de 1982, conocí a un joven de rasgos campesinos que se caracterizaba por sus comentarios aplomados y de buen contenido ideológico. Se trataba de Néstor Montilla González, con quien entablaríamos una gran amistad que trascendería el ámbito político para ubicarse en el plano de lo personal.

    Oriundo del corregimiento de Rosal del Monte, municipio de Buesaco, se trasladó a temprana edad, junto con sus padres y hermanos, a Pasto, en dónde terminó sus estudios secundarios y obtuvo el título de economista en la Universidad de Nariño, institución en la que además se caracterizó por ser un reconocido dirigente estudiantil.

    En la militancia comunista comenzó a destacarse rápidamente, pues su gran olfato político y su madurez ideológica le permitieron cualificarse e ir escalando posiciones de dirección partidaria. De esta manera llegó a ser secretario político de la JUCO en Nariño y miembro del comité central nacional, en las épocas en que al frente de la organización en todo el país estaba el gran José "Pepe" Antequera junto al inolvidable Carlos Lozano Guillén.

    Viajó a la antigua Unión Soviética, a inicios de 1984, en la que permaneció por seis meses en el Komsomol Leninista, organización juvenil del Partido Comunista de la URSS, estudiando y conociendo las experiencias de esa forma de socialismo. Un año después su destino sería Cuba, país en el que participó, junto con otros delegados de Colombia como Clara López, en el Encuentro sobre la Deuda Externa de América Latina y el Caribe, convocado por Fidel Castro en La Habana.

    No hay duda alguna que la etapa en la que estuvo al frente de la JUCO en Nariño fue una de las mejores en la historia de dicha organización política. El estudio integral de las situaciones, las posibles consecuencias, la caracterización del momento histórico, entre otras, formaban parte de su visión profunda y rigurosa sobre la coyuntura política. En más de una ocasión, quienes éramos presa fácil del romanticismo en el análisis y de las posiciones extremas, encontrábamos en Néstor a esa persona calmada que con toda la paciencia nos hacía caer en cuenta del error y nos enseñaba a decidir al mejor estilo leninista, "el análisis concreto de la situación concreta", tal y como insistiera de manera permanente el genio de Simbirsk ante los bolcheviques.

    Tiempo después fue promovido a la militancia en el Partido Comunista, al que trasladó toda su capacidad ideológica y su gran madurez política para saber dar orientaciones precisas en momentos difíciles como el que representó la crisis del "socialismo real" de finales de los años ochenta y comienzos de la década del noventa del siglo pasado. Igualmente, se destacó por construir y desarrollar el trabajo de solidaridad con los presos políticos en momentos complejos en que varios militantes comunistas fueron privados de su libertad, especialmente durante la vigencia del Decreto 180 de 1988, más conocido como Estatuto para la defensa de la Democracia, un verdadero esperpento jurídico del gobierno de Virgilio Barco, que con el pretexto de luchar contra el terrorismo terminó encarcelando a cientos de luchadores sociales y populares, principalmente a líderes universitarios.

    Su paso por el sector público también es digno de resaltar dado su sentido ético en el desarrollo de las funciones. Fue tesorero - pagador de la Casa de la Cultura, cargo ejercido con total transparencia en el manejo de los dineros públicos. Pero en donde desarrolló un papel grande y significativo fue estando al frente de la Asesoría Departamental de Paz y Derechos Humanos durante los mandatos de Parmenio Cuéllar y Eduardo Zúñiga, respectivamente. Asistencia y capacitación a personeros municipales, organizaciones sociales e instituciones educativas; apoyo irrestricto a las organizaciones de víctimas del conflicto armado y recomendaciones objetivas a los mandatarios de turno en cuestiones  de paz, derechos humanos y orden público integran su acervo laboral e intelectual en el ejercicio de dicho cargo, siempre guardando bajo perfil, pues Néstor a lo largo de su vida fue una persona de resultados efectivos y enemigo de los afanes publicitarios, por eso detestaba las declaraciones a los medios de comunicación. Nunca lo atraía el afán de figurar, su único objetivo era hacer las cosas antes que "dar pantalla" como él mismo decía.

    Una vez concluido su trabajo como funcionario público fue convocado por "Llamamiento de Ginebra" para que sea su representante en el departamento de Nariño. De esta manera la reconocida ONG suiza adquirió la sabiduría y los buenos oficios de una persona ampliamente conocedora de la situación política. social y económica en el sur de Colombia.

    Era jovial, excelente futbolista, irónico en ciertas situaciones, muy serio con los compromisos y con una tremenda capacidad para detectar los verdaderos propósitos de las personas, característica que adquirió gracias a su experiencia en el marco de la lucha política y la militancia.

    Ayer cinco de julio se cumplieron diez años de su fallecimiento, víctima de una leucemia que de manera rápida le cobró la vida. Tengo el orgullo de haber sido su amigo personal y de haber recibido sus consejos y enseñanzas en mis primeros años de militancia política revolucionaria. Me honra, igualmente, la amistad con buena parte de su familia, especialmente con su sobrina Diana, persona entregada totalmente al trabajo de defensa de los derechos humanos, y con sus hermanos Silvio y Edgar, el primero trabajador jubilado del sector de la salud en el que sobresalió siempre como un comprometido dirigente sindical, y el segundo, abogado penalista, defensor de presos políticos y de víctimas del conflicto armado, a quien con todas mis convicciones y voluntad apoyé como candidato a la asamblea departamental en representación de la Colombia Humana - UP en las elecciones de octubre del año pasado.

    ¡Gloria perenne a la memoria del camarada Néstor!

  • Por: Jairo Otero Eraso. Dirigente liberal y social de Nariño. - 

    Hablar de política en estos tiempos es sinónimo de rechazo, de frustración, de injusticia, de incompetencia, de incapacidad, de corrupción, y de otros epítetos que abundan en el descontento generalizado de una sociedad que acepta el inmediatismo y no ve más allá de lo que depara el devenir de su futuro.

    Pero es necesario hacerlo, ya que es con la política, no con la politiquería, que se trazan las líneas del quehacer de un país, es con la política que se define el faro que guía las diferentes actividades de una sociedad, es con la política que se orientan decisiones fundamentales en tiempos difíciles.

    Hoy, cuando llegamos a la mitad del presente periodo presidencial, cuyos balances estadísticos presentan un panorama desalentador, con alarmantes cifras de desempleo, altos índices de corrupción, baja productividad, incapacidad de hacer justicia, violencia sin control evidenciada en numerosos asesinatos de líderes y lideresas sociales, incremento de actividades ilícitas, y lo más visible, el aumento de la marginalidad y la pobreza;  es cuando tenemos que hablar de política; es el momento de buscar más que nunca la unión  de las mayorías, que observan como en tiempos de pandemia, los problemas que existen en Colombia se han agudizado, evidenciando una crisis de orden económico, social y cultural, que lejos de ser pasajera nos dejará una situación de ruina y desconcierto.

    Es momento de hablar de ese gran pacto histórico con el pueblo que propone el Senador Gustavo Petro, un acuerdo sin exclusiones, sin reservas, sin restricciones y lo más importante sin egoísmos, que permita dar esos pasos de diálogo y concertación. Importante destacar que una figura como Petro lo haya propuesto, demostrando a quienes lo califican como egocéntrico y petulante, su voluntad política de trabajar con otros sectores; esperamos que quienes hoy aspiran a desarrollar su carrera política para la presidencia de nuestro país, puedan asumir la misma actitud del líder de la Colombia humana, dejando a un lado intereses individuales en favor de los intereses colectivos.

     Es necesario hablar hoy, de esa política que busque el cambio de un sistema doctrinario de más de 200 años de gobierno. Llegó la hora de unir esfuerzos, para diseñar un nuevo rumbo que brinde esperanza a la ciudadanía, que busque nuevos caminos de fortalecimiento de la democracia, de implementar sistemas productivos renovados alejados de la extracción y explotación de recursos naturales, de impartir justicia en la distribución de la tierra y de aceptar los cambios que fluyen día a día en las nuevas sociedades.

    Quedan muchas tareas pendientes, que éste gobierno por su incapacidad y por su nula visión de país, no ha priorizado y lastimosamente no habrá tiempo para desarrollarlas, tareas tan importantes como la Implementación de los acuerdos de paz, herramienta primordial para resolver problemas estructurales de nuestro país, como la marginalidad en la que viven los sectores rurales en Colombia.

    Pero más allá de esas tareas, se suman ahora las de reconstruir un país que al igual que otros, quedará en ruinas y con muchos más problemas de los que hoy existen: La voracidad de un sistema capitalista tiene que cambiar, la concentración de la riqueza en manos de unos pocos no garantizará que la economía vuelva a levantarse tal y como lo afirma el gobierno actual. Los mecanismos de elección popular no pueden ser los mismos en una sociedad que necesita cambios, en especial cuando los entes encargados del control electoral, han sufrido metástasis de corrupción en su interior.

    Detener los asesinatos de nuestros líderes y lideresas sociales, reprogramar y fortalecer las inversiones en el campo, como una de las alternativas más importantes para reactivar la economía, buscar mecanismos verdaderos para terminar con el narcotráfico y otras actividades ilícitas que degradan a la sociedad; solo por nombrar unas líneas que quedaran como instrumentos a trabajar en los próximos meses y que serán el faro de una campaña amplia y participativa que aterrice en un nuevo gobierno.

    El llamado entonces es a no repetir la historia de hace dos años, cuando en tiempos de campañas políticas, el egoísmo y el protagonismo, dividieron las voluntades de unidad y no permitieron luchar por el interés y el bienestar de la sociedad. Es hora de pensar en la vida, en defenderla por encima de partidos políticos y de personas, aquí estamos llamados todos, hombres y mujeres que queremos una nueva sociedad, un renacer de políticas sin exclusiones y sin partidismos.

  • Por:Harold Ruiz Moreno.Ex concejal de Pasto.

    «Colombianos las armas os han dado independencia, las leyes os darán libertad» (Santander).

    El mundo siempre ha estado convulsionando con la presencia de guerras y conflictos de todo tipo y estas generan vejámenes contra la población civil que han sido dolorosos, son millones de víctimas las que han sufrido las inclemencias de guerras absurdas, la inmensa mayoría de ellas generarán impunidad , dictadores, sátrapas, abusadores, quienes con diferentes acciones escaparon a la justicia de sus países o en el peor de los casos las controban, los abusos de poder llamó la atención de la comunidad de naciones que han contribuido en el pasado para que haya un derecho de guerra, muchos esfuerzos de países y sociedades dieron un paso trascendental, cuando se dieron cita el 17 de julio de 1998, en Roma-Italia,160 países decidieron establecer una CORTE PENAL INTERNACIONAL permanente para juzgar a los individuos responsables de los más graves delitos que afectar al mundo entero, dotándose del ESTATUTO DE ROMA ..

    Si hay conflicto que requiere la intervención del CPI en Colombia, por la execrable guerra que vivimos, que puede resumirse en los más de ocho millones de víctimas generadas en los últimos 30 años, y el grado de impunidad de este conflicto que tiene responsables de carne y hueso, los que desde la dirección de estado o con la acción de actores ilegales, han producido dolor y tristeza en la nación.

    El anhelo universal de sed de justicia y de reconciliación en el país se empieza a cristalizar cuando se suscribió el pacto social surgido del bello proceso constituyente, que le dio vida a la Constitución del año 91, cuya columna vertebral es la configuración de la división de poderes, donde la administración de justicia cobra importancia en un país con un verdadero contrapeso al régimen presidencialista existente.

    En los pesos y contrapesos de cualquier democracia, La Paz y reconciliación se convierte en una real esperanza de resolver el conflicto armado interno por la vía de la solución política por medio de la negociación, y después de varios intentos el estado colombiano lograr firmar después de cinco años de intensas conversaciones en La Habana-Cuba, un acuerdo de paz con las Farc, que tiene como uno de los mejores pilares, la búsqueda de la Verdad, Justicia, reparación y no repetición, con la creación de la JEP,Tribunal de Justicia Especial para la Paz, a la que se han sometido los integrantes de las antiguas FARC de manera obligatoria y voluntariamente los militares y por iniciativa del uribismo en el congreso, se eliminaron a los terceros civiles para concurrir a la JEP.., a la espera que sus confesiones de la verdad ocurrida en la guerra frustrado que la JEP juzgue las conductas que sean violatorias al régimen penal colombiano y al igual que al derecho internacional humanitario.

    En lo pactado en La Habana se deja claro que los expresidentes seguirán siendo juzgados por la comisión de acusaciones de la cámara, llamada también la "comisión de absoluciones", porque desde su creación la impunidad ha sido una constante, ya pesar de las innumerables denuncias existentes contra del Dr. Álvaro Uribe Vélez, en su condición de expresidente, estas no han prosperado.

    El Dr. Álvaro Uribe Vélez por su condición de senador de la República tiene como su juez natural a la corte Suprema de Justicia, quien después de la denuncia de Uribe Vélez contra el también Senador Iván Cepeda Castro por los presuntos delitos manipulación de testigos, la corte suprema decide absolver al senador Cepeda Castro, e iniciar investigación por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos, contra el denunciante Álvaro Uribe que culminan en su primera fase,como la medida de aseguramiento o arresto domiciliario por el suficiente acerbo probatorio;y así lo afirma La corte suprema en comunicación del día 4 de agosto de los corrientes, “La Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la decisión del 3 de agosto aprobada y suscrita por unanimidad, resolvió la situación jurídica del senador Álvaro Uribe Vélez con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal ”.

    La actuación del operador de justicia en su máxima expresión que es la Honorable Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, merece el mayor de los respetos, independiente de estar de acuerdo o no, con tan trascendental decisión;ningún ciudadano por más importante que sea no puede estar por encima de la ley, y esa es la esencia de cualquier democracia.

    Tiros y troyanos la han emprendido contra la administración de justicia, presionándola, intimidándola, amenazando con constituyente, exigiendo una sola corte, amenazando con eliminar LA JEP, queriendo hacer “trizas La Paz”, pero las reservas democráticas de la nación han salido en defensa de la Corte Suprema y del estado social de derecho y este paso independiente de sus resultados es un reconocimiento a las millones de víctimas que crecieron en el gobierno del expresidente ALVARO URIBE VELEZ, a quien también le llega la justicia.

  • Por:Máximo Noriega Rodríguez .

    Las tesis del enemigo interno y de la seguridad nacional nos han convertido a todos los colombianos en blancos legítimos de una fuerza pública instrumentalizada para imponer el miedo.No son "manzanas podridas" sino la institucionalización de la barbarie.

    No son "manzanas podridas" sino el producto de un adoctrinamiento según el cual la ciudadanía es el enemigo. Contrario a lo que pretenden hacernos creer hace ya varios años, los hechos de asesinatos, violaciones, exceso de fuerza y arbitrariedades de la fuerza pública contra los colombianos, no son el resultado de hechos espontáneos cometidos ocasionalmente por miembros de las fuerzas de manera autónoma, sino el resultado de una formación que -de manera soterrada- privilegia la violación de los derechos humanos como medio para ejercer ya no la autoridad sino el miedo. Es, ni más ni menos, que el resultado del ejercicio arbitrario del poder a través de la fuerza pública instigado por quienes buscan a cualquier precio sostener un virreinato del cual se creen amos y señores. Los policías y militares matan, violan y en general agreden porque durante años les han hecho creer que ellos son "una fuerza letal para entrar a matar".

    La doctrina "no escrita" con la que forman a los policías y soldados en Colombia no solo promueve el irrespeto a los derechos humanos, sino que infunde rabia y ganas de desquite en los individuos que -solos o en grupo- actúan desde una perspectiva militarista cercana a un Estado Policial. La sociedad civil, y sobre todo ciertos políticos, han permitido no solo arraigar esa visión de Estado Policial donde los ciudadanos son sumisos a la policía omnipotente, sino que en muchas ocasiones han sido esos políticos quienes han conducido a la situación actual de cosas. Ejemplo de ello es el Código de Policía y Convivencia Ciudadana aprobado por el congreso en 2016, que no solo entregó poderes desbordados a una institución de por sí ya cuestionada como la policía, sino que resaltó como valor la "estética social" susceptible de controlar vía represiva. El diseño constitucional mismo es inadecuado pues hace depender a la Policía del Ministerio de Defensa, craso error cuando todas las policías modernas son de carácter civil, depende jerárquicamente del poder civil y responden a la justicia ordinaria.

    Con el proceso de “Modernización y transformación institucional” iniciado en la Policía luego de la firma de Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, se ha buscado un cambio en la doctrina de la institución, no solo en la doctrina oficial sino en la forma en que de manera extraoficial se concebía a la Policía, a sus individuos y a la forma de relacionarse con los ciudadanos. Con la llegada al poder del uribismo a través de Iván Duque, no solo se disolvió ese impulso reformador, sino que se busca volver a una Policía violadora de los derechos humanos que promueva la Seguridad Democrática, que no es otra cosa que la misma teoría de la seguridad nacional con influencia del narcotráfico y el paramilitarismo. Varios miembros de las Fuerzas Militares han denunciado el envalentonamiento de la "línea dura" al interior de la fuerza, que no es otra cosa que un grupo de oficiales al servicio del uribismo en tránsito hacia una dictadura, y la persecución hacia quienes promueven una cultura de respeto de los derechos humanos en la formación y en el actuar militar y policial.

    Con la firma de un tratado de cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia entre el 20 de noviembre y el 3 de diciembre de 1946, bajo el gobierno de Mariano Ospina Pérez, se selló la impronta de lucha anticomunista que caracteriza a la fuerza pública en Colombia, incluida la Policía, y con ello la persecución a toda ideología distinta a la del Frente Nacional, donde todos los ciudadanos ahora éramos posibles "comunistas" a los que había que perseguir. Con la cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia se extendió las tesis de la Doctrina de la Seguridad Hemisférica y la Doctrina de Defensa y Seguridad Nacional, ocasionando una cacería de brujas que permanece hasta hoy. Dentro de este macartismo institucional y social se instituyó el perseguir al ciudadano de a pie como el enemigo interno; así, un estudiante que protesta para pedir que en su universidad construyan laboratorios para mejorar su ejercicio académico, de inmediato es perseguido por las fuerzas militares por tratarse de un sublevado, un guerrillero, un terrorista, y es señalado por una élite que encuentra en esa persecución la forma de mantener su statu quo.

    La élite social que califica de "mamertos" a quienes luchan por los derechos de todos, y ahora una manada de arribistas que los secundan confiados en que ese aplauso ciego les abra un espacio en esa élite, alebrestan a la fuerza pública a violar los derechos humanos de manera sistemática, pero cuando los resultados son tan evidentes que ya no pueden taparlos entonces le endilgan al individuo la comisión del delito, dejando solo al pobre policía formado para agredir, lavándose las manos para que sea el pobre policía quien asuma las consecuencias. Es decir, la élite usa al pueblo contra el pueblo, mandando al joven que no tuvo otra opción para sobrevivir que hacerse policía a agredir a otro joven pobre que solo quiere que lo dejen estudiar. Nos mandan a una batalla fratricida para que ellos sigan reinando.

    Como si se tratara de cualquier grupo al margen de la ley, ellos también combinan todas las formas de lucha para contener a ese inventado enemigo interno. Por ejemplo, usando las tácticas de guerra blanda, echan mano ya no solo las armas de la fuerza pública sino el arma de la mentira, instrumentalizando también a periodistas y medios de comunicación que hoy -tristemente- también son actores del conflicto. Así las cosas, no es raro que inventen escándalos y mentiras personales para deslegitimar a quienes se oponen al régimen del terror, recurriendo a la falacia ad hominem que es amplificada por periodistas descaradamente militantes. No se extrañen que en medio de esta dictadura disfrazada comiencen a aparecer elaborados escándalos personales contra Gustavo Petro, Juan Manuel Santos o contra cualquiera que ose denunciar las violaciones de derechos humanos de un narco-régimen como el de Duque.

    En el fondo lo que subyace es una guerra entre pobres, porque los policías y soldados no son sino pobres instrumentalizados para cuidar los intereses de unos pocos en contra de su propia estirpe. Los nuestros son policías mal pagos, maltratados en su formación, perseguidos internamente para mantener una línea prusiana en desuso y obligados a enfrentarse a sus amigos, vecinos y familiares. Es infame que sometan a nuestros jóvenes policías a extenuantes jornadas de trabajo por sueldos miserables, los instiguen a atacar al otro y luego -cuando vienen los problemas judiciales- simplemente los dejen a su suerte calificándolos de "manzanas podridas" cuando lo que está podrido es el sistema mismo. Los policías y soldados son otras víctimas de esta perversa Patria Boba.

    Cuando un indolente e inhumano Ministro de Defensa como Carlos Holmes Trujillo festeja el asesinato de civiles por parte de miembros de la fuerza pública, como lo hizo con el asesinato de Juliana Giraldo, en realidad está azuzando a que sigan las violaciones a los derechos humanos. El discurso justificatorio de la barbarie envalentona a unos policías y soldados convertidos en autómatas que solo obedecen órdenes por las que después nadie, sino solo ellos, se hace responsable. Esto no puede seguir así y es hora de evitar que todo empeore.

    Reformar la Policía es urgente y comienza con educar al individuo que hace parte del cuerpo policial. Cuando se ha propuesto esa educación en el pasado reciente, de inmediato el uribismo sale al ataque pues ellos quieren una institución irracional a su servicio, llena de personas incapaces de cuestionar sus órdenes. Al uribismo les gustan los héroes, pero los héroes muertos, sin educación y que actúen como sus subordinados. ¿Qué hay de malo en un policía bien educado y bien pago? Que la institución se profesionalice debe ser motivo de orgullo, no de disputa, y que los miembros de la fuerza pública se eduquen debe ser un compromiso de una sociedad moderna, además de una deuda con los jóvenes que integran la institución.

    Es urgente, igualmente, desligar a la Policía Nacional de Colombia del Ministerio de Defensa y convertirla en un cuerpo civil instituido para cuidar a los ciudadanos, dependiente de las autoridades civiles y que respondan por sus actos ante la jurisdicción penal ordinaria. El manto de impunidad que les otorga una Justicia Penal Militar de caricatura y la visión desfazada de la realidad que se impone desde el ministerio de guerra, no solo son anacrónicas sino combustible para facilitar nuevas y eternas violaciones a los derechos humanos.

    La Policía Nacional de Colombia es una institución casi "endogámica" llena de códigos de silencio, encubrimientos y secretismo, pues hay en ella arraigada la idea de que abrirse o hacer pública la información debilita su autoridad. Nada hace más respetable a una institución que la transparencia, por lo que la cultura policial que oculta y hasta privilegia malas conductas y comportamientos ilegales de sus miembros debe ser erradicada. Lo que restringe y afecta la autoridad e imagen de la Policía no es lo que desde afuera se hace, sino lo que desde adentro se hace mal. Quien daña la imagen de la institución es que asesinen a Dylan Cruz en medio de una protesta y una perversa máquina de encubrimiento mantenga a los responsables a salvo burlándose de la sociedad, y no que los ciudadanos propongamos reformar a una institución que nos necesita.

    No podemos permitir que la fuerza pública sea usada por un régimen carente de autoridad moral para perpetuarse en forma de dictadura. Si los colombianos de verdad quieren y respetan a su fuerza pública es hora de dejar claro que ellas están a nuestro servicio, no para nuestro temor.

  • Por:Campo Elías Galindo.Líder social y Político de Colombia Humana UP en Antioquia.

    En Colombia, escribir sobre los problemas que afectan a los y las ciudadanas, es escribir su propia sentencia de ejecución extrajudicial, su propio asesinato.El poder criminal y corrupto en Colombia no tiene límites.Su único límite será transformar este Estado y esta sociedad.Arrancar de raíz este mal que nos afecta, el mal gobierno y el capital salvaje y asesino que no deja vivir en paz y justicia social.Esta fue la última publicación de Campo Elías Galindo, líder social y político de Colombia Humana - UP en Medellín y Antioquia.Su muerte no será en vano y nuestra memoria lo asumirá como abono a la tierra que liberaremos.Tejiendo Territorios.

    Aquí el texto íntegro de su columna:

    No hay precedentes de una conmoción política como la vivida hoy en Medellín alrededor de la suerte de EPM y la mega obra Hidro Ituango.Difícilmente en las campañas electorales las fuerzas sociales comprometidas hacen debates de ciudad, que además poco inciden sobre los resultados casi siempre conocidos desde mucho antes.Pero la coyuntura actual es distinta, las apuestas son a otro precio, lo que está en juego es nada menos que la hegemonía de la élite económica y política más poderosa de la región sobre la empresa pública también más poderosa del país, después de Ecopetrol.

    El Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), que algunos negacionistas parroquiales dicen ahora que no existe, funge desde hace décadas como un poder detrás del trono, no solo en la toma de las decisiones económicas sino también en las decisiones políticas que hacer al departamento y especialmente a la ciudad.

    El control estratégico indiscutido de ese grupo sobre Medellín y el departamento, ocurre de manera silenciosa o por lo menos sin sobresaltos que desestabilicen el statu quo local.Las denominaciones “Sindicato antioqueño” o “GEA” son desconocidas para los ciudadanos comunes y corrientes.

    El emprendimiento antioqueño fue una élite pujante desde mediados del siglo XIX, cuando se echó al hombro el desarrollo de este departamento y creó un imaginario sobre la grandeza paisa, éticamente discutible pero eficaz como proyecto social, económico y cultural, imaginario que hoy aprovechan los “ cacaos ”locales del siglo XXI para hablar sobre sí mismos y reclamar una autoridad Intelectual y moral que no tienen.

    Ese GEA de hoy, es la herencia decadente de una antioqueñidad que quedó en los libros de historia, transformado desde fines del siglo pasado en un cartel empresarial intocable, que mete sus manos no solo en el Estado y sus instituciones, sino también en los patrimonios públicos más preciados como EPM.

    Desde 1988 que los alcaldes son elegidos popularmente, ha sido el Sindicato Antioqueño, hoy GEA, la fuerza que decide quién gobierna a Medellín, sea porque provenga de sus redes de aliados o porque simplemente se le dé la palmadita en la espalda. Nadie desde entonces ha gobernado la ciudad sin el visto bueno del gran empresariado, o sin su consentimiento, sin su apoyo o sin sus recomendados en las posiciones claves de la administración.

    Cabe aquí reconocer que al interior del GEA conviven diversas fuerzas políticas tradicionales, a través de las cuales ese conglomerado incide en las elecciones de autoridades a nivel departamental y municipal, y más allá de ellas, en toda la vida política de la región.

    Las redes de poder social y económico del GEA son tan extensas que nadie podría definirles un límite con exactitud; penetran en el mundo académico y cultural, en las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación.

    Como todo poder dominante en cualquier sociedad, ha desarrollado una inmensa capacidad de cooptación, que le ha permitido aprovechar los recursos humanos dispersos por otros sectores de la sociedad, al mismo tiempo que logra introducir desorden y división en fuerzas adversarias.

    En la capacidad de cooptación del alto empresariado paisa, hay una tradición que nunca ha dejado de aprovechar: es la antipolítica. El discurso antipolítico no es nuevo en la vida pública antioqueña; desde el siglo XIX los dirigentes paisas fueron remisos a la política profesional y siempre la entendieron como una extensión de los negocios. Conservadores en política y liberales en economía, siempre optaron por el pragmatismo y desconfiaron del Estado.

    Aunque se vista de bluyines, la actual antipolítica de la élite antioqueña es la reedición de un viejo prejuicio regional, que hoy como ayer ha rendido excelentes dividendos a la hora de los balances económicos, pero ha sacrificado los controles desde abajo, la participación ciudadana, popular y democrática en la toma de las grandes decisiones.

    Así, para que no haya “contaminación política”, “la empresa más querida por los antioqueños” cada vez excluye más a los ciudadanos, sus legítimos dueños, hasta poner en grave riesgo su viabilidad financiera y sobre todo su carácter público. La antipolítica es un viejo grito de independencia del alto empresariado paisa respecto al Estado y los controles públicos a sus negocios.

    También para preservarla de la política, el alcalde y la Junta Directiva de 2007 le impusieron a EPM unas normas de “gobierno corporativo”, que amarran al representante de los dueños (el alcalde) a los designios de una Junta Directiva llena de conflictos de intereses; es un arma para evitar que el Estado se inmiscuya en los asuntos públicos que la Junta considera privados, un instrumento de privatización que oculta el desarrollo de negocios internos y contrataciones amañadas en la empresa.

    Todo ese entramado de poder del GEA, se sacudió fuertemente en octubre del año pasado cuando por primera vez desde que hay elección popular, accedió a la alcaldía de Medellín un candidato ajeno a ese empresariado.

    Pero con más fuerza ha temblado en las recientes semanas, después que el alcalde decidió convocar una conciliación con los contratistas que construyen Hidro Ituango, en la perspectiva de recuperar $9.9 billones hasta hoy perdidos en ese proyecto. La reacción del GEA, presente en todos los estamentos de la empresa y fuera de ella, ha sido primero, la renuncia colectiva de todos los miembros de la Junta Directiva en EPM y de algunos en otras empresas del municipio; segundo, organizar una cruzada contra el alcalde y el gerente, y por la restauración del gobierno corporativo, a la sombra del cual privatizan la empresa desde el año 2007; y tercero, organizar una veeduría ciudadana a EPM y la alcaldía.

    El alcalde Daniel Quintero es un político pragmático que se ha movido por todo el espectro ideológico-político nacional. Sus actuaciones más próximas en el tiempo a la campaña electoral, su compromiso con los Acuerdos de paz y  luego sus adhesiones a De la Calle y a Petro en la campaña presidencial de 2018, le permitieron sus credenciales progresistas y lo habilitaron como candidato de la Medellín no uribista a la alcaldía.

    La derrota del uribismo en la elección de alcaldía fue también la del GEA, más aún, teniendo esa fuerza otras cartas diferentes a la del Centro Democrático para ganar el primer cargo público del municipio.

    El resultado electoral fue la segunda irrupción en Medellín de las Ciudadanías Libres, después de su participación en las elecciones presidenciales de 2018. Ellas son un fenómeno posterior al uribato, que agrupa a las nuevas generaciones de colombianos que están accediendo a la participación política, básicamente desde un rechazo a las violencias organizadas y a la corrupción. El triunfo de Daniel Quintero fue por lo tanto, el de una población mayoritariamente joven que cree en la paz y rechaza el saqueo a los patrimonios públicos que se ha vuelto parte del paisaje nacional.

    La determinación de la alcaldía de interponer recursos para recuperarle a EPM los dineros perdidos en Hidroituango, rompe con la práctica por lo menos indecorosa de mandatarios locales anteriores, que capturados por la Junta Directiva de la empresa y su gobierno corporativo, se han abstenido de reclamar a los contratistas las billonarias pérdidas que le han causado a la empresa en proyectos anteriores y actuales.

    Ese reclamo a los contratistas detonó una crisis que ha sobrepasado a la empresa y se ha extendido a la ciudad y la región. Se está produciendo un alineamiento de fuerzas y un debate que parece marcar el futuro del gobierno local por el resto del período.

    El uribismo ha tenido desde que existe, una relación amistosa y de cooperación con el GEA, que se ha estrechado este año por haber sido esa fuerza política y ese grupo empresarial los principales derrotados en la elección de alcalde; esa alianza no es nueva pero se ha consolidado tras los recientes acontecimientos; no es un secreto que ambos aunaron su actividad en la creación de la veeduría “Todos por Medellín”, direccionada a mantener el proceso de privatización de EPM, no responder por las pérdidas billonarias, recuperar las posiciones perdidas dentro de la empresa y hacer oposición sumando ciudadanía contra el alcalde. 

    La lucha del GEA contra la administración municipal, ofrece ahora una plataforma de sustentación a un uribismo de capa caída, luego de la privación de la libertad a su patrón y las fallidas caravanas vehiculares exigiendo su libertad, que ni siquiera en su mayor fortín lograron impacto político.

    El Centro Democrático es hoy un partido en retirada, la justicia lo asedia y sus líderes andan a la defensiva sin un solo proyecto propio para ofrecer. Pero esa orfandad podría transformarse en activismo si la veeduría despega y coge vuelo para convertirse en vocera de las agrupaciones que perdieron sus burocracias municipales, dentro de las cuales ya se mueve la idea de una revocatoria de mandato al alcalde. Más que nunca, el Centro Democrático y el GEA se van a necesitar mutuamente para mantener sus hegemonías en la segunda ciudad más importante del país.

    Medellín es una ciudad donde la participación política ha estado fuertemente controlada por el establecimiento y las rebeldías raras veces alcanzan representación. Lo que hoy día llaman “polarización” para caracterizar los juegos de opiniones en el país, parecía no tocar a una ciudad tan sumisa como esta.

    Pero la transformación es inevitable y no la están pudiendo atajar las élites tradicionales, acostumbradas a dominar sin oposición, es decir, sin polarización. No puede ocultarse ya, que a pesar del desbalance de fuerzas y la debilidad organizativa de las opciones anti-establecimiento, en la ciudad hay sectores que ya no se tragan enteros los cuentos de la superioridad paisa, “en Antioquia no se pierde un peso” o que EPM es empresa modelo de América Latina. 

    En efecto, hay polarización. De un lado, se radicalizan y construyen trincheras quienes quieren mantener la ciudad y la región en su pasado, al mando de una élite empresarial que no democratiza el desarrollo y sus beneficios, ni la toma de las grandes decisiones; y de otro lado, los movimientos sociales y los ciudadanos que empiezan a entender el juego y los lenguajes de su propia exclusión.

    Medellín es el bastión más fuerte del partido de gobierno, el Centro Democrático, orientado por un expresidente detenido e investigado por múltiples delitos; es también la sede de uno de los grupos empresariales más tradicionales y exitosos del país, el GEA; nada se movía antes en la ciudad sin el beneplácito de esas dos estructuras complementarias.

    La actual coyuntura política local ha obligado a muchos a tomar partido, o por la defensa de los patrimonios públicos, o por los manejos corruptos de los mismos, en beneficio de los cacaos hoy sublevados porque los llaman a rendir cuentas.

    La lucha política se ha abierto. Los exalcaldes encabezados por “Fico” Gutiérrez, los exgobernadores, los exgerentes de la empresa y los contratistas, ya señalados como presuntos responsables fiscales por la Contraloría General de la República, cierran filas para lavarse las manos mutuamente, pero al mismo tiempo repiten la poesía de la recuperación de la confianza, es decir, que les tengamos confianza porque ellos son muy capaces, muy honorables y son la pulcritud personificada.

    Están construyendo un relato de terror sobre el futuro de EPM, que en parte es real, pero según el cual ellos nada han tenido que ver, pues la historia de la empresa empezó cuando el alcalde dijo que iba a recuperar las pérdidas de Hidroituango. Nada tan parecido a un chantaje: continuar con la conciliación y seguir exigiendo responsabilidad a los contratistas, podría llevar a un bloqueo financiero de la empresa que la inmovilice, la quiebre y la podamos perder.

    Los responsables de la tragedia financiera, social y humanitaria llamada Hidroituango, apoyados por el Centro Democrático, carecen de credenciales éticas y políticas para hacer veedurías ni controles a EPM.

    Un verdadero control a la empresa solo puede surgir de sus legítimos propietarios, los ciudadanos y sus organizaciones;solamente quienes la heredaron de las generaciones precedentes y la han sostenido con su esfuerzo, tienen la posibilidad de recuperarla y ponerla al servicio de todos.Es la lucha por desprivatizar ese patrimonio o terminar de feriarlo, el asunto clave que la ciudadanía va a definir, es el nudo gordiano de la polarización que en buena hora vive hoy la ciudad de Medellín.

    14 de septiembre de 2020

  • Por:Nidia Jaydivi Colorado.Docente, Feministas.En Semanario Voz.

    El siglo XXI aparenta configurar una época en la que se liberan las opresiones de género desde las políticas públicas.Sin embargo, el espíritu patriarcal del bloque hegemónico mantiene y agudiza la violencia estructural contra las mujeres.

    Desde su reconfiguración en el siglo XVIII en medio del proceso de la Revolución Francesa, la burguesía traiciona el proceso revolucionario y decide constituirse en una nueva clase dominante, se separa del proletariado y de la clase popular y se convierte en una nueva parte del histórico bloque de poder conformado por las monarquías, la nobleza, la Iglesia, los comerciantes, entre otros.

    Tanto el siglo XIX como el siglo XX demostraron consolidar y reconfigurar una élite mundial, el cual concentró el dominio principalmente de la economía, la historia, la política y el Estado.A pesar del proyecto de Estado moderno y el componente social de la modernidad, producto de un arduo político, intelectual y social de la ilustración ejercicio, la sociedad occidental no transformó de fondo su estructura de dominación;ordena, por el contrario, un Estado moderno del bloque hegemónico.

    Un proyecto fallido

    Se reduce entonces un gran proyecto social a los intereses de los grupos dominantes e inician su depredadora expansión global.Hasta entonces, los mismos triunfos de la Revolución Francesa garantizaban un mínimo de derechos para la población y cierta estabilidad democrática que se fue perdiendo gradualmente por la concentración exacerbada de la riqueza y la consiguiente subyugación de la economía a la acumulación de capital.Otro aspecto, no menos importante, que deterioró las condiciones reales del proyecto democrático moderno lo marcan las guerras mundiales y su profunda fractura social e histórica en el proyecto de “humanidad”.

    Estas condiciones fueron aprovechadas una vez más por las clases dominantes ya partir de los años sesenta y setenta se construyen las teorías económicas y políticas del neoliberalismo, desde las cuales limitan las posibilidades y alcances de la política pública;aún más, la de un proyecto social estatal, público, gratuito y equitativo para los seres humanos.Determinan entonces los neoliberales de la época que será la fuerza pública, del mismo modo que actuaron las monarquías absolutistas en su momento, la que impondrá, reformará y ejercerá un dominio social y no un contrato social, democrático y moderno.

    Dichas expresiones arbitrarias absolutistas y militaristas, privatizaron la mayor cantidad del acumulado material de las sociedades, producido este con el esfuerzo de la mayoría de la población y el único objetivo de servir a la especie. Empero, el acumulado material, público y colectivo de los países se trasladó a las fortunas de grupos empresariales, políticos y académicos que defendieron y defienden el neoliberalismo a costa de la vida de millones de personas.

    Significa, entonces, para el siglo XX que no solo las guerras mundiales fueron la causa principal de muerte en varias décadas, sino también el neoliberalismo y su autoritaria implementación, son causa estructural de la muerte, desaparición, tortura, miseria y violencia contra millones de personas.

    Frutos del orden hegemónico

    En este contexto el mundo llegó al siglo XXI en un ambiente deteriorado y un Estado deslegitimado, con instrumentos de la política carente de perspectiva social a partir de lo que se conoce como la violencia democrática del Estado neoliberal. El siglo XXI no planteó o no ha planteado un cambio significativo en este orden hegemónico y es difícil creer que las iniciativas de políticas públicas a favor de erradicar la discriminación de género y la violencia contra las mujeres generen desde esta perspectiva algún tipo de confianza.

    Observamos con preocupación que los derechos de las mujeres se presentan en el mismo sentido de la contradicción de clases, es decir, que los derechos y los propósitos de estas democracias se enfoquen en privilegiar a las mujeres ricas y prestigiosas de la sociedad civil, en favorecer a las mujeres que pertenecen a las élites, y no en ayudar a mujeres con profundas necesidades como lo pueden ser las mujeres campesinas, afroamericanas, indígenas, raizales, excombatientes, de sectores históricamente marginados, de estratos bajos, etc.; campo social en el que ubicamos la mayor cantidad de población, allí evidenciamos que el proyecto democrático actual sólo responde a intereses e influencias de los colectivos que construyen históricamente un bloque hegemónico, no sólo en América, sino a partir de hegemonías mundiales.

    La negligencia

    Por otro lado, las prácticas asistencialistas del Estado se presentan como espacios burocráticos y de cooptación de recursos hacía múltiples espacios intermedios que impiden la incidencia real del apoyo y los recursos en las comunidades mencionadas. Claro ejemplo de esto se puede analizar en la implementación del enfoque de género en los acuerdos de La Habana y las comunidades de mujeres beneficiarias.

    Si bien los grupos feministas, organizaciones sociales y políticas de mujeres han logrado interesantes avances y espacios contra la violencia estructural y el paradigma cultural del patriarcado, son logros propios que no corresponden a la voluntad política de la concepción o ingeniería social con la que se pensó el Estado neoliberal.

    La violencia contra las mujeres constantemente ejercida por las Fuerzas Armadas son un claro ejemplo de la negligencia institucional, pero además demuestra que la intencionalidad estatal no respeta las reivindicaciones de las mujeres. Sólo en la medida esnobista de ser funcional a sus campañas electorales y campañas de imagen, la defensa de las mujeres resulta ser un propósito loable.

    Muy superficialmente algunos partidos políticos han implementado acciones políticas y sociales en pro de la protección de los derechos de las mujeres, pero sus acciones y actitudes se transforman una vez que en la realidad social se involucran sectores políticos, económicos, militares, culturales y académicos de sus círculos o cercanos a ellos.

    Esa hipocresía es incapaz de levantar banderas feministas o de políticas de mujeres, por el contrario, son cómplices de los diferentes tipos de violencia estructural que promueven la negligencia y la corrupción. Además, su mezquindad para con los seres vulnerables de la sociedad hace que las mujeres sean cada vez más pobres y vulnerables.

    Sin confianza

    En Colombia la feminización de la pobreza es consecuencia directa de la violencia estructural o del Estado contra las mujeres, estos preocupantes casos son visibles en mujeres migrantes, adolescentes, infantes y muchísimas más categorías en las que cada vez más se amplía el espectro estadístico con el que responde la institucionalidad, las mismas que se enfrentan a condiciones sociales difíciles, una inexistencia de recursos, de derechos y abandono explícito del Estado.

    El Estado colombiano no garantiza los derechos sociales, civiles, políticos, económicos y culturales de la población y no cumple con los compromisos internacionales sobre la protección de derechos humanos en Colombia.Por lo tanto, no es un Estado en el que las mujeres podamos confiar.

    @NidiaJaydivi

    Tomado de: Semanario VOZ,https://semanariovoz.com/una-mirada-feminista-al-estado-opresor/ -25, 20200124. Foto Sophie Martínez

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