• +573136575982
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Iván Duque, decreto con veneno.

    Redacción TT.  

    El presidente Iván Duque ha emitido el decreto presidencial 444 del 21 de marzo de 2020, donde adopta medidas muy importantes para mitigar el contagio y minimizar la crisis hospitalaria y humanitaria que se avecina.Pero al detallar el decreto se encuentra que hay medidas y decisiones, que por un lado van contrarias a las necesidades de un gran sector de la población que requiere aliviados económicos directos y no a través de los bancos que pesan la situación crítica no dejan de usure y por otro lado, le quita recursos de regalías de los departamentos y municipios para inyectarle a los bancos privados, recursos que debían servir para la reconstrucción social y económica de los territorios.

    Para consultar todo el contenido del decreto, por favor haga clic aquí: https://twitter.com/AlexLopezMaya/status/1242138657336832001/photo/1

    En las últimas horas, especialistas, líderes políticos y sociales y autoridades locales y departamentales se han pronunciado de manera crítica ante este decreto.

    La alcaldesa de Bogotá Claudia López comprobó en su cuenta de Twitter ¡Es “Inaudito que el Gobierno Nacional se aproveche de la emergencia económica para el auto préstamo de recursos de los entes territoriales para bancos y empresas!Abuso absurdo que además tenemos recursos que deben ser para la salud y el cuidado de la gente y los hogareshttps://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1242138826727993344

    Otros especialistas como profesor de economía de la Universidad Javeriana, Cesar Ferrari, plantea que

    1 El FOME, tal y como está concebido, va en contra de la autonomía de los gobiernos locales.El gobierno, de manera unilateral, decide utilizar estos recursos como préstamos.

    2 Los usos de los dineros del FOME no son claros.Observe que se pretende ayudar a las entidades financieras y los privados.La destinación no es exclusiva hacia lo público.Se vuelven a cometer los errores de la crisis del 2008: le doy la plata a los bancos y no a los usuarios.Si se van a utilizar los recursos de los gobiernos locales afectados ser para resolver los problemas regionales.

    3 El gobierno nacional cambia diversas alternativas para generar nuevos recursos: i) Préstamo directo del Banco de la República al gobierno.Esto se puede hacer de manera excepcional y con aprobación de los miembros de la Junta Directiva del Banco.ii) Liberar recursos del presupuesto mediante pagos de la deuda externa con reservas (el país tiene 53 millones de dólares de reserva en Bonos del Tesoro Norteamericano).Los detalles de la operación pueden comentar de manera específica después.iii) Con la devaluación, el valor en pesos de las reservas ha aumentado de manera significativa.El gobierno podría utilizar estos dineros para atender la emergencia.Antes de la Constitución del 91 se incluye directamente en el presupuesto a través de la Cuenta Especial de Cambios.Este mecanismo se eliminó porque había muchos abusos.

    4 Las tres medidas anteriores incluidas que el gobierno nacional no tiene necesidad de tomar el dinero de las regiones.En lugar de ello, le permite permitir a los municipios y departamentos que - en coordinación con la Nación - los dineros del FAE y el Fonpet se inviertan en los municipios y departamentos, de acuerdo con sus necesidades.

    Raúl delgado, líder político y social de Nariño, planteó en su cuenta de Twitter @ RaulDelgado58“los recursos el fondo de ahorro y de estabilización y los del FOMPET del sistema General de Regalías hijo de los departamentos y municipios., Aprovechando el estado de emergencia, gobierno nacional se auto presta y podrá destinarlos a favor y los bancos y empresas privadas ”  

    Gustavo Petro por su parte, había afirmado antes del decreto que"en mi opinión hay que evitar que esta situación recaiga sobre los trabajadores y esta vez la obligación de pagar los dueños de los bancos y de la deuda".

  • Por: Jairo Otero.

    El decreto 444 del 21 de marzo de 2020 donde el gobierno toma los recursos provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización FAE y del Fondo de Pensiones Territoriales FONPET, para enfrentar la crisis en temas de financiamiento es la gota que llena la copa.

    Con esta decisión Iván Duque demuestra la incompetencia de un gobierno que no tiene ni idea de la grave situación que estamos atravesando los colombianos. Habíamos propuesto unirnos para exigir acciones legales de choque, que beneficien al pueblo colombiano que hoy está confinado en casa, preocupado por sus obligaciones financieras, y hoy la respuesta del gobierno es respaldar al sistema bancario y al sector privado, desconociendo la verdadera necesidad de nuestros conciudadanos.

    ¿En qué país es que vivimos?; Hoy más que nunca tenemos que seguir unidos y lograr derogar este nefasto decreto. La creación del FOME, sólo servirá para que el gobierno destine los recursos para los grandes poderes de éste país, contribuyendo fácilmente a favorecer la corrupción,  flagelo que azota a nuestro país desde hace varias décadas

    Es urgente, hacer un llamado no solamente a los alcaldes, gobernadores y dirigencia nacional, sino a todos los ciudadanos a defender nuestros recursos: Estos son del pueblo y le pertenecen a sus entes territoriales.

    Utilicemos  todos los medios posibles para enviar nuestra voz de protesta, y lograr que esta medida sea derogada de inmediato. Unidos podemos lograrlo.

  • Ultima hora.TT

    Las autoridades locales de Ipiales y de la Gobernación de Nariño están aplicando los protocolos de atención.La persona, un adulto mayo, está estable de salud y en aislamiento.

    Vea el vídeo institucional de la Gobernación aquí: https://www.facebook.com/JhonRojasCa/videos/246556929834521/

    Hablan el Gobernador y Nariño Jhon Rojas y la Directora del Instituto Departamental de Salud Paola Rosero"Con mucha preocupación, debemos comunicarles esta triste noticia, tenemos el primer caso confirmado de #coronavirus  en nuestro Departamento. El aislamiento en casa es la única medida que tenemos que adopte para evitar el contagio de este virus letal.#NariñensesTodosEnCasa "

  • Por: Javier Lasso. 

    Dirigente social. San Pablo, Nariño.

    las consecuencias que se vendrán, no solo dependerán de la pandemia como tal sino del manejo que cada gobernante haga de la crisis en cada país

    En el año 1989 Francis Fukuyama publicó un artículo denominado “¿El fin de la Historia?”. Tres años después el artículo, convertido en un libro, llegó a ser best seller y la biblia de los economistas liberales. Se trataba de una de las conclusiones luego de la reciente desintegración de la Unión Soviética y el colapso del socialismo realmente existente. Su argumento central, siguiendo el método dialéctico hegeliano, fue la parálisis del motor de la historia tras el triunfo del liberalismo sobre el marxismo, inaugurando el inicio de una era dominada plenamente por las democracias liberales y la sustitución de las ideologías por el capitalismo.

    El mismo año se impartían desde Washington, las reformas que adoptaron los países de América Latina en el decenio que comenzaba: Apertura económica y el desmantelamiento del Estado social. La obediencia de los gobiernos de esta parte del mundo no se hizo esperar, inaugurando en nuestros países la era neoliberal: El mercado reemplazaría al Estado y la liberalización de la economía sin barreras financiaría cada rincón del planeta.

    ¿Qué podía fallar?

    Las crisis económicas que siguieron (1994: Crisis del Tequila, México; 1997: Crisis de los Tigres asiáticos; 1998 crisis del rublo, Rusia; 2001 Corralito argentino; 2008 Crisis inmobiliaria, EEUU; 2009 Crisis de la deuda, Europa, etc.), pronto dejarían en vilo el prestigio del tecnócrata y del modelo neoliberal, demostrando que el capitalismo, en su fase financiera y especulativa, es aún más proclive a continuadas crisis que durante sus fases comercial e industrial de los Siglos XVI-XVIII y XIX – XX, respectivamente.

    Estas crisis no solo demostraron lo imperfecto y frágil que resultó el modelo, sino que además, una vez superadas, la riqueza se había hiperconcentrado en cada vez menos manos. Se cernían graves amenazas en contra de las democracias por levantamientos populares causados por la constante pobreza, el desempleo, la falta de acceso a servicios públicos y la creciente desigualdad entre los países y al interior de ellos. Otra de las conclusiones que develó la gestión de cada crisis fue el protagonismo indiscutible del Estado. Aquel que en antaño fue despreciado y vilipendiado ahora se convertía en el salvador del sistema, inyectando recursos de los contribuyentes para el rescate de entidades parasitarias y garantizando la permanencia dictatorial de las elites económicas.

    Se comprobaba una de las máximas de Fernand Braudel: “el capitalismo sólo triunfa cuando se identifica con el Estado, cuando es el Estado”.

     Ahora bien, lo que sacude hoy al sistema capitalista neoliberal no viene de una de sus típicas crisis, de por sí intrínsecas. Tampoco es causado por un enemigo revolucionario que desea implantar un nuevo paradigma económico y social en el mundo. No. El sistema hoy padece de un estancamiento crítico atizado por las consecuencias que la pandemia del Covid-19 desata como la baja movilidad del trabajo y el capital, la producción, la incertidumbre y el miedo.

    En medio de esta coyuntura hay varias voces autorizadas que se han pronunciado sobre el destino que le depara al mundo al superar la pandemia. Entre ellas, destacan la del esloveno Slavoj Žižek, el surcoreano Byung-Chul Han y más recientemente el argentino Atilio Boron. Entre el golpe fulminante al capitalismo vislumbrado por Žižek y el posible fortalecimiento y remedo del sistema policivo y autoritario chino en Europa planteado por Han, se encuentra un experimento hibrido contemplado por Boron hacia una era postcapitalista, siempre y cuando ésta sea realizada por las clases subalternas consientes… Muchas aristas imposibles de calcular con alguna exactitud.

    Con la intensión de aportar al debate y teniendo en cuenta el lugar desde donde escribo, coincido mayormente, sin ser tan optimista, con el suramericano. Aunque también me adhiero al filósofo asiático sobre el hecho de que “ningún virus es capaz de hacer la revolución”. Las consecuencias que vendrán tras la pandemia a nivel planetario contemplarán muchas opciones. Lo más probable es un intenso debate sobre los sistemas de salud. Seguramente estos serán reforzados y el Estado tendrá mucho más protagonismo. Quizá la salud pasará de verse menos como un servicio que se provea desde el mercado a asumirse como un derecho garantizado y provisto por el Estado. Y los trabajadores del sector pueden gozar de mejoras laborales tales como en Colombia las tienen los docentes o los miembros de la Fuerza Pública.

    Por otro lado, las consecuencias que se vendrán, no solo dependerán de la pandemia como tal sino del manejo que cada gobernante haga de la crisis en cada país. Si bien es cierto que el cálculo que han hecho neoliberales como Trump o Bolsonaro priorizando la economía tendrán consecuencias funestas medidas en vidas humanas, ello no asegura el castigo a los modelos representados por estos. Probablemente la sanción solo se dirija a gobernantes y a sus partidos, dejando incólume el modelo imperante. Perderá Trump las elecciones y las ganará Biden reproduciendo, como Obama, el aforismo lampedusiano: cambiarlo todo para que nada cambie.

    A mi parecer, y teniendo en cuenta que en cualquier modelo el Estado será imprescindible, debe insistirse en el debate de fondo: El modelo económico, el papel del Estado y los considerados derechos fundamentales. Sobre el primero, el nuevo coronavirus ha puesto en evidencia la incapacidad del mercado para enfrentar una crisis como la que enfrenta hoy el mundo. Hemos asistido a una época en la cual la planificación en varios frentes, incluyendo la económica, ha dejado a la mano invisible muy atrás. (La semana pasada el Gobierno colombiano indaga a los municipios sobre el consumo de bienes de primera necesidad, en un esfuerzo por planificar la producción).

    Sobre el papel del Estado, el número de infectados y vidas perdidas pueden constituirse en un medidor sobre su fracaso o éxito, su parcialidad y su propósito en cada país: O las decisiones se toman en beneficio de las elites económicas (una absoluta minoría) o se toman en favor del pueblo trabajador (la gran mayoría). Poner en evidencia el resultado de la democracia y el voto popular, ni más ni menos.

    Desde simples debates mediáticos hasta estremecer las bases mismas de las democracias liberales, ya todo dependerá de las ciudadanías conscientes y su capacidad para lograr consensos multitudinarios. Un modelo híbrido para empezar: un Estado fuerte que garantice los derechos fundamentales (salud, educación, seguridad, empleo, vivienda, agua, etc.) y que privilegie únicamente a los más vulnerables y un mercado realmente libre que estimule la competencia, la creatividad y la innovación.

    Por ahora, todos los pronósticos se enfilan contra el modelo neoliberal como el primer sacrificado de esta crisis.

  • Redacción TT.  

    La situación pandémica de ahora, recuerda el comportamiento del Gobierno Nacional con esta región en los tiempos de DRF.Las autoridades departamentales y municipales deben tomar decisiones ya, sin esperar mucho del Gobierno Nacional.

    A la ya perniciosa e histórica actitud centralista del Estado Colombiano, se suma ahora en plena crisis de salud publica por el coronavirus, la incapacidad de este gobierno para afrontar de manera real las necesidades de los territorios.   

    Lo único que ha sido atendido con diligencia y eficacia en Nariño, ha sido la petición del Gobernador Jhon Rojas de militarizar la frontera en unos 37 pasos no formales fronterizos.Pero de los recursos para montar hospitales de emergencias, para la compra de equipos de laboratorios de detección y diagnóstico, respiradores, camas y medicamentos, hasta ahora nada, solo existe lo que tiene Nariño para una situación normal.  

    Nariño tiene 4 casos confirmados de los 906 que informó el Ministerio de Salud y Protección Social.Sobre esta cifra de Nariño siempre ha existido la duda, por cuanto nuestra situación de paso frontal nos hace ser un departamento muy vulnerable y por la situación del vecino país de Ecuador el cual, según Ernesto Carrasco, Viceministro de Atención Integral en Salud de ese país , informó que, hasta este martes 31 de marzo de 2020, la cifra de casos confirmados era de 2.240, en sospecha 3.257, y fallecidos 75.

    Aunque en general el Gobernado con su equipo ha puesto la cara y ha liderado la situación de manera adecuada, también es cierto y urgente que Jhon Rojas y los alcaldes aprendan y actúen con base en las lecciones de la historia.Somos un departamento al que históricamente no nos han escuchado ni atendido con dignidad.Por eso urge decisiones audaces y oportunas, como la de reunir a la asamblea Departamental, declarar la emergencia social y aprobar modificaciones al presupuesto departamental para el Gobernador puede trasladar y adicionar recursos para construir los hospitales, comprar equipos, contratar personal de salud y que permita enfrentar esta crisis de salud pública por el coronavirus. lo propio deben hacer los Concejos Municipales y los alcaldes.  

    Si el gobernador, la asamblea, los consejos municipales y los alcaldes de Nariño, no toman decisiones ya, aquí nos quedaremos esperando las ayudas del gobierno que ha mostrado ser diligente para sacar decretos, pero negligente para implementar las medidas sociales, económicos y de salud reales que se necesitan en este momento.

    Por su parte, la sociedad civil nariñenses está cumpliendo la cuarentena y el encierro en un 99%.Es su mayor aporte, como debe ser.

  • Por:Jairo Otero. 

    Mientras que el número de contagiados por COVID 19 aumenta vertiginosamente en el país, las medidas que se han tomado hasta hoy, por parte del Gobierno Nacional para frenar el crecimiento de los factores de contagio y para disminuir la afectación social que ocasiona la pandemia, crecen controversia y desconcierto, y desafortunadamente no son capaces de enfrentar la crisis social que se avecina.

    Los últimos anuncios sobre protección a los más vulnerables, como lo son las ayudas para los hogares de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y  adultos mayores, han generado confusión y desorden en muchas ciudades,  ya que se convierten en motivo de grandes aglomeraciones de personas que buscan conseguir sus pagos, convirtiéndose en un riesgo aun mas alto en materia de expansión del virus, produciendo un mayor número de contagios en este segmento poblacional.

    Si bien la puesta en marcha de las medidas adoptadas por el gobierno, frente al aumento en el número de personas afectadas por el virus, logran la disminución de la curva de contagiados,  se ve con desesperanza la gran limitación para los  segmentos poblacionales vulnerables, que hoy no tienen las condiciones para sobrevivir, y que en su mayoría subsisten de su trabajo diario, se acuña la frase que afirma que: “prefieren el contagio antes que morir de hambre”.

    Así las cosas, el Gobierno Nacional, junto al congreso de la República, que inicia sesiones virtuales en ésta coyuntura, deben priorizar la implementación de medidas de choque para el congelamiento general de todos los compromisos financieros de los ciudadanos y el inicio sin vacilaciones de reformas estructurales en sectores que hoy son de vital importancia, como el sector agrícola, y avanzar de manera inmediata en la implementación del punto uno del acuerdo de la Habana, sobre reforma rural integral, en especial en brindar garantías a nuestros campesinos para que puedan superar todas sus dificultades históricas, y logren tener una producción digna, que garantice el establecimiento de las condiciones de bienestar que el campo requiere. Es el momento de actuar sin vacilación frente a un sector, que hoy en medio de la crisis no ha dejado de producir para abastecer de alimentos al pueblo colombiano; pero es necesario, que se aprueben inmediatamente, temas como: el del catastro multipropósito, el aumento de recursos para el fondo de tierras y la aceleración de procesos de restitución de tierras, además de impartir alternativas urgentes en temas crediticios de salud, y disponer de recursos para la infraestructura vial, energética y de educación; sólo así se generarían opciones seguras de abastecimiento para los sectores más vulnerables del país.

    Por otra parte, es necesario, adicionar recursos al sistema de salud para este no colapso, recursos que requieren el personal médico y paramédico, cuente con el pago de honorarios (según la presidenta de la organización de enfermería seccional Cundinamarca, Edilma Suárez, se les adeuda más de 6 meses), y con la adquisición de implementos médicos, para lograr su seguridad frente al contacto;así mismo, adquirir medios de transporte para este personal, ya que en ciudades como Bogotá no se les quiere transportar por temor a expandir contagios;y lo más importante, adquirir respiradores y pruebas de tamizaje, todo esto para poder prestar la atención médica y hospitalaria, que Colombia demanda en esta emergencia sanitaria, y que no solo se anuncian paños de agua tibia,

    La implementación de estas medidas, en medio de la crisis, se constituye en un homenaje de justicia y gratitud para el Sector Salud y el Sector agrícola, sectores que hoy, están jugando por el bienestar de la sociedad colombiana;sin embargo, no se debe olvidar otros Sectores como: el transporte, la fuerza pública, o los que funcionan en diversos servicios públicos garantizados para ellos, las condiciones óptimas de trabajo y seguridad social.

    Hoy más que nunca, se deben dejar atrás las metas económicas, las medidas para salvar al sistema financiero, las dudas para solicitar a la banca internacional el congelamiento del pago de la deuda externa; acciones que hoy el gobierno prioriza sobre lo fundamental: Salvar vidas.

    Si el gobierno no toma medidas que realmente ayuden al pueblo colombiano, para hacer lo que sea necesario, puede ser el colapso de toda una estructura política y administrativa del país, porque el ciudadano más vulnerable que en Colombia es la gran mayoría, saldrá a las calles y las vías para demostrar que con "hambre y necesidades no se puede quedar en casa".

    Es el momento de entender que esta realidad ha cambiado y que hoy sobre cualquier interés, deben primar la vida y la solidaridad.

  • Por: Guillermo García Realpe. 

    Senador Liberal.

    Días después de las declaraciones desafortunadas de la nueva Ministra del Interior, Alicia Arango, le quieren bajar el tono manifestando que, lo que ella no quiso decir lo que dijo y qué se de formalizar y de promover la cotización para pensión o para temas de aportes de salud.

    La ministra fue clara en manifestar de manera directa en que para qué se contrata un ingeniero de sistemas por un día o por tiempo completo si lo que se necesita es por dos horas al día.

    El "capitalismo salvaje" fue un término de contenido social y económico que se agotó hace largos años y nos olvidamos de utilizarlo, pero hoy se confirmó que definitivamente en la relación capital-trabajo para los empresarios y para los gobiernos que atienden intereses empresarios siempre el trabajo cederá ante el capital, ante los inversionistas, ante los intereses privados y no colectivos.

    No por otra cosa hay una larga discusión sobre el reajuste del salario mínimo porque prácticamente están indicando la base de fijación de las cifras para los años nuevos en materia de inflación y otro tipo de índices, quiere decir que el salario mínimo es el gran responsable de temas de inflación en países como Colombia.

    Pero de la misma manera ha tenido manifestaciones crudas en temas de materia pensional y laboral por parte de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras de Colombia –ANIF-, por parte del Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, pero también por algunos sectores del gobierno nacional, en aspectos como que va a haber reforma laboral y pensional y esa va a hacer por cuenta de conculcar muchos de los derechos de los trabajadores.Pero, además de eso, la reforma tributaria pasada la Ley 2010, privilegios privilegiados para el sector empresarial y financiero y no hubo un tratamiento de estímulo y equidad, de progresividad y de redistribución de los sectores populares y medios.

    No contentos con eso, escuche voces de que se suspendería o elimine los intereses de las cesantías para los trabajadores en Colombia, eso es un beneficio para el sector financiero, para quienes guardan las cuentas respectivas.El sector financiero y el sector bancario que luego prestarían intereses esos recursos que son de los trabajadores, también en la reciente reforma tributaria a los ricos se los constituyentes de los pagos del 4 x 1000, impuesto de ICA, exenciones de IVA y otros tipos de beneficios para que su renta líquida y renta gravable sea tan bajas para unos impuestos muy irrisorios.Y en contraste con ello, las rentas de los trabajadores si están por las nubes "clavados" con impuestos que no tienen esos descuentos, ni dio.

    Este marco de puntos hace que definitivamente el capital en la relación con el trabajo siempre va a hacer privilegiado por este tipo de gobiernos y el aporte de los trabajadores siempre va a hacer el sacrificado como efectivamente se pretende ahora con la precarización de las condiciones laborales en el tema que la contratación sea por días y por horas. Esas no puede ser la norma, podrá haber casos excepcionales, en situaciones de pleno empleo o sectores de profesionales exitosos que puedan prestar servicios a muchos de sus clientes, bien sean abogados, contadores, ingenieros, en fin, pero de ahí a que como norma se pueda contratar por horas y se precarice la vinculación laboral y por ende se ahorren gastos los empresarios, pues es absolutamente descalificante de la relación del trabajo, es un exabrupto lo opinado por la nueva Ministra del Interior, es el capitalismo salvaje 20/20.

    Cuando se privilegia el capital por encima del trabajo se agudiza la inequidad económica y social de los países, por eso, Colombia es el segundo país más inequitativo de Latinoamérica y el cuarto más desigual en el mundo, porque las políticas en los últimos años de los gobiernos ha sido de favorecer la concentración de capital en unos pocos, en el caso más extremo como lo es el de Luis Carlos Sarmiento Ángulo que, tiene todo el sistema bancario, construcción de vías, administración y mantenimiento de vías, cobra los peajes, también administra las cesantías y pensiones de los trabajadores en Colombia, es decir, una cooptación de un solo conglomerado económico de casi toda la economía nacional.

    Por lo tanto, la conclusión es que el capitalismo salvaje conlleva a concentrar mucho más la inequidad en materia de ingresos, no hay ninguna redistribución.

    @GGarciaRealpe

  • Por:* Felipe Restrepo C. - 

    El gobierno nacional ha expedido el decreto 531 del 8 de abril de 2020, con el cual extiende la cuarentenaobligatoria para los colombianos, pero este en su artículo 18, tendrá las consecuenciaspara los trabajadores de la construcción, más si se tiene en cuenta que Colombia llegó a una fase de la pandemia en la curva crece y aun no llega a su pico más alto.

    El decreto, en su número 18 plantea la siguiente determinación preocupante: "permitir el derecho de circulación de las personas en los siguientes casos o actividades:"La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena de suministro de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas ".

    Este número autoriza expresamente el reinicio de las obras civiles de construcción en vía y en la obra pública, por lo tanto, las entidades requeridas reiniciar las obras que están ejecutando, obligando a los contratistas a llegar con sus trabajadores a los sitios de obra.Ha cedido este gobierno neoliberal de Duque a las presiones de los gremios, especialmente CAMACOL, que puede gritar la flexibilización del aislamiento que nos protege de la expansión de la pandemia.

    Autorizar el inicio de la obra pública, obligar a abrir la cadena de suministros para la construcción, ferreterías, almacenes de suministro eléctrico, etc., por lo tanto, los empleados de esta cadena productiva que pueden volver a sus sitios de trabajo, otro sector de los trabajadores que estarán expuestos al contagio.En la práctica estos trabajadores que regresan al mercado laboral no serán objeto de subsidios por pandemia.

    En la práctica se va un mameluco peligrosamente la cuarentena y se expondrá a los trabajadores de más bajos recursos (la mano de obra empleada en la construcción es del tipo "Mano de obra no calificada" y de más bajos costos) al contagio.Nuevamente este gobierno privilegiando el beneficio del capital por encima de la salud de los sectores menos favorecidos.Enviar estos trabajadores a las obras serán condenados al contagio ya la ineficiente atención de las EPS, bajo la nefasta ley 100.

    Las secretarías de infraestructura distritales, departamentales y municipales empezaran a partir del lunes 13 de abril presionando a los contratistas de la obra publica a que envíen a sus trabajadores a las obras y por ende a un contacto seguro.Se plantean unas estrategias de bioseguridad que los contratistas implementan para sus trabajadores en las obras.¿Están establecidos estos funcionarios (secretarios de infraestructura, supervisores de obras de las secretarias de infraestructuras) de sus responsables frente al contacto de los trabajadores de la construcción, obligados a trabajar en el medio de la pandemia?¿Quién va a controlar en las obras estas condiciones de bioseguridad?¿Y quién va a pagar los sobre costos en las obras por estos insumos?

    Es una decisión irresponsable.

    * Ingeniero especialista en sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica. Especialista en Finanzas

  • Por: Eleuterio Romero Peña. 

    Profesor catedrático de la Uniatlantico. - 

    Dado el déficit analítico - cognitivo y crítico del grueso de la población Colombiana, que sin entrar a explicar sus causas, puede ser generado por el bajo nivel de escolaridad o por la represión estatal para que no exprese su descontento popular, observamos que su preocupación  sobre el COVID-19  se basa en sus consecuencia inmediatas y más visibles como es el inusual confinamiento en casa, dado que para los costeños del mar caribe la calle es su histórico club social.

    Los costeños de extracción popular es en la calle de los barrios populares donde festejan el matrimonio, los cumple años, los grados, y todo tipo de reunión social  propia del macondo que fundó Gabriel García Márquez para que en el naciera Juan Gossain, los Zapata Olivella, David Sánchez Juliao y ese mítico personaje  de la manigua  Ceballera Alfredo Young Castro.

    El costeño del caribe le preocupa más la nostalgia de la soledad de la calle, que saber, que el modelo de salud privado y de mala calidad que le ofrece el estado es un factor determinante del alto índice de contagiados; que saber las razones políticas y económicas por las que el gobierno no cerró a tiempo las fronteras terrestres y aéreas, o saber por qué el gobierno prevaleció la economía ante la vida,  y porqué el ejecutivo no tomo a tiempo las medidas de prevención cuando en China y en Europa el virus ya era pandemia.

    Inicialmente, los sectores de clase alta y media aparecían en número los más contagiados que los sectores de clase baja, por la sencilla razón que este sector social es el que viaja y los aeropuertos estaban abiertos. Actualmente no hay revelaciones  estadísticas que nos digan qué  sector de la sociedad registra el mayor índice de contagiados, aun cuando la tendencia estadística es que el mayor pico le corresponderá a los pobres, porque sin ser especialista en el ramo el sistema inmune determinado por la calidad de la alimentación, juega un papel importante en defensa del organismo ante las enfermedades. Y los pobres en Colombia no tienen un sistema alimenticio balanceado, por lo tanto, los mayores contagiados por el coronavirus en Colombia serán los pobres. Además, porque viven del día a día y tiene que salir diariamente a la calle al rebusque, a eso debemos agregar en el caso del costeño del caribe. Que la idiosincrasia cultural, es no tomar nada en serio.

    Pero de lo que si estoy seguro es que a los pobres de este país no les va afectar tanto el covid -19  generado por el coronavirus, como si le ha afectado el covid ético y moral de la clase política colombiana. Es una clase política anticristiana, y es tanto su descomposición ética y moral que ya comenzaron a robarse los subsidios del plan social para las víctimas del coronavirus, al estilo de Agro Ingreso Seguro. Cuyo autor presuntamente le robó el dinero a miles de campesinos, lo tienen recluido en una habitación militar cinco estrella libre de coronavirus.

    La corrupción en este país es más criminal que el Covid -19, es el peor coronavirus de este país. El coronavirus de la corrupción en Colombia ha asesinados niños y ancianos por robarse la plata de los hospitales. El coronavirus de la corrupción tiene sin financiación a la educación pública tanto de las escuelas como de las universidades.

    En Colombina no hay diferencia entre Covid-19, Pobreza y Corrupción. Pues son tres pestes distintas y un solo autor verdadero: El estado.

  • Por:Jairo Otero.

    Seguimos contemplando como la mentira hace su festín en medio de la angustia y el dolor, al mirar cómo se suplantan identidades y se roban fácilmente las pertenencias de los más débiles

    Estos tiempos de aislamiento social, permiten que los ciudadanos puedan tener una visión clara y diferente de muchos aspectos, que en condiciones normales son difíciles de percibir; uno de esos aspectos, lo constituye la capacidad de lucha de los seres humanos, frente a un enemigo invisible y mortífero, como lo es el virus que en estos momentos tiene en vilo a la población mundial.

    Los colombianos vemos con alto grado de consternación, las vergonzosas actuaciones de unos pocos, quienes han mantenido sus territorios bajo el yugo de la mentira y el engaño, y como en estos momentos de necesidad, aprovechan aún más, las diferentes demandas de una ciudadanía indefensa y necesitada, para clavar sus peligrosos dardos y así atesorar cada vez más recursos, para mantener su poder.

    Es difícil imaginar que algunos seres humanos, puedan violentar con un descaro irracional, los escasos recursos económicos y humanos, destinados por el gobierno para atender las necesidades básicas de sectores que hacen parte de poblaciones vulnerables; para perseguir su propio bien, sin que les preocupe el perjuicio de las mayorías.

    En esta etapa crítica, sería lógico pensar, que el flagelo de la corrupción que deshonrosamente nos ha dado los primeros lugares en América y en el mundo, había quedado aislado y en cuarentena, para que trabajáramos todos hacía el mismo norte en la búsqueda de soluciones a tantas necesidades derivadas de la pandemia; sin embargo, vemos con tristeza, como los dueños de ese poder oscuro, vuelven a despojar al pueblo de los pocos recursos que se han designado para mitigar los efectos del COVID 19.

    En un país como el nuestro, en donde las protestas son momentáneas, sin resultados visibles y en el que en corto tiempo todo queda en los anaqueles del olvido, no debe sorprendernos que los actos de corrupción sean deshonrosamente alcahueteados en su gran mayoría por el mismo Estado, que, con sus débiles instituciones en materia de control, no sanciona ni castiga con rigor estas deplorables acciones: que para esta coyuntura deberían considerarse de “lesa humanidad”.

    Desafortunadamente los colombianos contamos con un gobierno que solo expide normas para generar espacios que sirven de foco para que el flagelo de la corrupción fluya con mayor facilidad; en donde no existen controles, ni mucho menos seguimiento a programas  que con paños de agua tibia tratan de mitigar tantas fatigas sociales;  los “mega millones” de los que se habla todos los días, atizan más la voracidad de aquellos que se volvieron expertos en hacerle trampa a la transparencia; un gobierno que prioriza a los ricos antes que a una ciudadanía temerosa y débil, y que no garantiza el mejor aprovechamiento de los recursos.

    Así las cosas, seguimos contemplando como la mentira hace su festín en medio de la angustia y el dolor, al mirar cómo se suplantan identidades y se roban fácilmente las pertenencias de los más débiles; ya se han detectado más de un centenar de sobre facturaciones,  y la institucionalidad seguirá con su discurso de investigación y de falsos seguimientos como ya lo han hecho con los grandes desfalcos del país, como Odebrecht y Reficar, por mencionar un ejemplo de los casos más graves de corrupción en la historia de Colombia.

    Se transfieren grandes sumas de dinero al sector salud, a EPS e IPS, y lo que se evidencia son sobre facturaciones en medicamentos e implementación hospitalaria; hecho que preocupa aún más si se tiene en cuenta: el no pago de salarios y honorarios por más de seis meses, a los funcionarios de la salud, quienes están prestando su mayor servicio en esta pandemia, y la escasa dotación de elementos de bioseguridad para evitar el contagio.

    Vemos: como los bancos siguen con su disfraz de filantropía, acorralando aún más a un pueblo empobrecido y endeudado, como ciertos sectores productivos e intermediarios, especulan en gran proporción frente a las necesidades de seguridad alimentaria, como a muchos sectores de la sociedad que vivían del día a día se los ha discriminado y hoy sufren el desconcierto y la fragilidad de sus ya precarias actividades. En esta lista interminable, los desconciertos y lamentaciones no pararán de mencionarse cada día, sino hacemos algo como Sociedad civil (Sabemos que a veces nos llama el egoísmo para acuñar la popular frase: Sálvese quien pueda), para establecer veedurías ciudadanas en cada espacio territorial del país donde se estén desarrollando actividades administrativas de manejo de los recursos públicos, y lógicamente vigilar las generosas donaciones que muchos ciudadanos han realizado, en apoyo a la mitigación de los efectos de la pandemia como ayuda humanitaria.

    Es urgente que se establezcan las veedurías ciudadanas, para dar ejemplo a un estado contaminado por el terrible flagelo de la corrupción, y exigir así el respeto por los dineros que hoy se deben direccionar a los más pobres; hacer un llamado urgente a los órganos de control, para que, de una vez por todas, impartan sanciones severas que dignifiquen su papel en la sociedad, castigando de manera rápida y efectiva a ésta terrible pandemia de los corruptos.

     

  • Por:Diego Angulo Marinez.

    Líder social y político de Tumaco. - 

    En todos los rincones de la geografía nacional, aparecen escándalos por los malos manejos de los recursos orientados a mitigar los efectos del COVID-19, denuncias, quejas, escándalos en medios de comunicación y señalamientos.Quedamos atónitos, al observar el apetito voraz de algunos frente a lo que es de todos.

    En estos tiempos, la corrupción ocurre porque los avivatos tienen el escenario propicio para estas lides.Cuando estamos en cualquiera de los estados de excepción desarrollados entre los artículos 212 a 215 de la Carta Política, o cuando existen motivos determinantes para ello, los administradores públicos deben declarar la urgencia manifiesta, lo que les implica (i) simplificar los trámites de contratación (ii) realizar procedimientos con mayor celeridad que en los términos establecidos (iii) existe una justificación que es un hecho notorio (iv) el manejo de dinero en efectivo es más fácil y (v) la tendencia asistencial del Estado es más necesaria, por lo tanto hay réditos políticos y lo más importante, para ellos, económicos.

    En ocasión de la eventualidad inédita en nuestro ordenamiento jurídico, el Gobierno, las administraciones departamentales, distritales y municipales han expedido actos administrativos que tienen que ver con la ordenación de gastos para enfrentar la pandemia, para eso se han realizado contratos donde hemos visto aumentos relacionados en precios exorbitantes de productos que se encuentran en la canasta familiar, como azúcar, arroz, café, de forma escandalosa en el agua, de la misma manera, diferentes modalidades exóticas por decirlas así, de la contratación en tiempos de COVID-19, desde capacitaciones, acompañamientos, entre otros.

    Esta situación nos preocupa y asusta.El grupo élite que trabaja en el tema por parte de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, debe a nuestro juicio, orientarse de la siguiente manera:

    1. Debe hacerse una división de grupos investigativos que se denominarán triados por parte de representantes de los tres organismos de control, que por cada entidad territorial requerida realice un programa metodológico.
    2. El programa metodológico, debe cumplir en el término perentorio máximo de una semana, donde analizarán, contratos, valores, beneficiarios e impacto real en la comunidad.
    3. Los procuradores delegados, fiscales delegados, contralores provinciales, todos en cuarentena, varios con términos suspendidos, deberes de tiempo completo, desde el teletrabajo a esta función.
    4. Los órganos de control, deben enviar una circular dirigida a todas las entidades territoriales destinatarios del control, para entregar de manera inmediata por medios electrónicos la información suministrada.
    5. Las plataformas de compra eficiente del Estado y las cámaras de comercio, deben ser expeditas en la colaboración en cuanto a la información que se vislumbra.
    6. Luego, de realizar estos análisis, la tríada debe reunirse en un grupo de valoración preliminar, para determinar si existe o no mérito de instrucción disciplinario, fiscal o penal en cada contrato que se encuentra en investigación para realizar la investigación.
    7. Concluido este análisis se debe proceder a realizar las imputaciones, apertura de investigación disciplinaria y fiscal en todos los casos, haciendo comunicados conjuntos de interés general.
    8. Como mecanismo ejemplarizante a indicios y evidencia probatoria concluyente, es imprescindible que se realicen todas las fallas y suspensiones preventivas a ese lugar, mientras se vence en juicio a los responsables de estos ilícitos.

    Es vital el acompañamiento de las veedurías ciudadanas y de todos los órganos creados a raíz de la Ley 1757 de 2015, que modifica medidas y correspondencias para los dueños del dinero, que somos todos los habitantes del país, puede prevenir, vigilar y proponer como se van a desarrollar las actividades del erario.

    El mundo está cambiando con ello, la forma de comunicarse, las necesidades humanas y nuestras proyecciones, no es admisible que quienes tienen la administración, custodia y manejo de los recursos públicos, entrar está como una oportunidad para enriquecer su patrimonio, generando con esto, una actitud inequívoca en producir un genocidio contra la humanidad.

    El país está esperando resultados concretos contra la corrupción, ha llegado el momento de generar precedentes concretos que llenan de esperanza a la ciudadanía, de que Colombia no siempre estará condenada a la orfandad.

  • Por:Edgar Montilla González.

    Abogado, Defensor de Derechos Humanos.    

    Una gran preocupación surge en los centros de reclusión del país colombiano ante la propagación de la pandemia que amenaza al mundo entero, sumado al fenómeno de hacinamiento que no es ajeno a ninguna de las penitenciarías, de las Unidades de Reacción Inmediata, ni de los Centros de Reclusión para adolescentes, hacinamiento que está por el orden del 36.5%. 

    Angustia y desesperanza padecen los familiares de quienes se encuentran privados de la libertad al ver la incapacidad del Estado para encontrar soluciones prontas.Tanto reclusos como sus familiares le temen a dos salidas afectadas: una, que no se concedan los beneficios y queden afectados a contagiados y morir en reclusión por coronavirus;otra, que el gobierno tenga la desfachatez de permitir una nueva masacre como la ocurrida hace días en la que perdiera la vida bajo las balas asesinas del Estado alrededor de 23 seres humanos y un número muy significativo de reclusos heridos que sobrepasa los 80.

    Ante tales circunstancias los defensores de los derechos humanos, antes de que esté pandemia toque fondo, insista en la adopción de medidas urgentes humanitarias alejadas de cualquier mecanismo de represión, violencia y persecución.Es necesario implementar urgencias liberaciones de carácter humanitario en cualquiera de sus modalidades a fin de prevenir el contagio del Covid19.Se trata de la medida más urgente de liberación de la mayoría de los reclusos de todas las cárceles del país para que no se vea amenazada la vida de los internos ante la pandemia por coronavirus.

    Para ello no es necesario una nueva norma, ya que la aplicación del Código Penal vigente es suficiente, pues corresponde a los jueces de la República hacer estudios juiciosos en los casos en que se dan los presupuestos, como cuando se trata de personas mayores de 65 años, libertad condicional para quienes cumplan las 3/5 partes de la pena impuesta, flexibilizar las condiciones para acceder a la prisión domiciliaria a quienes cumplan la mitad de la condena o más de la mitad.Deberá entonces priorizarse a la población que se encuentra en riesgo y aquellos que están próximos a cumplir la pena o resta poco.

    El país está entrando en la etapa pico de la pandemia, se hace indispensable la puesta en marcha de medidas para modificar la vida y la integridad de la población carcelaria.Que no se repita lo de la Cárcel de Villavicencio, donde las deplorables condiciones sanitarias sin ninguna garantía de salubridad y el hacinamiento, están produciendo la tragedia que ya el país conoce.

    Corresponde al Estado adoptar protocolos de salubridad para los reclusos que quedan, personal de custodia y administrativos garantizándoles atención médica permanente, condiciones de higiene y distanciamiento suficiente entre sus ocupantes.

  • Por:Michelle G. Parodi.Poeta, lideresa juvenil.Ipiales Nariño

    Las protestas del personal de salud en la entrada del Hospital Civil de Ipiales, nos recuerda la importancia de destinar más recursos para la salud que permitan la dotación para la atención de estos eventos y, paralelamente, disminuir una burocracia inservible.

    Por estos días no solo nos sorprende la velocidad de contagio en el mundo del Covid-19, sino las condiciones paupérrimas con las que cuentan los profesionales de la salud para atender a los pacientes contagiados.

    Tratar de héroes a los médicos ahora, es un cinismo que no tiene contemplación. El personal profesional de la salud está sometido a todo tipo de vejámenes, que van desde contrataciones cada tres meses, honorarios irrisorios, largas horas de trabajo, hasta atraso reiterado en sus pagos y, para rematar, los colocan en la primera línea para enfrentar una pandemia con un tapabocas y unos guantes. ¡No hay derecho!   

    Las noticias que dan a conocer a diario los medios de comunicación y las entidades pertinentes, hacen referencia al incremento desmesurado de los y las pacientes contagiados. Esto ha generado un ambiente de mayor prevención, de alerta y de mucha solidaridad con las familias y el personal sanitario. Ipiales registra 34 casos positivos de 54 en el Departamento de Nariño (Dato obtenido al cierre de esta columna), demostrando fehacientemente que, las medidas tomadas por la Administración Municipal, no han contribuido a una solución efectiva de la problemática del contagio. La cacareada militarización de la ciudad, solo fue calentura de un día y mucha gente sigue en las calles, sin que se ejerza un control por parte de las autoridades. Las desigualdades sociales han aumentado y se manifiestan en el aumento de la violencia de género, hurtos a mano armada y familias sin comida.

    Por ello es procedente preguntarnos: ¿Tiene el Hospital Civil de Ipiales, la capacidad resolutiva para contener el incremento de contagio del Covid-19? Por lo comentado, creería evidente la respuesta; sin embargo, nos hemos dado a la tarea de preguntar a algunos trabajadores del Hospital Civil de Ipiales y al público en general, su apreciación al respecto.

    ¿Cuántas camas hay en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)?

    En este momento el Hospital cuenta con 20 camas, de las cuales 10 son destinadas para el tratamiento de las y los pacientes que presenten el COVID-19, con los respectivos ventiladores y los equipos especializados para dicha atención.

    ¿Los trabajadores del Hospital Civil de Ipiales tienen garantías de para atender la pandemia y proteger su vida?

    No, empezando desde la entrega de un kit personal que consta de elementos de protección para las y los trabajadores que hasta ahora no ha sido entregado. El Gerente del Hospital se contenta en dar un tapabocas y gafas, mas no lo que en realidad se requiere para el cuidado de ellos y ellas dentro de su trabajo. Sería bueno que se suministre los siguientes elementos para poder trabajar con seguridad: mascarillas N95, gorros, uniforme en tela desechable, peto desechable, polainas desechables y dos talegas rojas.

    Sumado a lo anterior, el personal asistencial no cuenta con garantías en lo referente a sueldos, no tienen prestaciones sociales. Caso contrario, ocurre con el personal de nómina que no trasnocha, no trabaja domingos ni festivos.   

    ¿Está preparado el Hospital Civil de Ipiales para afrontar la pandemia?

    No, por la falta de insumos, por falta de ventiladores y la falta de compromiso de directores.

    Finalmente, quisimos conocer la opinión que tienen algunos ciudadanos sobre el sistema de salud en Ipiales y esto nos respondieron:

    ¿Cuál es su opinión con respecto a nuestro Sistema de Salud en esta ciudad?  

    La salud en Ipiales es deficiente. Somos alrededor de 150 mil habitantes y solo tenemos una institución de segundo nivel pública y otra privada. Las citas médicas, tanto generales como especializadas, son muy escasas debido a la falta de profesionales que puedan atender la demanda de los servicios de salud. En cuento a los medicamentos, son muy malos. Solo envían acetaminofén e ibuprofeno, sin solucionar de raíz nuestro problema.

    La IPS Municipal que es nuestra institución pública de primer nivel, tiene más gastos que ingresos. Solo es utilizada como fortín político y no se concentran en prestar un buen servicio. Como no tengo carnet de salud, siempre acudo a la farmacia o a médicos particulares cuando tengo cómo pagarlo. La atención de la salud en Ipiales es mala.

    Otros manifestaron:

    La salud en Colombia se convirtió en una empresa privada que roba los recursos para apoyar campañas políticas. Las EPS no sirven para nada, solo viven negando los servicios y colocando miles de trámites para acceder a una atención de calidad. Todos conocen los robos en el sector salud y ningún gobierno hace nada.

    En cuanto a la atención del Hospital Civil de Ipiales, la atención es pésima y creo que hay contadores que médicos.

    No tiene ningún propósito molestar a nadie, solo se hace imperativa la reestructuración de la capacidad de atención en el Municipio de Ipiales, en especial en su Hospital público de primer nivel. Ofrecer las garantías de protección a nuestros profesionales de salud en todos sus aspectos y exigir a la Administración Municipal medidas más efectivas para controlar la expansión del virus. Por ahora queda claro que, la pandemia develó la fragilidad de la atención en el Hospital Civil de Ipiales.

  • Denuncia delConcejal Erick Velasco  de la Convergencia Alternativa por Pasto

    El concejal exigió al alcalde de Pasto un mayor liderazgo en la atención a los habitantes de las comunidades y corregimientos mas pobres y vulnerables.

    “¿Qué debería hacer el alcalde de Pasto en el tema de los servicios públicos?Entre otras acciones, utilice los recursos del municipio, aumente los subsidios y disponibilidad de los recursos de las reservas.Todo esto en el marco de las disposiciones legales que el Estado de Emergencia le ha conferido a alcaldes y gobernadores.Lo principal por ahora es salvar la vida de las personas, especialmente de quienes viven en la marginalidad y hoy aguantan hambre en nuestro municipio ". Afirmó en tu muro de Facebook.

    https://web.facebook.com/ConcejalErickVelasco/videos/2888949461220925/ Denuncias en Facebook del concejal Erick Velasco

    El concejal declaró, además, en sus redes, que la Gobernación de Nariño podría presentar irregularidades e incoherencias, que configurarían sobrecostos y falta de planeación."Hago esta denuncia pública por sobrecostos y falta de planeación del transporte en los contratos de alimentación de la Gobernación de Nariño  para atención de población vulnerable en el marco de la emergencia del # Covid19 ".

    En el caso de los contratos de alimentación en Gobernación suman $ 2.200 millones, de los cuales $ 870 millones son para transporte.

    https://web.facebook.com/ConcejalErickVelasco/videos/243033596940918/ Denuncias en Facebook del concejal Erick Velasco

  • Por:Gonzalo Guillén y Julián F. Martínez.

    Memo Fantasma fue socio en proyectos de construcción de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y pertenencia al clan de los Cifuentes Villa, liderado por Dolly Cifuentes de Uribe, cuñada de Álvaro Uribe.

    Jorge Humberto Uribe Escobar es ratificado como notario 24 de Bogotá por su primo el presidente Álvaro Uribe Vélez.Desde entonces es el notario de confianza de "Memo Fantasma", hoy radicado en España.

    El notario de confianza del narcotraficante y paramilitar Guillermo León Acevedo Giraldo, alias “Memo Fantasma” (socio empresarial de la actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez) es Jorge Humberto Uribe Escobar.Este es primo del ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez y hermano del ex senador Mario Uribe Escobar, condenado por paramilitarismo en febrero de 2011 por la Corte Suprema de Justicia.

         Jorge Humberto Uribe Escobar, notario 24 de Bogotá, es grabado porque en 2008 su nombre fue limpiado mediante un controvertido decreto del entonces ministro del interior, Carlos Holguín Sardi, quien le borró dos lesiones que lo suspendieron del cargo por no pagar aportes al fisco por valor de $ 9.600 millones.Obtuvo la notaria 24 gracias a su hermano Mario Uribe manejaba la Superintendencia de Notariado y el Registro a través de sus fichas políticas, entre ellas su primo Uribe Vélez.

         Jorge Humberto Uribe Escobar fue ratificado como notario por su primo el presidente Uribe el 22 de octubre de 2008 en el Salón Gobelinos de la Casa de Nariño.

         “Memo Fantasma”, de la misma manera, era copropietario, en asocio con el también narcotraficante Francisco Cifuentes Villa, de dos hangares del aeropuerto de Medellín “Olaya Herrera”, desde donde despacharon cien toneladas de cocaína, principalmente para el cartel de Sinaloa, del mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo".En ambos locales operan las sociedades Sociedad Aeronáutica de Santander SA (SASA) y Aviones Ejecutivos Limitada (AVIEL).Esta última, además, posee oficinas en el Centro Aeronáutico de Bogotá, situado en Fontibón.

         Las referencias bancarias y comerciales principales de SASA y AVIEL son el Banco de Bogotá, del Grupo Aval, como consta oficialmente en la cámara de Comercio de Medellín.

         El clan de los narcotraficantes colombianos Cifuentes Villa tuvo su carga durante décadas la red principal de lavado de activos del cartel de Sinaloa y de él hizo parte fundamental Dolly Cifuentes de Uribe, cuñada de Álvaro Uribe Vélez y madre de dos sobrinos carnales de este, también ligados al crimen (VER AQUÍ).

      A la izquierda, el "Chapo" Guzmán y en el círculo Rojo, Francisco Cifuentes Villa, socio de "Memo Fantasma" en envíos aéreos de cocaína desde Colombia a través de dos empresas: SASA y AVIEL

    Desde este hangar del Olaya Herrera, “Memo Fantasma” y los Cifuentes Villa enviaban decenas de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

         Francisco Cifuentes Villa, quien era miembro con dos acciones del exclusivo Club El Nogal, de Bogotá, fue asesinado en 2007. Lo sucedieron en la cabeza de la organización criminal, Alex Cifuentes Villa y Dolly Cifuentes Villa de Uribe, cuñada de Álvaro Uribe Vélez.

    Álex terminó siendo el testigo estrella de la Fiscalía de Estados Unidos durante el juicio que le siguió en Nueva York al “Chapo” Guzmán, en el cual fue condenado por narcotráfico.

         Por mandato de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, SASA se encuentra embargada desde octubre de 2009 y sus bienes en proceso de extinción de dominio por narcotráfico, como lo demuestran los siguientes documentos:

     

    La Fiscalía detalló las aeronaves de “Memo” Fantasma y Cifuentes Villa (izquierda). El 19 de octubre de 2009 SASA fue embargada porque sus naves transportaban cocaína (derecha).

         No obstante, SASA continúa operando y sus cuatro helicópteros (principalmente el HK-4653) solían ser utilizados por el asesinado narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte, alias “Ñeñe”, reconocido por haber articulado –bajo la dirección de Álvaro Uribe Vélez– una operación de compra de votos en la costa norte para el actual presidente de Colombia, Iván Duque.

         Esa narco-aeronave es la de una controvertida fotografía en la que aparece “Ñeñe” Hernández a bordo con el promotor artístico Fernán Martínez Mahecha y el empresario ladrillero Ricardo Uribe Arango.

      De izquierda a derecha, Ricardo Uribe Arango, Fernán Martínez y “Ñeñe” Hernández.

         La fotografía fue puesta por el propio “Ñeñe” en su cuenta de Instagram, la cual sigue activa debido a que se llevó a la tumba el secreto de la clave de acceso. Sobre ella Uribe Arango se mantiene en silencio y Fernán Martínez ha dado dos versiones distintas. La primera de El Tiempo: “La foto fue tomada en un desplazamiento a Paipa, Boyacá, el 17 de abril de ese año, para recuperar el fuselaje de un avión siniestrado de propiedad de Ricardo Uribe, con el propósito de cobrar una póliza”. Agrega El Tiempo: “El rescate se debía filmar y Uribe, tras alquilar la aeronave, invitó a Martínez, quien ha dicho que no conocía al “Ñeñe” ni a María Mónica Urbina [esposa de “Ñeñe”], que también estuvo en el operativo”.

         En un trino suyo, Martínez dijo otra cosa:

         “El helicóptero de la foto que circula en redes, lo alquiló, en El Dorado, el empresario Ricardo Uribe Arango para ir a Villa de Leyva a conocer su proyecto ‘La Villa de Santa Fé´ (Ruagrup).

         “Ahí, en mayo 2016, vi por primera y última vez al Ñeñe Hernández”.

          La foto no pudo haber sido tomada el de mayo de 2016, como dice Martínez, si bien “Ñeñe” la publicó antes de esa fecha: 17 abril de 2016.

       Fernán Martínez hizo campaña por Iván Duque, lo mismo que “Ñeñe”, y el día de la fotografía la aeronave estaba embargada por la Fiscalía General con fines de extinción de dominio, no obstante lo cual continuaba operando.     

    Marta Lucía Ramírez y “Memo Fantasma”

         Las relaciones comerciales de la actual Vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez y el narcotraficante “Memo Fantasma” fueron puestas al descubierto por la organización InSight Crime, dirigida por el británico Jemery McDermmont y consagrada a investigar el crimen en América Latina. Ocurrieron a través de la firma de la Vicepresidenta, Hitos Urbanos SAS, cuyos datos principales son:

    EMPRESA HITOS URBANOS SAS

    HITOS URBANOS S.A.S

    • Mátricula Nº 01302308
    • Proponente Nº 00036192
    • Tipo de organización SOCIEDAD ANONIMA

    Nació el 19 de agosto de 2003, con escritura pública 1905 de la Notaría 22 de Bogotá. Esta compañía construyó con “Memo Fantasma” el lujoso edificio de oficinas de Bogotá Torre 85.

         La participación de “Memo Fantasma” se produjo a través de su empresa INVERSIONES ACEM S.A., constituída en la notaría 24 de Bogotá, del primo de Uribe Vélez.

     La firma de la vicepresidenta que tuvo negocios con el narcotraficante “Memo” Fantasma, es propiedad de ella, con un 26%, de su hija María Alejandra Rincón (26%) de su esposo, Álvaro Hermes Rincón Muñoz (8%) y otros cuatro que poseen 40 por ciento.

         Contra toda evidencia, la señora Ramírez ha negado sus negocios con “Memo” Fantasma. Sollozante, ha dicho en distintos medios.

         “Memo Fantasma no es socio de mi esposo”, aseguró a InSight Crime.

         La señora Ramírez asegura no recordar que ella le consiguió dos cupos a los hijos de “Memo Fantasma” en el exclusivo colegio de Bogotá Nueva Granada, donde estudiaron.

         No obstante, ella dejó ver que sí sospechaba de la condición delincuencial de “Memo Fantasma” cuando a través de su empresa estaba haciendo el negocio con él. Asegura que le pidió al entonces jefe de inteligencia de la Policía Nacional, el coronel Óscar Naranjo, que investigara el pasado de su socio y este último supuestamente conceptuó que no sabía nada.

         Naranjo, fue ascendido a general por Álvaro Uribe. Llegó a la dirección general de la Policía Nacional y tras su retiro de esa entidad fue vicepresidente de la república durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos.

         En su testimonio ante una corte federal, el 16 de enero de 2019, Álex Cifuentes Villa aseguró que el general Naranjo recibía una mensualidad del cartel de Sinaloa.

         La mensualidad, agregó, era a cambio de proteger al clan de los Cifuentes Villa en Colombia.

    Tomado de LA NUEVA PRENSAhttps://www.lanuevaprensa.com.co/component/k2/primo-de-alvaro-uribe-velez-es-el-notario-de-confianza-del-narco-memo-fantasma 24 Abril , 2020. Si estas interesado en investigaciones realizadas por LA NUEVA PRENSA puedes visitar su página https://www.lanuevaprensa.com.co/

  • Comunicado 04. - 

    El Comité Unitario de Paro del Departamento de Nariño en respuesta a las decisiones tomadas por los gobiernos Nacional, Departamental y Municipales ante la opinión pública, expresa:

    Las medidas autorizadas por Iván Duque son de corte autoritario y centralista y menoscaban la autonomía de Gobernadores y alcaldes.Van dirigidas a proteger los intereses de los Grupos financieros y económicos, o sea las ganancias por encima de la vida de la población colombiana.El decreto presidencial 593 del 24 de abril se presenta sofísticamente como prorroga a la cuarentena hasta el 11 de mayo, pero permite la apertura de la construcción y las manufacturas lanzando al peligro del contagio a millas de personas de las clases populares y humildes en contravía de lo dicho por autoridades médico científicas y de las recomendaciones de la OMS.

    Duque todos los días anuncia medidas para proteger, los micro, pequeños y medianos empresarios y políticas para los vulnerables e inversiones en la salud;pero en la práctica deja casi todo en manos de Gobernadores y alcaldes quienes asumen la crisis con los recursos territoriales.Es indignante que para Nariño la única inversión nacional hasta el momento sean 400 Mercados, mientras que millones de dólares en la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en la Costa Pacífica con saldo trágico de vidas campesinas, violando los acuerdos de paz.

    Convocamos al Gobernador, a los alcaldes, empresarios, organizaciones sindicales, comunales, sociales del campo popular a los parlamentarios, políticos que en su mayoría se identifican como amigos del presidente, que exijamos con dignidad al Gobierno Nacional las inversiones urgentes para la salud y la Seguridad Alimentaria del pueblo de Nariño.

    Al Gobernador ya los alcaldes les exigimos usar correctamente las facultades de emergencia económica y social, y la inversión de los presupuestos y de las limitaciones se requieren exclusivamente para las necesidades derivadas de la pandemia.Los contratos deben asignarse con trasparencia, y por experticia de los oferentes y no para pagar favores políticos.Es su deber establecer información adecuada para rendir cuentas y determinar el Control Social y la Veeduría ciudadana.Solicitemos al Señor Gobernador una aclaración pública por las supuestas irregularidades en los contratos para alimentos y poblaciones vulnerables.Exigimos al Alcalde de Pasto no descalificar las protestas simbolizadas en los trapos rojos.Es su deber trabajar con el alcalde diligencia en la solución de la problemática social y de hambre que azota a las Comunas y corregimientos.Los ciudadanos reclamamos medidas inmediatas para proteger el Derecho a la vida y la Seguridad alimentaria.Expresamos nuestro respaldo al Comité de Control Social y la Carta Abierta de las organizaciones comunales y sociales que llevan a cabo la Campaña #AlcaldePastoEstaconHambre.

    Rechazamos la decisión del Fiscal General quien en descarada persecución política, abre investigación penal a la alcaldesa de Bogotá, por una infracción que se paga con una multa, mientras se hace el loco con las investigaciones de Odebrecht, la Ñeñe Política y la corrupción con Mercados perpetrados por los amigos de Duque en la Costa Atlántica.

    Llamamos a los pobladores de los distintos municipios del Departamento a conmemorar el Primero de Mayo Día internacional de la clase trabajadora y popular.El Comité Unitario Departamental de Paro, invita fraternalmente a la unidad y exigir constitucionalmente nuestros derechos;por la dignidad de los trabajadores, el respeto a la vida, la democracia participativa, incluyente y diversa, la paz y la justicia social.

    Pasto 29 de abril de 2020

    ¡VIVA EL 1 DE MAYO DIA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES!¡A PARAR PARA AVANZAR VIVA EL PARO NACIONAL ¡

  • AtenciónNoticia en desarrollo.Redacción Tejiendo Territorios.

    200 personas entre venezolanos y colombianos en el que se cuentan también niños, niñas y adolescentes, se encuentran represados ​​en el lado ecuatoriano.Estas personas le exigen al gobierno colombiano y Nariñense, que los dejen pasar.

    Como se sabe, la frontera ha sido cerrada por los impactos que la crisis de salud pública del Ecuador puede producir en nuestro departamento y en Ipiales.De hecho, Ipiales es el municipio de Nariño con mayor afectación de contagios y muertes por el coronavirus.Hasta el 29 de abril están confirmados 54 contagiados, según el Instituto Departamental de Salud de Nariño - IDSN, esto representa el 49% del total de contagiados en Nariño.

    Estas personas pueden ser establezca un corredor humanitario y ser recibido en Colombia.Una parte van hacia la frontera con Venezuela y otros colombianos tienen sus familias en nuestro territorio.Denuncian que Ecuador no les ha brindado las condiciones para permanecer, han dicho que la Policía, el Ejército y la Migración Ecuatoriana los presionan a salir, incluso las insinúan que vayan por los pasos ilegales, actitud insolidaria e irresponsable de parte de las autoridades del vecino país

    Una misión compuesta por funcionarios de la Personería Municipal de Ipiales en coordinación con Defensoría del Pueblo hizo presencia en el Puente Internacional de Rumichaca, ayer 29 de abril al finalizar la tarde y pudo verificar la situación de este grupo de personas.

    La diputada por la convergencia Alternativa de Nariño Rosa Guevara, se pronunció ayer en su Twitter“La frontera con Ecuador sigue sin control y los casos de contacto de covid-19 en Tumaco e Ipiales van increíblemente dramáticamente.Al parecer, Ecuador no está cumpliendo el plan espejo.Urge intervención de @CancilleriaCol, @mindefensa, @IvanDuque ”

    Especialmente un grupo de unos 60 colombianos evidentes que quieren entrar a Colombia, pero que no cuentan con los recursos ni condiciones económicas para algunos de un período de aislamiento obligatorio en Ipiales;Piden que incluye las autoridades colombianas brinden estas condiciones.

    La tensión aumenta en la medida en la única repuesta de la parte de los gobiernos de Ipiales, Nariño y Colombia, es la presencia de la Policía Nacional, ESMAD, Policía Migratoria y vallas reforzadas con alambres de púa.  

    Por las características y declaraciones que han dado, estas personas que presentan son en su gran mayoría población vulnerable, migrantes, víctimas del conflicto y trabajadores informales que están en un sandwich institucional entre autoridades colombianas y ecuatorianas.Estas personas, además corren el riesgo de ser víctimas de los grupos criminales que realizan el tráfico de migrantes por pasos informales, el contrabando y el narcotráfico en el corredor fronterizo.

    Se debe mantener la frontera cerrada, pero también es cierto que este grupo de migrantes son sujetos de protección especial, por lo tanto, la situación exige la puesta en práctica de un protocolo excepcional para estos casos.Si no, estas personas no tienen otra alternativa que ingresar por los pasos ilegales, agravando así la situación de salud pública que ya tiene Ipiales y Nariño.   

     Foto: Tejiendo Territorios. 

  • Por:Zabier Hernández Buelvas.Director editor de tejiendoterritorios.co - 

    En una decisión, que, en estos tiempos de tozudez y centralismo nacional, se podría catalogar como de autocrítica audaz, el gobernador de Nariño Jhon Rojas ha decidido revisar y ajustar los contratos de adquisición y entrega de ayudas alimentarias para atender a la población vulnerable y afectada por el Covid-19 en Nariño.

    Es de sabios corregir dice el adagio popular.El Gobernador de Nariño declaró en sus redes sociales que “Queremos dar claridad a todos los nariñenses respecto a la contratación de las ayudas alimentarias en el Departamento y múltiples que no se han presentado ninguna irregularidad, hemos tomado los correctivos del caso y este es el balance de nuestra gestión ".

    Para ver toda la intervención del Gobernador de Nariño, haga clic aquí:https://www.facebook.com/JhonRojasCa/videos/670978960407659/

    Siendo positiva la decisión, en su intervención audiovisual por Facebook el mandatario departamental, es un poco contradictorio.Afirma no haber ninguna irregularidad, pero sin embargo, anuncia que se aplicaron correctivos.¿Correctivos a quienes?¿Qué errores hubo para tener que aplicar estos correctivos?La investigación debe seguir y debe arrojar el resultado de los responsables, porque en la práctica se configuró una actuación irregular en los estudios previos del proceso de contratación y costos.

    Hay que decir, eso es la opinión publica lo sabe, el concejal Erick Velasco, respaldado por la Convergencia social Alternativa de Nariño, hizo las denuncias pertinentes, antes incluso que la Contraloría hiciera la auditoría funcional a los contratos en la publicación, lo que demuestra que denunciar, hacer la ciudadanía y el control político a los gobernantes tanto locales como departamentales y nacionales es muy necesario y pertinente en el momento actual de la pandemia que vivimos.

    Estas denuncias y su decisión acertada de corregir y ajustar los valores del contrato de Mil millones, quedando este en 687 millones y el de 1200 millones, quedando en 815 millones, lo que salvan y ahorran a las finanzas públicas departamentales la suma no despreciable de $ 698 millones de pesos (32%) del valor total de los 2 contratos, que servirán para atender a más nariñenses en esta crisis.

    Al César lo que es del César, se le abona al Gobernador Jhon Rojas, la valentía de escuchar, corregir y ajustar.

    Posdata 1 : Gobernador, no le queda bien seguir hablando de la descentralización y delegación de la contratación, usted es el titular y usted el responsable único de los actos de gobierno y administrativos de la Gobernación.

    Posdata 2 .Señor gobernador, fue innecesaria su "advertencia" de interponer demandas contra quienes, cumpliendo su rol de veeduría ciudadana y control político, han hecho las denuncias formales y respetuosas sobre la contratación.Al contrario, su llamado debe ser a los ciudadanos se apersonen, se empoderen y hagan más veedurías a estos procesos.

  • Por:   Juan Sebastián Gil.Estudiante, periodista, investigador y lector.

    Se confirmó la sistemática persecución al periodismo verdadero.El Ejército de Colombia perpetró una acción de espionaje en contra de periodistas, activistas y políticos, que no es solo reprensible, sino ilegal.

    Históricamente el Ejército de Colombia ha estado implicado en acciones de inteligencia militar que hostigan y pueden poner en riesgo la seguridad de activistas, líderes sociales, periodistas y políticos de oposición.Hoy, estas directrices dejan ver características totalitaristas dentro del Gobierno de Iván Duque, además de unas Fuerzas Militares corruptas y que proceden en el marco de la ilegalidad.

    El último informe de la Revista Semana titulada Las carpetas secretas, reveló la existencia de un archivo organizado entre febrero y noviembre del 2019 por miembros del Batallón de Ciberinteligencia al que pertenece el Comando de apoyo de Inteligencia Militar;este archivo contiene un perfilamiento, seguimiento personal e informe de inteligencia de 130 personas, que incluye información personal de periodistas, activistas, líderes sociales, políticos, defensores de derechos humanos, entre otros.El perfilamiento incluye, además, una descripción precisa de las relaciones personales y profesionales de estas personas, amigos, familiares, colegas, sus fuentes periódicas y fuentes abiertas;lo que supone un riesgo tanto para las personas perfiladas como para todo aquel que se relacione con ellas.

    Estos folios se encontraron en diciembre de 2019, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó un allanamiento al cantón de comunicaciones del Ejército, para una inspección del Batallón de Ciberinteligencia.En el proceso de indagación se evidencia que esta dependencia maneja información que no solo no es de su competencia, sino que además es ilegal

    Las acciones de espionaje se ajustan al período de Nicacio Martínez como general del Ejército, quien fue nombrado por Iván Duque el 14 de diciembre de 2018 y abandonó el cargo en diciembre del 2019.

    Martínez se retiró justo después de que se conocieran tanto la interceptación telefónica al político Roy Barreras, el exgobernador de Nariño Camilo Romero y Cristina Lombana, magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, como la sistemática persecución y seguimiento al equipo investigativo de la Revista Semana y otras actividades de espionaje ilegal que se lleva a cabo en el Batallón de Ciberinteligencia.Sin embargo, Iván Duque anunció que el general Martínez dejaba el cargo por motivos familiares.

    Como general del Ejército, Martínez también se responsabilizó de establecer directrices enfocadas para aumentar el número de ataques, capturas, rendiciones y muertes en combate.A través de presión la indicación "hacer lo que fuera necesario" para duplicar los resultados militares, contaba, además, con rendición de cuentas y proyección militar.Situación alarmante que dejaba ver la inminente aparición de casos vinculados a los 'falsos positivos'.Esto fue denunciado por The New York Times, medio que publicó la investigación de Nick Casey, periodista estadounidense especialista en temas de conflicto armado.

    A esto, se sumaron escándalos como el asesinato del excombatiente de las FARC, Dimar Torres, el cual fue perpetrado por miembros del Ejército;o el bombardeo a un presunto campamento de disidentes de las FARC en el que fueron masacrados menores de edad por parte de las Fuerzas Militares.

    Ahora bien, no es coincidencia que el primer folio de perfilamiento, dentro de los encontrados, sea el de Nick Casey.En un informe de 15 páginas se encuentra una descripción detallada de sus contactos tanto en Colombia como en Estados Unidos, su ubicación, los lugares que frecuenta, sus fuentes periódicas y fuentes abiertas, incluso, una lista de sus seguidores y una descripción de sus interacciones en redes sociales.Esta acción pretende, además, conocer e intervenir en las fuentes del periodista, como por ejemplo, sus entrevistas para informes, así como un análisis de cómo desarrolla su trabajo investigativo, contactos en las regiones, colegas, etc. En consecuencia, en este trabajo de espionaje el Ejército perfiló también a otros periodistas de medios norteamericanos, como Juan Forero,

    Otra víctima dentro de los folios de perfilamiento es Lynsey Addario, fotorreportera de National Geographic.Aparece en el archivo de espionaje después de elaborar trabajo periodístico y fotografiar miembros del ELN en el Chocó para un informe publicado en la revista.Además del informe de contactos, destaca un mapa de Colombia con una georreferenciación de la ubicación y desplazamiento de Addario.Otros fotoperiodistas, como Stephen Ferry, especialista en fotografía de conflicto en Colombia, también son víctimas de este perfilamiento.

    Así mismo, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, quién criticó fuertemente el criterio de Nicacio Martínez como general del Ejército, pues Martínez era segundo al mando de la Décima Brigada, tiempo en el que hubo investigaciones por 23 asesinatos ilegales.

    Esto deja ver dos características fundamentales en el ordenamiento de dicho espionaje.Primero, se perfiló a quienes desde la prensa u organizaciones de derechos humanos denunciaron a nivel internacional la doctrina de seguridad del Ejército;y segundo, la pretensión de intervenir en fuentes periodísticas para acercarse a posibles contactos con grupos subversivos.

    No es menor que haya ciudadanos estadounidenses perfilados, pues esto supone un riesgo altísimo en la confianza de inversión en inteligencia militar.Patrick Leahy, senador de los Estados Unidos, se refirió al caso y declaró que "Las denuncias de interceptaciones ilegales y monitoreo secreto de periodistas y defensores de derechos humanos serán seriamente examinadas al momento de determinar la asistencia militar de Estados Unidos a Colombia".

    Sin embargo, es sabido que los recursos de asistencia militar se han utilizado históricamente para la persecución e intimidación de periodistas, líderes sociales y políticos.Ahora, ¿cómo pudo el Ejército por sí solo desviar fondos de inteligencia para hacer investigaciones ilegales?¿La fragilidad Estatal en Colombia es tal, que el Gobierno no está enterado de estas acciones?O ¿El Gobierno aprobará estas prácticas?

    A la lista de perfilados se suman también periodistas locales como María Alejandra Villamizar, que tiene una extensa carrera como editora política en diferentes medios corporativos.Entre los apuntes de su perfil están las evaluaciones de reportajes y entrevistas a comandancias del ELN.Además de los contactos, fuentes y direcciones en su perfil, están, también, su puesto de votación y sus infracciones de tránsito.A otro periodista colombiano, cuya identidad no es revelada por seguridad, se le realizó un perfil luego de una entrevista con alias 'Uriel', jefe guerrillero del ELN en Chocó.Su perfil incluye a sus colegas, contactos e incluso sus amigos de infancia.Este periodista también está georreferenciado y su perfil está descrito como: "facilitador entrevista Gao ELN".

    Ahora bien, no solo los medios corporativos han sido víctimas, pues los medios de comunicación alternativos como Rutas del Conflicto también están perfilados, este medio particularmente está limitado con el estudio del conflicto armado.Su director, el periodista Óscar Parra, está referenciado en el perfil, así como el equipo de trabajo del medio.Algo de lo que no se ha hablado con relación al tema de Rutas del Conflicto es el informe “Convenios de Fuerza y ​​Justicia” que realizó este medio, y en el cual exponencia presuntos desvíos de fondos entre los convenios asignados por el Estado a las Fuerzas Militares, en los que describen la compra de paquetes turísticos, remodelación de capillas y tiquetes aéreos para militares, hasta la compra de instrumentos musicales, entre otros.

    Esto supone un riesgo para nosotros;los medios y periodistas independientes, que hemos sido perseguidos sistemáticamente por diferentes sectores.Dentro del sistema de perfilamiento, por ejemplo, se recopilan datos de la relación tanto de colegaje, como personal, de cada una de los espías, a través de inteligencia artificial, lo que pone a su disposición teléfonos, contactos, documentos e incluso información en redes sociales de quienes son cercanas a las personas perfiladas.

    La Liga Contra el Silencio, creada por la FLIP, también tiene un folio en el que se destaca: Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno, y Gina Morelo, editora de la Unidad de Datos de El Tiempo.Además están referenciados Yolanda Ruiz, directora de Noticias de RCN Radio, y Daniel Coronell, articulista y director de Noticias para Univisión.

    El espionaje y perfilamiento está dirigido también al sector social, dentro de los folletos aparecen diferentes miembros del Colectivo José Alvear, algunos de los cuales son los abogados de víctimas de 'falsos positivos'.Líderes sindicales como Humberto Correa de la Confederación General de Trabajadores, y Carlos Castañeda, expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, César Jerez, expresidente de ANZORC y defensor de los derechos del campesinado, e incluso, instituciones como el CINEP, centro de investigación sobre asuntos sociales, de derechos humanos y conflicto en Colombia y el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, organización que defiende los derechos de las víctimas del conflicto.

    Consecuentemente, también hay perfiles de políticos declarados en oposición al Gobierno Nacional, como es el caso de Feliciano Valencia, Gustavo Bolívar, Angélica Lozano y Antonio Sanguino.

    Sin lugar a duda, estas acciones controladas, desde el Ejército de Colombia y el Gobierno Nacional, por complicidad u omisión, se está instaurando un régimen de persecución

    Las Fuerzas Militares, la persecución y el Estado de derecha.En: La Oreja Roja

    Por: Juan Sebastián Gil.

    Se confirma la sistemática persecución al periodismo verdadero.El Ejército de Colombia perpetró una acción de espionaje en contra de periodistas, activistas y políticos, que no es solo reprensible, sino ilegal.

    Históricamente el Ejército de Colombia ha estado implicado en acciones de inteligencia militar que hostigan y pueden poner en riesgo la seguridad de activistas, líderes sociales, periodistas y políticos de oposición.Hoy, estas directrices dejan ver características totalitaristas dentro del Gobierno de Iván Duque, además de unas Fuerzas Militares corruptas y que proceden en el marco de la ilegalidad.

    El último informe de la Revista Semana titulada Las carpetas secretas, reveló la existencia de un archivo organizado entre febrero y noviembre del 2019 por miembros del Batallón de Ciberinteligencia al que pertenece el Comando de apoyo de Inteligencia Militar;Este archivo contiene un perfilamiento, seguimiento personal e informe de inteligencia de 130 personas, que incluye información personal de periodistas, activistas, líderes sociales, políticos, defensores de derechos humanos, entre otros.El perfilamiento incluye, además, una descripción precisa de las relaciones personales y profesionales de estas personas, amigos, familiares, colegas, sus fuentes periódicas y fuentes abiertas;lo que supone un riesgo tanto para las personas perfiladas como para todo aquel que se relacione con ellas.

    Estos folios se encontraron en diciembre de 2019, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó un allanamiento al cantón de comunicaciones del Ejército, para una inspección del Batallón de Ciberinteligencia.En el proceso de indagación se evidencia que esta dependencia maneja información que no solo no es de su competencia, sino que además es ilegal

    Las acciones de espionaje se ajustan al período de Nicacio Martínez como general del Ejército, quien fue nombrado por Iván Duque el 14 de diciembre de 2018 y abandonó el cargo en diciembre del 2019.

    Martínez se retiró justo después de que se conocieran tanto la interceptación telefónica al político Roy Barreras, el exgobernador de Nariño Camilo Romero y Cristina Lombana, magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, como la sistemática persecución y seguimiento al equipo investigativo de la Revista Semana y otras actividades de espionaje ilegal que se lleva a cabo en el Batallón de Ciberinteligencia.Sin embargo, Iván Duque anunció que el general Martínez dejaba el cargo por motivos familiares.

    Como general del Ejército, Martínez también se responsabilizó de establecer directrices enfocadas para aumentar el número de ataques, capturas, rendiciones y muertes en combate.A través de presión la indicación "hacer lo que fuera necesario" para duplicar los resultados militares, contaba, además, con rendición de cuentas y proyección militar.Situación alarmante que dejaba ver la inminente aparición de casos vinculados a los 'falsos positivos'.Esto fue denunciado por The New York Times, medio que publicó la investigación de Nick Casey, periodista estadounidense especialista en temas de conflicto armado.

    A esto, se sumaron escándalos como el asesinato del excombatiente de las FARC, Dimar Torres, el cual fue perpetrado por miembros del Ejército;o el bombardeo a un presunto campamento de disidentes de las FARC en el que fueron masacrados menores de edad por parte de las Fuerzas Militares.

    Ahora bien, no es coincidencia que el primer folio de perfilamiento, dentro de los encontrados, sea el de Nick Casey.En un informe de 15 páginas se encuentra una descripción detallada de sus contactos tanto en Colombia como en Estados Unidos, su ubicación, los lugares que frecuenta, sus fuentes periódicas y fuentes abiertas, incluso, una lista de sus seguidores y una descripción de sus interacciones en redes sociales.Esta acción pretende, además, conocer e intervenir en las fuentes del periodista, como por ejemplo, sus entrevistas para informes, así como un análisis de cómo desarrolla su trabajo investigativo, contactos en las regiones, colegas, etc. En consecuencia, en este trabajo de espionaje el Ejército perfiló también a otros periodistas de medios norteamericanos, como Juan Forero,

    Otra víctima dentro de los folios de perfilamiento es Lynsey Addario, fotorreportera de National Geographic.Aparece en el archivo de espionaje después de elaborar trabajo periodístico y fotografiar miembros del ELN en el Chocó para un informe publicado en la revista.Además del informe de contactos, destaca un mapa de Colombia con una georreferenciación de la ubicación y desplazamiento de Addario.Otros fotoperiodistas, como Stephen Ferry, especialista en fotografía de conflicto en Colombia, también son víctimas de este perfilamiento.

    Así mismo, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, quién criticó fuertemente el criterio de Nicacio Martínez como general del Ejército, pues Martínez era segundo al mando de la Décima Brigada, tiempo en el que hubo investigaciones por 23 asesinatos ilegales.

    Esto deja ver dos características fundamentales en el ordenamiento de dicho espionaje.Primero, se perfiló a quienes desde la prensa u organizaciones de derechos humanos denunciaron a nivel internacional la doctrina de seguridad del Ejército;y segundo, la pretensión de intervenir en fuentes periodísticas para acercarse a posibles contactos con grupos subversivos.

    No es menor que haya ciudadanos estadounidenses perfilados, pues esto supone un riesgo altísimo en la confianza de inversión en inteligencia militar.Patrick Leahy, senador de los Estados Unidos, se refirió al caso y declaró que "Las denuncias de interceptaciones ilegales y monitoreo secreto de periodistas y defensores de derechos humanos serán seriamente examinadas al momento de determinar la asistencia militar de Estados Unidos a Colombia".

    Sin embargo, es sabido que los recursos de asistencia militar se han utilizado históricamente para la persecución e intimidación de periodistas, líderes sociales y políticos.Ahora, ¿cómo pudo el Ejército por sí solo desviar fondos de inteligencia para hacer investigaciones ilegales?¿La fragilidad Estatal en Colombia es tal, que el Gobierno no está enterado de estas acciones?O ¿El Gobierno aprobará estas prácticas?

    A la lista de perfilados se suman también periodistas locales como María Alejandra Villamizar, que tiene una extensa carrera como editora política en diferentes medios corporativos.Entre los apuntes de su perfil están las evaluaciones de reportajes y entrevistas a comandancias del ELN.Además de los contactos, fuentes y direcciones en su perfil, están, también, su puesto de votación y sus infracciones de tránsito.A otro periodista colombiano, cuya identidad no es revelada por seguridad, se le realizó un perfil luego de una entrevista con alias 'Uriel', jefe guerrillero del ELN en Chocó.Su perfil incluye a sus colegas, contactos e incluso sus amigos de infancia.Este periodista también está georreferenciado y su perfil está descrito como: "facilitador entrevista Gao ELN".

    Ahora bien, no solo los medios corporativos han sido víctimas, pues los medios de comunicación alternativos como Rutas del Conflicto también están perfilados, este medio particularmente está limitado con el estudio del conflicto armado.Su director, el periodista Óscar Parra, está referenciado en el perfil, así como el equipo de trabajo del medio.Algo de lo que no se ha hablado con relación al tema de Rutas del Conflicto es el informe “Convenios de Fuerza y ​​Justicia” que realizó este medio, y en el cual exponencia presuntos desvíos de fondos entre los convenios asignados por el Estado a las Fuerzas Militares, en los que describen la compra de paquetes turísticos, remodelación de capillas y tiquetes aéreos para militares, hasta la compra de instrumentos musicales, entre otros.

    Esto supone un riesgo para nosotros;los medios y periodistas independientes, que hemos sido perseguidos sistemáticamente por diferentes sectores.Dentro del sistema de perfilamiento, por ejemplo, se recopilan datos de la relación tanto de colegaje, como personal, de cada una de los espías, a través de inteligencia artificial, lo que pone a su disposición teléfonos, contactos, documentos e incluso información en redes sociales de quienes son cercanas a las personas perfiladas.

    La Liga Contra el Silencio, creada por la FLIP, también tiene un folio en el que se destaca: Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno, y Gina Morelo, editora de la Unidad de Datos de El Tiempo.Además están referenciados Yolanda Ruiz, directora de Noticias de RCN Radio, y Daniel Coronell, articulista y director de Noticias para Univisión.

    El espionaje y perfilamiento está dirigido también al sector social, dentro de los folletos aparecen diferentes miembros del Colectivo José Alvear, algunos de los cuales son los abogados de víctimas de 'falsos positivos'.Líderes sindicales como Humberto Correa de la Confederación General de Trabajadores, y Carlos Castañeda, expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, César Jerez, expresidente de ANZORC y defensor de los derechos del campesinado, e incluso, instituciones como el CINEP, centro de investigación sobre asuntos sociales, de derechos humanos y conflicto en Colombia y el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, organización que defiende los derechos de las víctimas del conflicto.

    Consecuentemente, también hay perfiles de políticos declarados en oposición al Gobierno Nacional, como es el caso de Feliciano Valencia, Gustavo Bolívar, Angélica Lozano y Antonio Sanguino.

    Sin lugar a duda, estas acciones controladas, desde el Ejército de Colombia y el Gobierno Nacional, por complicidad u omisión, se está instaurando un régimen de persecución y señalamiento a quienes piensan diferente.

    No obstante, es particular que dentro de estos informes aparezcan exfuncionarios del Gobierno, como Jorge Mario Eastman, exviceministro de Defensa y secretario general para la Presidencia de Iván Duque.Dentro de los contactos destacados de su perfilamiento son oficiales activos y retirados, funcionarios del Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia.Así mismo, existen folios que involucran a militares como el capitán retirado César Castaño, miembro del equipo del general en retiro Jorge Mora, durante el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC;el coronel retirado Vicente Sarmiento, asesor de la oficina del alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, también aparece en el perfilamiento;el general retirado Carlos Lemus, segundo de la Justicia Penal Militar;el director de la DNI, y el exdirector de Indumil,

    Esto habla, además, de un ejercicio exhaustivo de control interno, en casos que tienen que ver directamente con temas relacionados al conflicto, y por supuesto, los 'falsos positivos' y las directrices del Ejército de Colombia.

    La defensa mediocre del Ejército frente al caso es que dentro del perfilamiento hay, sobre todo, información pública y de fuentes abiertas, lo cual es reprochable.Jorge Enrique Ibáñez experto en el marco jurídico de la inteligencia en Colombia, puede que no sea legítimo hacer búsquedas de manera tendencia, perfilamientos con características particulares o concretas en un grupo de personas controladas para ver de qué forma actúa, sea su punto de origen, de destino, contactos son sus contactos familiares, sociales, etcétera ”.

    Por su parte, la FLIP catalogó esta conducta como inconstitucional, inconveniente, antidemocrática y claramente ilegal.Esto, puesto que, además de atentar contra la seguridad de los periodistas, ver como una persecución que exponga también a los conocidos y las fuentes de los periodistas en cuestión.

    Ante la revelación del caso, Carlos Holmes Trujillo, actual ministro de Defensa, destituyó a 11 oficiales del Ejército y anunció que un brigadier general solicitó el retiro voluntario por el escándalo.

    Finalmente, quedan más dudas que respuestas con relación a este caso, asusta que en un Estado, supuestamente democrático, sucedan estas cosas, y se confirma la sistemática persecución al pensamiento crítico en el país.Además de esto, se reafirma la incompetencia del Gobierno y la negligencia en asuntos de relevancia.Como colombianos, estamos en el deber de exigir al Gobierno Nacional respuestas, hacer control político y, sobre todo, defender la libertad de prensa.Es inadmisible que como periodistas tengamos que temer por nuestra vida por el ejercicio de nuestra función.El periodismo específico tiene que ser contrapoder, la premisa de la búsqueda de la verdad no puede ser limitada por la intimidación.

    El periodismo verdadero es una práctica contrahegemónica que ni este autor ni ninguna colega dejará de ejercer con seriedad y sentido social, bajo ninguna amenaza.

    Tomdo dehttps://www.laorejaroja.com/las-fuerzas-militares-la-persecucion-y-el-estado-de-derecha/ La Oreja Rojahttps://www.laorejaroja.com/ Opina - Corrupción 2020- 05-03.

    Foto de portada: La Oreja Roja

  • Por: La Liga Contra el Silencio. - 

    ¿Quién o quiénes registran la orden de perfilamiento y vigilancia a periodistas y medios por parte de los organismos de inteligencia militar?

    Ante la revelación de la revista Semana de que el Ejército ejecutó un programa de seguimiento informático en la que la mayoría de sus blancos eran periodistas, nacionales e internacionales, políticos, generales, oenegés y sindicalistas –por lo menos unas 130 víctimas–, un grupo de periodistas perfilados por inteligencia militar y respaldados por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) manifestamos nuestro rechazo.Pero más que esto tenemos preguntas, pues a pesar de la información disponible no logramos comprender el alcance de estas acciones ilegales ordenadas desde una fuerza que tiene la obligación de determinar nuestra labor periodística, no de perseguirnos y estigmatizarnos:

    1. ¿Quién o quiénes especificaron la orden de perfilamiento y vigilancia a periodistas y medios por parte de los organismos de inteligencia militar, que ataca directamente las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país?
    2. Uno de los objetivos de la inteligencia militar es proteger los derechos humanos, y prevenir y combatir las amenazas internas o externas que se relacionan con la seguridad nacional.¿Somos los periodistas y medios vigilados por el Estado, una amenaza para la seguridad nacional?¿Con qué criterio justificar activar contra la prensa labores que están dispuestas para combatir la criminalidad?
    3. ¿Quiénes eran los destinatarios y / o tenían acceso a las carpetas con los perfilamientos y espionajes a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos?
    4. ¿Tiene el presidente Iván Duque, el Ministerio de Defensa o alguno de sus altos funcionarios, ¿conocimiento de estas actividades de espionaje ilegal?¿Qué acciones tomarán para que los periodistas puedan ejercer la profesión sin ser blanco de perfilamientos, espionaje y estigmatización?

    Según la investigación de la revista Semana, la inteligencia militar ejecutó un programa de seguimiento ilegal, por lo que exigimos que le entregue toda la información captada de manera inconstitucional a cada uno de los perfilados.

    Hoy 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, demandamos un pronunciamiento del gobierno del presidente Iván Duque y le recordamos las obligaciones del Estado colombiano para garantizar la libertad de prensa y el libre ejercicio del periodismo, pilares de una sociedad democrática.

    Firman

    Periodistas blanco de perfilamiento militar:

    Juan Forero, The Wall Street Journal;Ignacio Gómez, Noticias Uno;María Alejandra Villamizar;Caracol Radio y Caracol TV;Yolanda Ruiz Ceballos;Radio RCN y columnista de El Espectador;Dayana Rodríguez Bernal, Radio Nacional de Colombia;Daniel Coronell, Univisión;Óscar Parra, Lidha Beltrán Valero, Luisa María Rincón Guzmán, Paula Andrea Hernández Vargas, María del Pilar Puentes Espinosa, David Leonardo Riaño Valencia, Silvia Natalia Corredor Rodríguez, María Jimena Neira Niño, Álvaro Andrés Avendaño Alba, Juan Pablo Gómez Peña, Carol Lizeth Sánchez Fonnegra, Nicole Acuña Cepeda, Juana Teresa Callejas, Fernanda Barbosa dos Santos, Germán Alejandro Ballesteros Coral, Santiago Luque Pérez, Ricardo Sánchez Gómez, Richard Stiven Romero Trochez, Daniela Aguirre, de Rutas del Conflicto;Andrés Cardona Cruz, fotorreportero (Florencia, Caquetá);

    periodista independiente que escribe para La Liga Contra el Silencio.

    John Otis, corresponsal de NPR y del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ); Camilo Poveda, Blu Radio; Stephen Ferry, independiente; Federico Ríos, fotoperiodista; Nicolás Bedoya, fotoperiodista; Ginna Morelo, La Liga Contra el Silencio; Fundación para la Libertad de Prensa FLIP;

    Esta petición la respaldan:

    Jineth Bedoya Lima, Premio Unesco Guillermo Cano 2020 y subeditora de El Tiempo; Cecilia Orozco, Noticias Uno; Jaime Abello Banfi; José Manuel Acevedo, Noticias RCN; Néstor Morales, Blu Radio; Juanita León, directora de La Silla Vacía; Maria Teresa Ronderos, de la Junta Directiva del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ); Camilo Acosta, Camilo Sánchez, José Díaz, Sara Castillejo, Jeanneth Valdivieso – La Liga Contra el Silencio; Diana Durán, El Espectador; Camila Zuluaga, Blu Radio y Noticias Caracol; Mabel Lara, Noticias Uno; Darío Fernando Patiño, Radio Nacional de Colombia; Rodrigo Uprimny, columnista en El Espectador; Sinar Alvarado, columnista en The New York Times; Nathan Jaccard, editor Latam de OCCRP; Claudia Julieta Duque, Radio Niskor;; Carlos Huertas, director de Connectas; Patricia Gomez, RCN; Juan David Laverde; Juan Diego Restrepo E. y Bibiana Ramírez, VerdadAbierta; Olga Behar, periodista independiente; Equipo editorial Actualidad Panamericana

    PACIFISTA!

    Sara Trejos, Presunto Podcast; Maru Lombardo, Presunto Podcast; Javier Osuna, director Fahrenheit 451; Lorenzo Morales, colaborador de La Liga Contra el Silencio y Cerosetenta; Óscar Durán, CrossmediaLab de la Universidad Jorge Tadeo Lozano; Juan Camilo Maldonado y Elizabeth Otálvaro, Mutante; Juliana Castellanos, directora Unidad de Investigación Periodística del Poli; Alejandro Gómez Dugand, Cerosetenta; Natalia Arenas, Cerosetenta; Tania Tapia, Cerosetenta; Manuela Saldarriaga, Cerosetenta; María Fernanda Fitzgerald, Cerosetenta; Sebastián Payán, Cerosetenta; Fabio Posada, periodista independiente; Natalia Botero Duque, fotoperiodista; Camilo Vallejo, columnista La Patria; Julián Martínez, periodista independiente; Santiago Rivas, Presunto Podcast;; Betty Martínez, Diario del Norte y TuuPutchika en La Guajira; Jorge Cárdenas, periodista de Villavicencio; Adriana Villegas, columnista La Patria; Alejandro Samper Arango, columnista La Patria; Martín Franco Vélez, columnista La Patria; Cesar Molinares, periodista independiente; Catalina Lobo-Guerrero, periodista independiente; Carlos Chica, defensor de audiencias de Canal Capital; Camilo Jiménez Santofimio, periodista independiente; Óscar Sánchez, periodista independiente; Mauricio Beltrán, director de Fedemedios; Claudia Marcela Mejía, periodista independiente; María Paulina Baena, La Pulla; David Tarazona, Cuestión Pública; Patricia Nieto, periodista de Hacemos Memoria Universidad de Antioquia; Karim Ganem Maloof, El Malpensante; Maryluz Vallejo, Directo Bogotá; Belén Pardo, Vokaribe Radio; Ivan Mercado, Vokaribe Radio; Patricia Rendón, Vokaribe Radio; Walter Hernández, Vokaribe Radio; Alfredo González, Vokaribe Radio; Octavio González, Vokaribe Radio; Carolina Guerrero, Radio Ambulante; Daniel Alarcón, Radio Ambulante; David Trujillo, Radio Ambulante; Camila Segura, Radio Ambulante;; Constanza Bruno, periodista independiente; Fernanda Pineda, fotorreportera / Colombia; Natalia Guerrero Ulloa, periodista independiente; Santiago Wills, periodista independiente; Andrea Aldana, periodista de El Poder en Semana TV / Investigadora Fundación Paz y Reconciliación Colombia; Paula Thomas, Reojo colectivo; Charlie Cordero, Reojo colectivo; Santiago Mesa, Reojo colectivo; Andrés Cardona, Reojo colectivo; Andrés Buitrago, Reojo colectivo; Gerald Bermúdez, periodista y fotorreportero freelance: Andrés Páramo, periodista independiente; Diego Alarcón, periodista independiente; Laila Abu Shihab Vergara, periodista independiente La Cola de Rata

    Red Colombiana de Periodismo Universitario y sus medios integrantes:

    Datéate al minuto, Tinta Negra (Uniminuto Bogotá), Unimedios (Universidad Santiago de Cali), Un Pretexto (Universidad de Boyacá), Norte Urbano (Uniminuto Bello), Ciudad Vaga (Universidad del Valle), En Primera Persona (Universidad Católica de Pereira), Periódico 15 (Universidad Autónoma de Bucaramanga), Entre Nos, El Anzuelo Medios (Universidad de Ibagué), Contexto (Universidad Pontificia Bolivariana – Medellín), De la Urbe (Universidad de Antioquia), Sextante (Universidad Católica Luis Amigó), Unisabana Medios (Universidad de La Sabana), Bitácora, Nexos (Universidad EAFIT), Página, UniDiario, La UM Central (Universidad de Manizales), Unicomedio, Unicomfacauca Radio (Unicomfacauca), CrossmediaLab (Universidad Jorge Tadeo Lozano – Bogotá), Conexión Lasallista (Corporación Universitaria Lasallista), Ágora, Miradas y Voces (Universidad de Pamplona), Plataforma, Estación V (Universidad Pontificia Bolivariana – Bucaramanga), Universidad Tecnológica de Pereira

    Periodistas internacionales:

    Mónica González, periodista independiente, Chile;Fabiola Gutiérrez, La Pública, Bolivia;Marcela Turati, periodista independiente, México;Miguel Dimayuga, fotorreportero revista Proceso, México;Lise Josefsen Hermann, Periodista Freelance, Ecuador, Dinamarca;Raúl Romero fotorreportero, Venezuela;Nicola Frioli, fotógrafo, Italia;Sara Aliaga T., fotorreportero, Bolivia;Román Camacho, Fotoperiodista, Venezuela;Desirée Esquivel, periodista en Ciencia del Sur, Paraguay;Isabela Ponce, GK, Ecuador;Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, Venezuela;Fabiola Torres, Salud con Lupa, Perú;Thelma Gómez, periodista independiente, México;Francesco Manetto, Catalina Oquendo y Santiago Torrado, EL PAÍS de España;APIC, Asociación de Prensa Internacional en Colombia