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  • Por: Eleuterio Romero Peña. 

    Profesor catedrático de la Uniatlantico. - 

    Dado el déficit analítico - cognitivo y crítico del grueso de la población Colombiana, que sin entrar a explicar sus causas, puede ser generado por el bajo nivel de escolaridad o por la represión estatal para que no exprese su descontento popular, observamos que su preocupación  sobre el COVID-19  se basa en sus consecuencia inmediatas y más visibles como es el inusual confinamiento en casa, dado que para los costeños del mar caribe la calle es su histórico club social.

    Los costeños de extracción popular es en la calle de los barrios populares donde festejan el matrimonio, los cumple años, los grados, y todo tipo de reunión social  propia del macondo que fundó Gabriel García Márquez para que en el naciera Juan Gossain, los Zapata Olivella, David Sánchez Juliao y ese mítico personaje  de la manigua  Ceballera Alfredo Young Castro.

    El costeño del caribe le preocupa más la nostalgia de la soledad de la calle, que saber, que el modelo de salud privado y de mala calidad que le ofrece el estado es un factor determinante del alto índice de contagiados; que saber las razones políticas y económicas por las que el gobierno no cerró a tiempo las fronteras terrestres y aéreas, o saber por qué el gobierno prevaleció la economía ante la vida,  y porqué el ejecutivo no tomo a tiempo las medidas de prevención cuando en China y en Europa el virus ya era pandemia.

    Inicialmente, los sectores de clase alta y media aparecían en número los más contagiados que los sectores de clase baja, por la sencilla razón que este sector social es el que viaja y los aeropuertos estaban abiertos. Actualmente no hay revelaciones  estadísticas que nos digan qué  sector de la sociedad registra el mayor índice de contagiados, aun cuando la tendencia estadística es que el mayor pico le corresponderá a los pobres, porque sin ser especialista en el ramo el sistema inmune determinado por la calidad de la alimentación, juega un papel importante en defensa del organismo ante las enfermedades. Y los pobres en Colombia no tienen un sistema alimenticio balanceado, por lo tanto, los mayores contagiados por el coronavirus en Colombia serán los pobres. Además, porque viven del día a día y tiene que salir diariamente a la calle al rebusque, a eso debemos agregar en el caso del costeño del caribe. Que la idiosincrasia cultural, es no tomar nada en serio.

    Pero de lo que si estoy seguro es que a los pobres de este país no les va afectar tanto el covid -19  generado por el coronavirus, como si le ha afectado el covid ético y moral de la clase política colombiana. Es una clase política anticristiana, y es tanto su descomposición ética y moral que ya comenzaron a robarse los subsidios del plan social para las víctimas del coronavirus, al estilo de Agro Ingreso Seguro. Cuyo autor presuntamente le robó el dinero a miles de campesinos, lo tienen recluido en una habitación militar cinco estrella libre de coronavirus.

    La corrupción en este país es más criminal que el Covid -19, es el peor coronavirus de este país. El coronavirus de la corrupción en Colombia ha asesinados niños y ancianos por robarse la plata de los hospitales. El coronavirus de la corrupción tiene sin financiación a la educación pública tanto de las escuelas como de las universidades.

    En Colombina no hay diferencia entre Covid-19, Pobreza y Corrupción. Pues son tres pestes distintas y un solo autor verdadero: El estado.

  • Por:Jairo Otero.

    Seguimos contemplando como la mentira hace su festín en medio de la angustia y el dolor, al mirar cómo se suplantan identidades y se roban fácilmente las pertenencias de los más débiles

    Estos tiempos de aislamiento social, permiten que los ciudadanos puedan tener una visión clara y diferente de muchos aspectos, que en condiciones normales son difíciles de percibir; uno de esos aspectos, lo constituye la capacidad de lucha de los seres humanos, frente a un enemigo invisible y mortífero, como lo es el virus que en estos momentos tiene en vilo a la población mundial.

    Los colombianos vemos con alto grado de consternación, las vergonzosas actuaciones de unos pocos, quienes han mantenido sus territorios bajo el yugo de la mentira y el engaño, y como en estos momentos de necesidad, aprovechan aún más, las diferentes demandas de una ciudadanía indefensa y necesitada, para clavar sus peligrosos dardos y así atesorar cada vez más recursos, para mantener su poder.

    Es difícil imaginar que algunos seres humanos, puedan violentar con un descaro irracional, los escasos recursos económicos y humanos, destinados por el gobierno para atender las necesidades básicas de sectores que hacen parte de poblaciones vulnerables; para perseguir su propio bien, sin que les preocupe el perjuicio de las mayorías.

    En esta etapa crítica, sería lógico pensar, que el flagelo de la corrupción que deshonrosamente nos ha dado los primeros lugares en América y en el mundo, había quedado aislado y en cuarentena, para que trabajáramos todos hacía el mismo norte en la búsqueda de soluciones a tantas necesidades derivadas de la pandemia; sin embargo, vemos con tristeza, como los dueños de ese poder oscuro, vuelven a despojar al pueblo de los pocos recursos que se han designado para mitigar los efectos del COVID 19.

    En un país como el nuestro, en donde las protestas son momentáneas, sin resultados visibles y en el que en corto tiempo todo queda en los anaqueles del olvido, no debe sorprendernos que los actos de corrupción sean deshonrosamente alcahueteados en su gran mayoría por el mismo Estado, que, con sus débiles instituciones en materia de control, no sanciona ni castiga con rigor estas deplorables acciones: que para esta coyuntura deberían considerarse de “lesa humanidad”.

    Desafortunadamente los colombianos contamos con un gobierno que solo expide normas para generar espacios que sirven de foco para que el flagelo de la corrupción fluya con mayor facilidad; en donde no existen controles, ni mucho menos seguimiento a programas  que con paños de agua tibia tratan de mitigar tantas fatigas sociales;  los “mega millones” de los que se habla todos los días, atizan más la voracidad de aquellos que se volvieron expertos en hacerle trampa a la transparencia; un gobierno que prioriza a los ricos antes que a una ciudadanía temerosa y débil, y que no garantiza el mejor aprovechamiento de los recursos.

    Así las cosas, seguimos contemplando como la mentira hace su festín en medio de la angustia y el dolor, al mirar cómo se suplantan identidades y se roban fácilmente las pertenencias de los más débiles; ya se han detectado más de un centenar de sobre facturaciones,  y la institucionalidad seguirá con su discurso de investigación y de falsos seguimientos como ya lo han hecho con los grandes desfalcos del país, como Odebrecht y Reficar, por mencionar un ejemplo de los casos más graves de corrupción en la historia de Colombia.

    Se transfieren grandes sumas de dinero al sector salud, a EPS e IPS, y lo que se evidencia son sobre facturaciones en medicamentos e implementación hospitalaria; hecho que preocupa aún más si se tiene en cuenta: el no pago de salarios y honorarios por más de seis meses, a los funcionarios de la salud, quienes están prestando su mayor servicio en esta pandemia, y la escasa dotación de elementos de bioseguridad para evitar el contagio.

    Vemos: como los bancos siguen con su disfraz de filantropía, acorralando aún más a un pueblo empobrecido y endeudado, como ciertos sectores productivos e intermediarios, especulan en gran proporción frente a las necesidades de seguridad alimentaria, como a muchos sectores de la sociedad que vivían del día a día se los ha discriminado y hoy sufren el desconcierto y la fragilidad de sus ya precarias actividades. En esta lista interminable, los desconciertos y lamentaciones no pararán de mencionarse cada día, sino hacemos algo como Sociedad civil (Sabemos que a veces nos llama el egoísmo para acuñar la popular frase: Sálvese quien pueda), para establecer veedurías ciudadanas en cada espacio territorial del país donde se estén desarrollando actividades administrativas de manejo de los recursos públicos, y lógicamente vigilar las generosas donaciones que muchos ciudadanos han realizado, en apoyo a la mitigación de los efectos de la pandemia como ayuda humanitaria.

    Es urgente que se establezcan las veedurías ciudadanas, para dar ejemplo a un estado contaminado por el terrible flagelo de la corrupción, y exigir así el respeto por los dineros que hoy se deben direccionar a los más pobres; hacer un llamado urgente a los órganos de control, para que, de una vez por todas, impartan sanciones severas que dignifiquen su papel en la sociedad, castigando de manera rápida y efectiva a ésta terrible pandemia de los corruptos.

     

  • Por:Diego Angulo Marinez.

    Líder social y político de Tumaco. - 

    En todos los rincones de la geografía nacional, aparecen escándalos por los malos manejos de los recursos orientados a mitigar los efectos del COVID-19, denuncias, quejas, escándalos en medios de comunicación y señalamientos.Quedamos atónitos, al observar el apetito voraz de algunos frente a lo que es de todos.

    En estos tiempos, la corrupción ocurre porque los avivatos tienen el escenario propicio para estas lides.Cuando estamos en cualquiera de los estados de excepción desarrollados entre los artículos 212 a 215 de la Carta Política, o cuando existen motivos determinantes para ello, los administradores públicos deben declarar la urgencia manifiesta, lo que les implica (i) simplificar los trámites de contratación (ii) realizar procedimientos con mayor celeridad que en los términos establecidos (iii) existe una justificación que es un hecho notorio (iv) el manejo de dinero en efectivo es más fácil y (v) la tendencia asistencial del Estado es más necesaria, por lo tanto hay réditos políticos y lo más importante, para ellos, económicos.

    En ocasión de la eventualidad inédita en nuestro ordenamiento jurídico, el Gobierno, las administraciones departamentales, distritales y municipales han expedido actos administrativos que tienen que ver con la ordenación de gastos para enfrentar la pandemia, para eso se han realizado contratos donde hemos visto aumentos relacionados en precios exorbitantes de productos que se encuentran en la canasta familiar, como azúcar, arroz, café, de forma escandalosa en el agua, de la misma manera, diferentes modalidades exóticas por decirlas así, de la contratación en tiempos de COVID-19, desde capacitaciones, acompañamientos, entre otros.

    Esta situación nos preocupa y asusta.El grupo élite que trabaja en el tema por parte de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, debe a nuestro juicio, orientarse de la siguiente manera:

    1. Debe hacerse una división de grupos investigativos que se denominarán triados por parte de representantes de los tres organismos de control, que por cada entidad territorial requerida realice un programa metodológico.
    2. El programa metodológico, debe cumplir en el término perentorio máximo de una semana, donde analizarán, contratos, valores, beneficiarios e impacto real en la comunidad.
    3. Los procuradores delegados, fiscales delegados, contralores provinciales, todos en cuarentena, varios con términos suspendidos, deberes de tiempo completo, desde el teletrabajo a esta función.
    4. Los órganos de control, deben enviar una circular dirigida a todas las entidades territoriales destinatarios del control, para entregar de manera inmediata por medios electrónicos la información suministrada.
    5. Las plataformas de compra eficiente del Estado y las cámaras de comercio, deben ser expeditas en la colaboración en cuanto a la información que se vislumbra.
    6. Luego, de realizar estos análisis, la tríada debe reunirse en un grupo de valoración preliminar, para determinar si existe o no mérito de instrucción disciplinario, fiscal o penal en cada contrato que se encuentra en investigación para realizar la investigación.
    7. Concluido este análisis se debe proceder a realizar las imputaciones, apertura de investigación disciplinaria y fiscal en todos los casos, haciendo comunicados conjuntos de interés general.
    8. Como mecanismo ejemplarizante a indicios y evidencia probatoria concluyente, es imprescindible que se realicen todas las fallas y suspensiones preventivas a ese lugar, mientras se vence en juicio a los responsables de estos ilícitos.

    Es vital el acompañamiento de las veedurías ciudadanas y de todos los órganos creados a raíz de la Ley 1757 de 2015, que modifica medidas y correspondencias para los dueños del dinero, que somos todos los habitantes del país, puede prevenir, vigilar y proponer como se van a desarrollar las actividades del erario.

    El mundo está cambiando con ello, la forma de comunicarse, las necesidades humanas y nuestras proyecciones, no es admisible que quienes tienen la administración, custodia y manejo de los recursos públicos, entrar está como una oportunidad para enriquecer su patrimonio, generando con esto, una actitud inequívoca en producir un genocidio contra la humanidad.

    El país está esperando resultados concretos contra la corrupción, ha llegado el momento de generar precedentes concretos que llenan de esperanza a la ciudadanía, de que Colombia no siempre estará condenada a la orfandad.

  • Por:Gonzalo Guillén y Julián F. Martínez.

    Memo Fantasma fue socio en proyectos de construcción de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y pertenencia al clan de los Cifuentes Villa, liderado por Dolly Cifuentes de Uribe, cuñada de Álvaro Uribe.

    Jorge Humberto Uribe Escobar es ratificado como notario 24 de Bogotá por su primo el presidente Álvaro Uribe Vélez.Desde entonces es el notario de confianza de "Memo Fantasma", hoy radicado en España.

    El notario de confianza del narcotraficante y paramilitar Guillermo León Acevedo Giraldo, alias “Memo Fantasma” (socio empresarial de la actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez) es Jorge Humberto Uribe Escobar.Este es primo del ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez y hermano del ex senador Mario Uribe Escobar, condenado por paramilitarismo en febrero de 2011 por la Corte Suprema de Justicia.

         Jorge Humberto Uribe Escobar, notario 24 de Bogotá, es grabado porque en 2008 su nombre fue limpiado mediante un controvertido decreto del entonces ministro del interior, Carlos Holguín Sardi, quien le borró dos lesiones que lo suspendieron del cargo por no pagar aportes al fisco por valor de $ 9.600 millones.Obtuvo la notaria 24 gracias a su hermano Mario Uribe manejaba la Superintendencia de Notariado y el Registro a través de sus fichas políticas, entre ellas su primo Uribe Vélez.

         Jorge Humberto Uribe Escobar fue ratificado como notario por su primo el presidente Uribe el 22 de octubre de 2008 en el Salón Gobelinos de la Casa de Nariño.

         “Memo Fantasma”, de la misma manera, era copropietario, en asocio con el también narcotraficante Francisco Cifuentes Villa, de dos hangares del aeropuerto de Medellín “Olaya Herrera”, desde donde despacharon cien toneladas de cocaína, principalmente para el cartel de Sinaloa, del mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo".En ambos locales operan las sociedades Sociedad Aeronáutica de Santander SA (SASA) y Aviones Ejecutivos Limitada (AVIEL).Esta última, además, posee oficinas en el Centro Aeronáutico de Bogotá, situado en Fontibón.

         Las referencias bancarias y comerciales principales de SASA y AVIEL son el Banco de Bogotá, del Grupo Aval, como consta oficialmente en la cámara de Comercio de Medellín.

         El clan de los narcotraficantes colombianos Cifuentes Villa tuvo su carga durante décadas la red principal de lavado de activos del cartel de Sinaloa y de él hizo parte fundamental Dolly Cifuentes de Uribe, cuñada de Álvaro Uribe Vélez y madre de dos sobrinos carnales de este, también ligados al crimen (VER AQUÍ).

      A la izquierda, el "Chapo" Guzmán y en el círculo Rojo, Francisco Cifuentes Villa, socio de "Memo Fantasma" en envíos aéreos de cocaína desde Colombia a través de dos empresas: SASA y AVIEL

    Desde este hangar del Olaya Herrera, “Memo Fantasma” y los Cifuentes Villa enviaban decenas de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

         Francisco Cifuentes Villa, quien era miembro con dos acciones del exclusivo Club El Nogal, de Bogotá, fue asesinado en 2007. Lo sucedieron en la cabeza de la organización criminal, Alex Cifuentes Villa y Dolly Cifuentes Villa de Uribe, cuñada de Álvaro Uribe Vélez.

    Álex terminó siendo el testigo estrella de la Fiscalía de Estados Unidos durante el juicio que le siguió en Nueva York al “Chapo” Guzmán, en el cual fue condenado por narcotráfico.

         Por mandato de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, SASA se encuentra embargada desde octubre de 2009 y sus bienes en proceso de extinción de dominio por narcotráfico, como lo demuestran los siguientes documentos:

     

    La Fiscalía detalló las aeronaves de “Memo” Fantasma y Cifuentes Villa (izquierda). El 19 de octubre de 2009 SASA fue embargada porque sus naves transportaban cocaína (derecha).

         No obstante, SASA continúa operando y sus cuatro helicópteros (principalmente el HK-4653) solían ser utilizados por el asesinado narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte, alias “Ñeñe”, reconocido por haber articulado –bajo la dirección de Álvaro Uribe Vélez– una operación de compra de votos en la costa norte para el actual presidente de Colombia, Iván Duque.

         Esa narco-aeronave es la de una controvertida fotografía en la que aparece “Ñeñe” Hernández a bordo con el promotor artístico Fernán Martínez Mahecha y el empresario ladrillero Ricardo Uribe Arango.

      De izquierda a derecha, Ricardo Uribe Arango, Fernán Martínez y “Ñeñe” Hernández.

         La fotografía fue puesta por el propio “Ñeñe” en su cuenta de Instagram, la cual sigue activa debido a que se llevó a la tumba el secreto de la clave de acceso. Sobre ella Uribe Arango se mantiene en silencio y Fernán Martínez ha dado dos versiones distintas. La primera de El Tiempo: “La foto fue tomada en un desplazamiento a Paipa, Boyacá, el 17 de abril de ese año, para recuperar el fuselaje de un avión siniestrado de propiedad de Ricardo Uribe, con el propósito de cobrar una póliza”. Agrega El Tiempo: “El rescate se debía filmar y Uribe, tras alquilar la aeronave, invitó a Martínez, quien ha dicho que no conocía al “Ñeñe” ni a María Mónica Urbina [esposa de “Ñeñe”], que también estuvo en el operativo”.

         En un trino suyo, Martínez dijo otra cosa:

         “El helicóptero de la foto que circula en redes, lo alquiló, en El Dorado, el empresario Ricardo Uribe Arango para ir a Villa de Leyva a conocer su proyecto ‘La Villa de Santa Fé´ (Ruagrup).

         “Ahí, en mayo 2016, vi por primera y última vez al Ñeñe Hernández”.

          La foto no pudo haber sido tomada el de mayo de 2016, como dice Martínez, si bien “Ñeñe” la publicó antes de esa fecha: 17 abril de 2016.

       Fernán Martínez hizo campaña por Iván Duque, lo mismo que “Ñeñe”, y el día de la fotografía la aeronave estaba embargada por la Fiscalía General con fines de extinción de dominio, no obstante lo cual continuaba operando.     

    Marta Lucía Ramírez y “Memo Fantasma”

         Las relaciones comerciales de la actual Vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez y el narcotraficante “Memo Fantasma” fueron puestas al descubierto por la organización InSight Crime, dirigida por el británico Jemery McDermmont y consagrada a investigar el crimen en América Latina. Ocurrieron a través de la firma de la Vicepresidenta, Hitos Urbanos SAS, cuyos datos principales son:

    EMPRESA HITOS URBANOS SAS

    HITOS URBANOS S.A.S

    • Mátricula Nº 01302308
    • Proponente Nº 00036192
    • Tipo de organización SOCIEDAD ANONIMA

    Nació el 19 de agosto de 2003, con escritura pública 1905 de la Notaría 22 de Bogotá. Esta compañía construyó con “Memo Fantasma” el lujoso edificio de oficinas de Bogotá Torre 85.

         La participación de “Memo Fantasma” se produjo a través de su empresa INVERSIONES ACEM S.A., constituída en la notaría 24 de Bogotá, del primo de Uribe Vélez.

     La firma de la vicepresidenta que tuvo negocios con el narcotraficante “Memo” Fantasma, es propiedad de ella, con un 26%, de su hija María Alejandra Rincón (26%) de su esposo, Álvaro Hermes Rincón Muñoz (8%) y otros cuatro que poseen 40 por ciento.

         Contra toda evidencia, la señora Ramírez ha negado sus negocios con “Memo” Fantasma. Sollozante, ha dicho en distintos medios.

         “Memo Fantasma no es socio de mi esposo”, aseguró a InSight Crime.

         La señora Ramírez asegura no recordar que ella le consiguió dos cupos a los hijos de “Memo Fantasma” en el exclusivo colegio de Bogotá Nueva Granada, donde estudiaron.

         No obstante, ella dejó ver que sí sospechaba de la condición delincuencial de “Memo Fantasma” cuando a través de su empresa estaba haciendo el negocio con él. Asegura que le pidió al entonces jefe de inteligencia de la Policía Nacional, el coronel Óscar Naranjo, que investigara el pasado de su socio y este último supuestamente conceptuó que no sabía nada.

         Naranjo, fue ascendido a general por Álvaro Uribe. Llegó a la dirección general de la Policía Nacional y tras su retiro de esa entidad fue vicepresidente de la república durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos.

         En su testimonio ante una corte federal, el 16 de enero de 2019, Álex Cifuentes Villa aseguró que el general Naranjo recibía una mensualidad del cartel de Sinaloa.

         La mensualidad, agregó, era a cambio de proteger al clan de los Cifuentes Villa en Colombia.

    Tomado de LA NUEVA PRENSAhttps://www.lanuevaprensa.com.co/component/k2/primo-de-alvaro-uribe-velez-es-el-notario-de-confianza-del-narco-memo-fantasma 24 Abril , 2020. Si estas interesado en investigaciones realizadas por LA NUEVA PRENSA puedes visitar su página https://www.lanuevaprensa.com.co/

  • Por:   Juan Sebastián Gil.Estudiante, periodista, investigador y lector.

    Se confirmó la sistemática persecución al periodismo verdadero.El Ejército de Colombia perpetró una acción de espionaje en contra de periodistas, activistas y políticos, que no es solo reprensible, sino ilegal.

    Históricamente el Ejército de Colombia ha estado implicado en acciones de inteligencia militar que hostigan y pueden poner en riesgo la seguridad de activistas, líderes sociales, periodistas y políticos de oposición.Hoy, estas directrices dejan ver características totalitaristas dentro del Gobierno de Iván Duque, además de unas Fuerzas Militares corruptas y que proceden en el marco de la ilegalidad.

    El último informe de la Revista Semana titulada Las carpetas secretas, reveló la existencia de un archivo organizado entre febrero y noviembre del 2019 por miembros del Batallón de Ciberinteligencia al que pertenece el Comando de apoyo de Inteligencia Militar;este archivo contiene un perfilamiento, seguimiento personal e informe de inteligencia de 130 personas, que incluye información personal de periodistas, activistas, líderes sociales, políticos, defensores de derechos humanos, entre otros.El perfilamiento incluye, además, una descripción precisa de las relaciones personales y profesionales de estas personas, amigos, familiares, colegas, sus fuentes periódicas y fuentes abiertas;lo que supone un riesgo tanto para las personas perfiladas como para todo aquel que se relacione con ellas.

    Estos folios se encontraron en diciembre de 2019, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó un allanamiento al cantón de comunicaciones del Ejército, para una inspección del Batallón de Ciberinteligencia.En el proceso de indagación se evidencia que esta dependencia maneja información que no solo no es de su competencia, sino que además es ilegal

    Las acciones de espionaje se ajustan al período de Nicacio Martínez como general del Ejército, quien fue nombrado por Iván Duque el 14 de diciembre de 2018 y abandonó el cargo en diciembre del 2019.

    Martínez se retiró justo después de que se conocieran tanto la interceptación telefónica al político Roy Barreras, el exgobernador de Nariño Camilo Romero y Cristina Lombana, magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, como la sistemática persecución y seguimiento al equipo investigativo de la Revista Semana y otras actividades de espionaje ilegal que se lleva a cabo en el Batallón de Ciberinteligencia.Sin embargo, Iván Duque anunció que el general Martínez dejaba el cargo por motivos familiares.

    Como general del Ejército, Martínez también se responsabilizó de establecer directrices enfocadas para aumentar el número de ataques, capturas, rendiciones y muertes en combate.A través de presión la indicación "hacer lo que fuera necesario" para duplicar los resultados militares, contaba, además, con rendición de cuentas y proyección militar.Situación alarmante que dejaba ver la inminente aparición de casos vinculados a los 'falsos positivos'.Esto fue denunciado por The New York Times, medio que publicó la investigación de Nick Casey, periodista estadounidense especialista en temas de conflicto armado.

    A esto, se sumaron escándalos como el asesinato del excombatiente de las FARC, Dimar Torres, el cual fue perpetrado por miembros del Ejército;o el bombardeo a un presunto campamento de disidentes de las FARC en el que fueron masacrados menores de edad por parte de las Fuerzas Militares.

    Ahora bien, no es coincidencia que el primer folio de perfilamiento, dentro de los encontrados, sea el de Nick Casey.En un informe de 15 páginas se encuentra una descripción detallada de sus contactos tanto en Colombia como en Estados Unidos, su ubicación, los lugares que frecuenta, sus fuentes periódicas y fuentes abiertas, incluso, una lista de sus seguidores y una descripción de sus interacciones en redes sociales.Esta acción pretende, además, conocer e intervenir en las fuentes del periodista, como por ejemplo, sus entrevistas para informes, así como un análisis de cómo desarrolla su trabajo investigativo, contactos en las regiones, colegas, etc. En consecuencia, en este trabajo de espionaje el Ejército perfiló también a otros periodistas de medios norteamericanos, como Juan Forero,

    Otra víctima dentro de los folios de perfilamiento es Lynsey Addario, fotorreportera de National Geographic.Aparece en el archivo de espionaje después de elaborar trabajo periodístico y fotografiar miembros del ELN en el Chocó para un informe publicado en la revista.Además del informe de contactos, destaca un mapa de Colombia con una georreferenciación de la ubicación y desplazamiento de Addario.Otros fotoperiodistas, como Stephen Ferry, especialista en fotografía de conflicto en Colombia, también son víctimas de este perfilamiento.

    Así mismo, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, quién criticó fuertemente el criterio de Nicacio Martínez como general del Ejército, pues Martínez era segundo al mando de la Décima Brigada, tiempo en el que hubo investigaciones por 23 asesinatos ilegales.

    Esto deja ver dos características fundamentales en el ordenamiento de dicho espionaje.Primero, se perfiló a quienes desde la prensa u organizaciones de derechos humanos denunciaron a nivel internacional la doctrina de seguridad del Ejército;y segundo, la pretensión de intervenir en fuentes periodísticas para acercarse a posibles contactos con grupos subversivos.

    No es menor que haya ciudadanos estadounidenses perfilados, pues esto supone un riesgo altísimo en la confianza de inversión en inteligencia militar.Patrick Leahy, senador de los Estados Unidos, se refirió al caso y declaró que "Las denuncias de interceptaciones ilegales y monitoreo secreto de periodistas y defensores de derechos humanos serán seriamente examinadas al momento de determinar la asistencia militar de Estados Unidos a Colombia".

    Sin embargo, es sabido que los recursos de asistencia militar se han utilizado históricamente para la persecución e intimidación de periodistas, líderes sociales y políticos.Ahora, ¿cómo pudo el Ejército por sí solo desviar fondos de inteligencia para hacer investigaciones ilegales?¿La fragilidad Estatal en Colombia es tal, que el Gobierno no está enterado de estas acciones?O ¿El Gobierno aprobará estas prácticas?

    A la lista de perfilados se suman también periodistas locales como María Alejandra Villamizar, que tiene una extensa carrera como editora política en diferentes medios corporativos.Entre los apuntes de su perfil están las evaluaciones de reportajes y entrevistas a comandancias del ELN.Además de los contactos, fuentes y direcciones en su perfil, están, también, su puesto de votación y sus infracciones de tránsito.A otro periodista colombiano, cuya identidad no es revelada por seguridad, se le realizó un perfil luego de una entrevista con alias 'Uriel', jefe guerrillero del ELN en Chocó.Su perfil incluye a sus colegas, contactos e incluso sus amigos de infancia.Este periodista también está georreferenciado y su perfil está descrito como: "facilitador entrevista Gao ELN".

    Ahora bien, no solo los medios corporativos han sido víctimas, pues los medios de comunicación alternativos como Rutas del Conflicto también están perfilados, este medio particularmente está limitado con el estudio del conflicto armado.Su director, el periodista Óscar Parra, está referenciado en el perfil, así como el equipo de trabajo del medio.Algo de lo que no se ha hablado con relación al tema de Rutas del Conflicto es el informe “Convenios de Fuerza y ​​Justicia” que realizó este medio, y en el cual exponencia presuntos desvíos de fondos entre los convenios asignados por el Estado a las Fuerzas Militares, en los que describen la compra de paquetes turísticos, remodelación de capillas y tiquetes aéreos para militares, hasta la compra de instrumentos musicales, entre otros.

    Esto supone un riesgo para nosotros;los medios y periodistas independientes, que hemos sido perseguidos sistemáticamente por diferentes sectores.Dentro del sistema de perfilamiento, por ejemplo, se recopilan datos de la relación tanto de colegaje, como personal, de cada una de los espías, a través de inteligencia artificial, lo que pone a su disposición teléfonos, contactos, documentos e incluso información en redes sociales de quienes son cercanas a las personas perfiladas.

    La Liga Contra el Silencio, creada por la FLIP, también tiene un folio en el que se destaca: Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno, y Gina Morelo, editora de la Unidad de Datos de El Tiempo.Además están referenciados Yolanda Ruiz, directora de Noticias de RCN Radio, y Daniel Coronell, articulista y director de Noticias para Univisión.

    El espionaje y perfilamiento está dirigido también al sector social, dentro de los folletos aparecen diferentes miembros del Colectivo José Alvear, algunos de los cuales son los abogados de víctimas de 'falsos positivos'.Líderes sindicales como Humberto Correa de la Confederación General de Trabajadores, y Carlos Castañeda, expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, César Jerez, expresidente de ANZORC y defensor de los derechos del campesinado, e incluso, instituciones como el CINEP, centro de investigación sobre asuntos sociales, de derechos humanos y conflicto en Colombia y el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, organización que defiende los derechos de las víctimas del conflicto.

    Consecuentemente, también hay perfiles de políticos declarados en oposición al Gobierno Nacional, como es el caso de Feliciano Valencia, Gustavo Bolívar, Angélica Lozano y Antonio Sanguino.

    Sin lugar a duda, estas acciones controladas, desde el Ejército de Colombia y el Gobierno Nacional, por complicidad u omisión, se está instaurando un régimen de persecución

    Las Fuerzas Militares, la persecución y el Estado de derecha.En: La Oreja Roja

    Por: Juan Sebastián Gil.

    Se confirma la sistemática persecución al periodismo verdadero.El Ejército de Colombia perpetró una acción de espionaje en contra de periodistas, activistas y políticos, que no es solo reprensible, sino ilegal.

    Históricamente el Ejército de Colombia ha estado implicado en acciones de inteligencia militar que hostigan y pueden poner en riesgo la seguridad de activistas, líderes sociales, periodistas y políticos de oposición.Hoy, estas directrices dejan ver características totalitaristas dentro del Gobierno de Iván Duque, además de unas Fuerzas Militares corruptas y que proceden en el marco de la ilegalidad.

    El último informe de la Revista Semana titulada Las carpetas secretas, reveló la existencia de un archivo organizado entre febrero y noviembre del 2019 por miembros del Batallón de Ciberinteligencia al que pertenece el Comando de apoyo de Inteligencia Militar;Este archivo contiene un perfilamiento, seguimiento personal e informe de inteligencia de 130 personas, que incluye información personal de periodistas, activistas, líderes sociales, políticos, defensores de derechos humanos, entre otros.El perfilamiento incluye, además, una descripción precisa de las relaciones personales y profesionales de estas personas, amigos, familiares, colegas, sus fuentes periódicas y fuentes abiertas;lo que supone un riesgo tanto para las personas perfiladas como para todo aquel que se relacione con ellas.

    Estos folios se encontraron en diciembre de 2019, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó un allanamiento al cantón de comunicaciones del Ejército, para una inspección del Batallón de Ciberinteligencia.En el proceso de indagación se evidencia que esta dependencia maneja información que no solo no es de su competencia, sino que además es ilegal

    Las acciones de espionaje se ajustan al período de Nicacio Martínez como general del Ejército, quien fue nombrado por Iván Duque el 14 de diciembre de 2018 y abandonó el cargo en diciembre del 2019.

    Martínez se retiró justo después de que se conocieran tanto la interceptación telefónica al político Roy Barreras, el exgobernador de Nariño Camilo Romero y Cristina Lombana, magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, como la sistemática persecución y seguimiento al equipo investigativo de la Revista Semana y otras actividades de espionaje ilegal que se lleva a cabo en el Batallón de Ciberinteligencia.Sin embargo, Iván Duque anunció que el general Martínez dejaba el cargo por motivos familiares.

    Como general del Ejército, Martínez también se responsabilizó de establecer directrices enfocadas para aumentar el número de ataques, capturas, rendiciones y muertes en combate.A través de presión la indicación "hacer lo que fuera necesario" para duplicar los resultados militares, contaba, además, con rendición de cuentas y proyección militar.Situación alarmante que dejaba ver la inminente aparición de casos vinculados a los 'falsos positivos'.Esto fue denunciado por The New York Times, medio que publicó la investigación de Nick Casey, periodista estadounidense especialista en temas de conflicto armado.

    A esto, se sumaron escándalos como el asesinato del excombatiente de las FARC, Dimar Torres, el cual fue perpetrado por miembros del Ejército;o el bombardeo a un presunto campamento de disidentes de las FARC en el que fueron masacrados menores de edad por parte de las Fuerzas Militares.

    Ahora bien, no es coincidencia que el primer folio de perfilamiento, dentro de los encontrados, sea el de Nick Casey.En un informe de 15 páginas se encuentra una descripción detallada de sus contactos tanto en Colombia como en Estados Unidos, su ubicación, los lugares que frecuenta, sus fuentes periódicas y fuentes abiertas, incluso, una lista de sus seguidores y una descripción de sus interacciones en redes sociales.Esta acción pretende, además, conocer e intervenir en las fuentes del periodista, como por ejemplo, sus entrevistas para informes, así como un análisis de cómo desarrolla su trabajo investigativo, contactos en las regiones, colegas, etc. En consecuencia, en este trabajo de espionaje el Ejército perfiló también a otros periodistas de medios norteamericanos, como Juan Forero,

    Otra víctima dentro de los folios de perfilamiento es Lynsey Addario, fotorreportera de National Geographic.Aparece en el archivo de espionaje después de elaborar trabajo periodístico y fotografiar miembros del ELN en el Chocó para un informe publicado en la revista.Además del informe de contactos, destaca un mapa de Colombia con una georreferenciación de la ubicación y desplazamiento de Addario.Otros fotoperiodistas, como Stephen Ferry, especialista en fotografía de conflicto en Colombia, también son víctimas de este perfilamiento.

    Así mismo, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, quién criticó fuertemente el criterio de Nicacio Martínez como general del Ejército, pues Martínez era segundo al mando de la Décima Brigada, tiempo en el que hubo investigaciones por 23 asesinatos ilegales.

    Esto deja ver dos características fundamentales en el ordenamiento de dicho espionaje.Primero, se perfiló a quienes desde la prensa u organizaciones de derechos humanos denunciaron a nivel internacional la doctrina de seguridad del Ejército;y segundo, la pretensión de intervenir en fuentes periodísticas para acercarse a posibles contactos con grupos subversivos.

    No es menor que haya ciudadanos estadounidenses perfilados, pues esto supone un riesgo altísimo en la confianza de inversión en inteligencia militar.Patrick Leahy, senador de los Estados Unidos, se refirió al caso y declaró que "Las denuncias de interceptaciones ilegales y monitoreo secreto de periodistas y defensores de derechos humanos serán seriamente examinadas al momento de determinar la asistencia militar de Estados Unidos a Colombia".

    Sin embargo, es sabido que los recursos de asistencia militar se han utilizado históricamente para la persecución e intimidación de periodistas, líderes sociales y políticos.Ahora, ¿cómo pudo el Ejército por sí solo desviar fondos de inteligencia para hacer investigaciones ilegales?¿La fragilidad Estatal en Colombia es tal, que el Gobierno no está enterado de estas acciones?O ¿El Gobierno aprobará estas prácticas?

    A la lista de perfilados se suman también periodistas locales como María Alejandra Villamizar, que tiene una extensa carrera como editora política en diferentes medios corporativos.Entre los apuntes de su perfil están las evaluaciones de reportajes y entrevistas a comandancias del ELN.Además de los contactos, fuentes y direcciones en su perfil, están, también, su puesto de votación y sus infracciones de tránsito.A otro periodista colombiano, cuya identidad no es revelada por seguridad, se le realizó un perfil luego de una entrevista con alias 'Uriel', jefe guerrillero del ELN en Chocó.Su perfil incluye a sus colegas, contactos e incluso sus amigos de infancia.Este periodista también está georreferenciado y su perfil está descrito como: "facilitador entrevista Gao ELN".

    Ahora bien, no solo los medios corporativos han sido víctimas, pues los medios de comunicación alternativos como Rutas del Conflicto también están perfilados, este medio particularmente está limitado con el estudio del conflicto armado.Su director, el periodista Óscar Parra, está referenciado en el perfil, así como el equipo de trabajo del medio.Algo de lo que no se ha hablado con relación al tema de Rutas del Conflicto es el informe “Convenios de Fuerza y ​​Justicia” que realizó este medio, y en el cual exponencia presuntos desvíos de fondos entre los convenios asignados por el Estado a las Fuerzas Militares, en los que describen la compra de paquetes turísticos, remodelación de capillas y tiquetes aéreos para militares, hasta la compra de instrumentos musicales, entre otros.

    Esto supone un riesgo para nosotros;los medios y periodistas independientes, que hemos sido perseguidos sistemáticamente por diferentes sectores.Dentro del sistema de perfilamiento, por ejemplo, se recopilan datos de la relación tanto de colegaje, como personal, de cada una de los espías, a través de inteligencia artificial, lo que pone a su disposición teléfonos, contactos, documentos e incluso información en redes sociales de quienes son cercanas a las personas perfiladas.

    La Liga Contra el Silencio, creada por la FLIP, también tiene un folio en el que se destaca: Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno, y Gina Morelo, editora de la Unidad de Datos de El Tiempo.Además están referenciados Yolanda Ruiz, directora de Noticias de RCN Radio, y Daniel Coronell, articulista y director de Noticias para Univisión.

    El espionaje y perfilamiento está dirigido también al sector social, dentro de los folletos aparecen diferentes miembros del Colectivo José Alvear, algunos de los cuales son los abogados de víctimas de 'falsos positivos'.Líderes sindicales como Humberto Correa de la Confederación General de Trabajadores, y Carlos Castañeda, expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, César Jerez, expresidente de ANZORC y defensor de los derechos del campesinado, e incluso, instituciones como el CINEP, centro de investigación sobre asuntos sociales, de derechos humanos y conflicto en Colombia y el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, organización que defiende los derechos de las víctimas del conflicto.

    Consecuentemente, también hay perfiles de políticos declarados en oposición al Gobierno Nacional, como es el caso de Feliciano Valencia, Gustavo Bolívar, Angélica Lozano y Antonio Sanguino.

    Sin lugar a duda, estas acciones controladas, desde el Ejército de Colombia y el Gobierno Nacional, por complicidad u omisión, se está instaurando un régimen de persecución y señalamiento a quienes piensan diferente.

    No obstante, es particular que dentro de estos informes aparezcan exfuncionarios del Gobierno, como Jorge Mario Eastman, exviceministro de Defensa y secretario general para la Presidencia de Iván Duque.Dentro de los contactos destacados de su perfilamiento son oficiales activos y retirados, funcionarios del Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia.Así mismo, existen folios que involucran a militares como el capitán retirado César Castaño, miembro del equipo del general en retiro Jorge Mora, durante el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC;el coronel retirado Vicente Sarmiento, asesor de la oficina del alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, también aparece en el perfilamiento;el general retirado Carlos Lemus, segundo de la Justicia Penal Militar;el director de la DNI, y el exdirector de Indumil,

    Esto habla, además, de un ejercicio exhaustivo de control interno, en casos que tienen que ver directamente con temas relacionados al conflicto, y por supuesto, los 'falsos positivos' y las directrices del Ejército de Colombia.

    La defensa mediocre del Ejército frente al caso es que dentro del perfilamiento hay, sobre todo, información pública y de fuentes abiertas, lo cual es reprochable.Jorge Enrique Ibáñez experto en el marco jurídico de la inteligencia en Colombia, puede que no sea legítimo hacer búsquedas de manera tendencia, perfilamientos con características particulares o concretas en un grupo de personas controladas para ver de qué forma actúa, sea su punto de origen, de destino, contactos son sus contactos familiares, sociales, etcétera ”.

    Por su parte, la FLIP catalogó esta conducta como inconstitucional, inconveniente, antidemocrática y claramente ilegal.Esto, puesto que, además de atentar contra la seguridad de los periodistas, ver como una persecución que exponga también a los conocidos y las fuentes de los periodistas en cuestión.

    Ante la revelación del caso, Carlos Holmes Trujillo, actual ministro de Defensa, destituyó a 11 oficiales del Ejército y anunció que un brigadier general solicitó el retiro voluntario por el escándalo.

    Finalmente, quedan más dudas que respuestas con relación a este caso, asusta que en un Estado, supuestamente democrático, sucedan estas cosas, y se confirma la sistemática persecución al pensamiento crítico en el país.Además de esto, se reafirma la incompetencia del Gobierno y la negligencia en asuntos de relevancia.Como colombianos, estamos en el deber de exigir al Gobierno Nacional respuestas, hacer control político y, sobre todo, defender la libertad de prensa.Es inadmisible que como periodistas tengamos que temer por nuestra vida por el ejercicio de nuestra función.El periodismo específico tiene que ser contrapoder, la premisa de la búsqueda de la verdad no puede ser limitada por la intimidación.

    El periodismo verdadero es una práctica contrahegemónica que ni este autor ni ninguna colega dejará de ejercer con seriedad y sentido social, bajo ninguna amenaza.

    Tomdo dehttps://www.laorejaroja.com/las-fuerzas-militares-la-persecucion-y-el-estado-de-derecha/ La Oreja Rojahttps://www.laorejaroja.com/ Opina - Corrupción 2020- 05-03.

    Foto de portada: La Oreja Roja

  • Por: La Liga Contra el Silencio. - 

    ¿Quién o quiénes registran la orden de perfilamiento y vigilancia a periodistas y medios por parte de los organismos de inteligencia militar?

    Ante la revelación de la revista Semana de que el Ejército ejecutó un programa de seguimiento informático en la que la mayoría de sus blancos eran periodistas, nacionales e internacionales, políticos, generales, oenegés y sindicalistas –por lo menos unas 130 víctimas–, un grupo de periodistas perfilados por inteligencia militar y respaldados por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) manifestamos nuestro rechazo.Pero más que esto tenemos preguntas, pues a pesar de la información disponible no logramos comprender el alcance de estas acciones ilegales ordenadas desde una fuerza que tiene la obligación de determinar nuestra labor periodística, no de perseguirnos y estigmatizarnos:

    1. ¿Quién o quiénes especificaron la orden de perfilamiento y vigilancia a periodistas y medios por parte de los organismos de inteligencia militar, que ataca directamente las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país?
    2. Uno de los objetivos de la inteligencia militar es proteger los derechos humanos, y prevenir y combatir las amenazas internas o externas que se relacionan con la seguridad nacional.¿Somos los periodistas y medios vigilados por el Estado, una amenaza para la seguridad nacional?¿Con qué criterio justificar activar contra la prensa labores que están dispuestas para combatir la criminalidad?
    3. ¿Quiénes eran los destinatarios y / o tenían acceso a las carpetas con los perfilamientos y espionajes a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos?
    4. ¿Tiene el presidente Iván Duque, el Ministerio de Defensa o alguno de sus altos funcionarios, ¿conocimiento de estas actividades de espionaje ilegal?¿Qué acciones tomarán para que los periodistas puedan ejercer la profesión sin ser blanco de perfilamientos, espionaje y estigmatización?

    Según la investigación de la revista Semana, la inteligencia militar ejecutó un programa de seguimiento ilegal, por lo que exigimos que le entregue toda la información captada de manera inconstitucional a cada uno de los perfilados.

    Hoy 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, demandamos un pronunciamiento del gobierno del presidente Iván Duque y le recordamos las obligaciones del Estado colombiano para garantizar la libertad de prensa y el libre ejercicio del periodismo, pilares de una sociedad democrática.

    Firman

    Periodistas blanco de perfilamiento militar:

    Juan Forero, The Wall Street Journal;Ignacio Gómez, Noticias Uno;María Alejandra Villamizar;Caracol Radio y Caracol TV;Yolanda Ruiz Ceballos;Radio RCN y columnista de El Espectador;Dayana Rodríguez Bernal, Radio Nacional de Colombia;Daniel Coronell, Univisión;Óscar Parra, Lidha Beltrán Valero, Luisa María Rincón Guzmán, Paula Andrea Hernández Vargas, María del Pilar Puentes Espinosa, David Leonardo Riaño Valencia, Silvia Natalia Corredor Rodríguez, María Jimena Neira Niño, Álvaro Andrés Avendaño Alba, Juan Pablo Gómez Peña, Carol Lizeth Sánchez Fonnegra, Nicole Acuña Cepeda, Juana Teresa Callejas, Fernanda Barbosa dos Santos, Germán Alejandro Ballesteros Coral, Santiago Luque Pérez, Ricardo Sánchez Gómez, Richard Stiven Romero Trochez, Daniela Aguirre, de Rutas del Conflicto;Andrés Cardona Cruz, fotorreportero (Florencia, Caquetá);

    periodista independiente que escribe para La Liga Contra el Silencio.

    John Otis, corresponsal de NPR y del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ); Camilo Poveda, Blu Radio; Stephen Ferry, independiente; Federico Ríos, fotoperiodista; Nicolás Bedoya, fotoperiodista; Ginna Morelo, La Liga Contra el Silencio; Fundación para la Libertad de Prensa FLIP;

    Esta petición la respaldan:

    Jineth Bedoya Lima, Premio Unesco Guillermo Cano 2020 y subeditora de El Tiempo; Cecilia Orozco, Noticias Uno; Jaime Abello Banfi; José Manuel Acevedo, Noticias RCN; Néstor Morales, Blu Radio; Juanita León, directora de La Silla Vacía; Maria Teresa Ronderos, de la Junta Directiva del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ); Camilo Acosta, Camilo Sánchez, José Díaz, Sara Castillejo, Jeanneth Valdivieso – La Liga Contra el Silencio; Diana Durán, El Espectador; Camila Zuluaga, Blu Radio y Noticias Caracol; Mabel Lara, Noticias Uno; Darío Fernando Patiño, Radio Nacional de Colombia; Rodrigo Uprimny, columnista en El Espectador; Sinar Alvarado, columnista en The New York Times; Nathan Jaccard, editor Latam de OCCRP; Claudia Julieta Duque, Radio Niskor;; Carlos Huertas, director de Connectas; Patricia Gomez, RCN; Juan David Laverde; Juan Diego Restrepo E. y Bibiana Ramírez, VerdadAbierta; Olga Behar, periodista independiente; Equipo editorial Actualidad Panamericana

    PACIFISTA!

    Sara Trejos, Presunto Podcast; Maru Lombardo, Presunto Podcast; Javier Osuna, director Fahrenheit 451; Lorenzo Morales, colaborador de La Liga Contra el Silencio y Cerosetenta; Óscar Durán, CrossmediaLab de la Universidad Jorge Tadeo Lozano; Juan Camilo Maldonado y Elizabeth Otálvaro, Mutante; Juliana Castellanos, directora Unidad de Investigación Periodística del Poli; Alejandro Gómez Dugand, Cerosetenta; Natalia Arenas, Cerosetenta; Tania Tapia, Cerosetenta; Manuela Saldarriaga, Cerosetenta; María Fernanda Fitzgerald, Cerosetenta; Sebastián Payán, Cerosetenta; Fabio Posada, periodista independiente; Natalia Botero Duque, fotoperiodista; Camilo Vallejo, columnista La Patria; Julián Martínez, periodista independiente; Santiago Rivas, Presunto Podcast;; Betty Martínez, Diario del Norte y TuuPutchika en La Guajira; Jorge Cárdenas, periodista de Villavicencio; Adriana Villegas, columnista La Patria; Alejandro Samper Arango, columnista La Patria; Martín Franco Vélez, columnista La Patria; Cesar Molinares, periodista independiente; Catalina Lobo-Guerrero, periodista independiente; Carlos Chica, defensor de audiencias de Canal Capital; Camilo Jiménez Santofimio, periodista independiente; Óscar Sánchez, periodista independiente; Mauricio Beltrán, director de Fedemedios; Claudia Marcela Mejía, periodista independiente; María Paulina Baena, La Pulla; David Tarazona, Cuestión Pública; Patricia Nieto, periodista de Hacemos Memoria Universidad de Antioquia; Karim Ganem Maloof, El Malpensante; Maryluz Vallejo, Directo Bogotá; Belén Pardo, Vokaribe Radio; Ivan Mercado, Vokaribe Radio; Patricia Rendón, Vokaribe Radio; Walter Hernández, Vokaribe Radio; Alfredo González, Vokaribe Radio; Octavio González, Vokaribe Radio; Carolina Guerrero, Radio Ambulante; Daniel Alarcón, Radio Ambulante; David Trujillo, Radio Ambulante; Camila Segura, Radio Ambulante;; Constanza Bruno, periodista independiente; Fernanda Pineda, fotorreportera / Colombia; Natalia Guerrero Ulloa, periodista independiente; Santiago Wills, periodista independiente; Andrea Aldana, periodista de El Poder en Semana TV / Investigadora Fundación Paz y Reconciliación Colombia; Paula Thomas, Reojo colectivo; Charlie Cordero, Reojo colectivo; Santiago Mesa, Reojo colectivo; Andrés Cardona, Reojo colectivo; Andrés Buitrago, Reojo colectivo; Gerald Bermúdez, periodista y fotorreportero freelance: Andrés Páramo, periodista independiente; Diego Alarcón, periodista independiente; Laila Abu Shihab Vergara, periodista independiente La Cola de Rata

    Red Colombiana de Periodismo Universitario y sus medios integrantes:

    Datéate al minuto, Tinta Negra (Uniminuto Bogotá), Unimedios (Universidad Santiago de Cali), Un Pretexto (Universidad de Boyacá), Norte Urbano (Uniminuto Bello), Ciudad Vaga (Universidad del Valle), En Primera Persona (Universidad Católica de Pereira), Periódico 15 (Universidad Autónoma de Bucaramanga), Entre Nos, El Anzuelo Medios (Universidad de Ibagué), Contexto (Universidad Pontificia Bolivariana – Medellín), De la Urbe (Universidad de Antioquia), Sextante (Universidad Católica Luis Amigó), Unisabana Medios (Universidad de La Sabana), Bitácora, Nexos (Universidad EAFIT), Página, UniDiario, La UM Central (Universidad de Manizales), Unicomedio, Unicomfacauca Radio (Unicomfacauca), CrossmediaLab (Universidad Jorge Tadeo Lozano – Bogotá), Conexión Lasallista (Corporación Universitaria Lasallista), Ágora, Miradas y Voces (Universidad de Pamplona), Plataforma, Estación V (Universidad Pontificia Bolivariana – Bucaramanga), Universidad Tecnológica de Pereira

    Periodistas internacionales:

    Mónica González, periodista independiente, Chile;Fabiola Gutiérrez, La Pública, Bolivia;Marcela Turati, periodista independiente, México;Miguel Dimayuga, fotorreportero revista Proceso, México;Lise Josefsen Hermann, Periodista Freelance, Ecuador, Dinamarca;Raúl Romero fotorreportero, Venezuela;Nicola Frioli, fotógrafo, Italia;Sara Aliaga T., fotorreportero, Bolivia;Román Camacho, Fotoperiodista, Venezuela;Desirée Esquivel, periodista en Ciencia del Sur, Paraguay;Isabela Ponce, GK, Ecuador;Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, Venezuela;Fabiola Torres, Salud con Lupa, Perú;Thelma Gómez, periodista independiente, México;Francesco Manetto, Catalina Oquendo y Santiago Torrado, EL PAÍS de España;APIC, Asociación de Prensa Internacional en Colombia

  • Por:Redacción Tejiendo Territorios.

    Tumaco no necesita una gerencia plenipotenciaria, ni un salvador y mucho menos lastima.Tumaco lo que necesita es que en esos momentos una Junta Veedora Ciudadana que asume la dirección o gerencia de las políticas urgentes y necesita para enfrentar la pandemia del coronavirus, que garantiza imparcialidad y equidad en la distribución de las ayudas, que están llegando a quienes Verdad Lo que necesitan y que no dependen de los poderes políticos y corruptos que siempre han mal gobernado a Tumaco.

    La situación es insostenible 200 personas confirmadas de contacto, una crisis alimentaria generalizada y un gobierno que lleva al municipio rumbo a la anarquía.A esta hora hay bloques en los barrios Obrero, Herrera, Panamá y Avenida la Playa Si no hay un cambio en la forma de gobernar a Tumaco, si no hay cambios hacia una gerencia y gobierno realmente humano y transparente, puede convertirse Tumaco en escenario de una guerra civil focalizada en este territorio.

    Cada vez que lanzamos un SOS por Tumaco, las autoridades locales desestimaron la situación.Hoy Tumaco se despierta con bloques en los barrios y vías urbanas, hay denuncias en redes sociales de líderes y lideresas sobre desvíos de las ayudas alimentarias a quienes no necesitan ayuda a los más pobres sin atención.

    El concejal de Tumaco Manuel Arboleda Caicedo del partido Mais, denunció la grave situación de salud y predijo que Tumaco iba hacia una crisis muy profunda y que no estaba preparada con solo una cama UCI y sin equipos para atender los contagiados.  

    Una lideresa del barrio obrero de Tumaco denuncia hoy, claramente el desvió de las ayudas y la responsabilidad de la Alcaldía de tal situaciónhttps://www.facebook.com/groups/131484416890497  El periódico local Tumaco Popolo publicado en su facebook la situación 

    Roberto Carlos Cantillo Rodríguez transmite por redes sociales, la situación,“A esta hora de la mañana, bloqueada la vía a la altura del barrio Herrera y me indican que la av.La playa también.¿Oh, y ahora quien pueda ayudarnos? https://www.facebook.com/groups/674390529254075

    La lideresa social y católica Ivonne Quiñones Chaves¿, en su muro de Facebook, hace llamados urgentes, “Hoy nos necesitamos más que siempre;el coronavirus avanza entre nosotros aceleradamente;hay muerte, hambre, mucha angustia y temor entre muchas otras aflicciones.(...) Hoy como comunidad nos toca a CADA UNO DE NOSOTROS, piensa qué podemos contribuir para este mal momento sea menos duro para todos.Sólo unidos podremos superar esta gran tribulación, pues como siempre, como pueblo, como familia, como amigos, solo contamos con nosotros mismos ”.https://www.facebook.com/groups/131484416890497

     ¡Ojo gobernantes, ¡cambien o renuncien!

  • Por:Eybar Insuasty Alvarado .

    Reza la Constitución Nacional, “Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho,… además Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y la garantía de los principios, derechos y obligaciones consagrados en la Constitución;facilitar la participación de todos en las decisiones que afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación;defensor de la independencia nacional, mantener la integridad territorial y la seguridad de la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

    Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”

    En esta noche fría tomo aire y luego de revisar la literatura del Estado Social de derecho y recordar los discursos del Doctor Ignacio Coral Quintero insigne catedrático , Secretario General  del PCC, en Nariño,  que nos hablaba de las constituciones reales y las formales y con el vozarrón me imagino heredado de sus batallas callejera, en eso tiempos donde ni siquiera se tenía megáfono, para reivindicar los derechos de los obreros, nos decía, “lean  jóvenes” que fue juez en Barbacoas y debió salir porque desde ese entonces  perseguían al diferente, igual los planteamientos del Maestro Vela Angulo, liberal radical que decía que debió nacer a finales del siglo diecinueve en el Olimpo Liberal Radical, quien milito en MRL de López Michelsen, ellos al igual que la teoría que uno puede revisar hoy, planteaban que la esencia del estado y sus gobernantes está en el respeto al ordenamiento jurídico existente, pactado en los términos del Contrato Social de Rousseau, la construcción de un estado respetuoso de la constitución como carta de navegación de las autoridades y los ciudadanos,  es ahí donde me viene la duda y el sobresalto me invade frente a la realidad que nos toca vivir a diario.

    Cada día,  eso del respeto al orden jurídico establecido es una fantasía, la realidad nos demuestra que la ley no es más que letra muerta, para quienes detentan el poder, claro está, ratificando el viejo aforismos de que “ley es para los de ruana”, duele la patria cuando es una verdad de a puño,  las relaciones, del innombrable, con el narcotráfico y el paramilitarismo, que asolan el país de muerte , pero que por arte magia quien lo denuncia o se atreve a testificar desaparecer, mueren o mueren, luego un comunicado oficial que ofrecerá exhaustivas investigaciones, pero que no pasaran de eso y la impunidad seguirá reinando en el país del Sagrado  Corazón de Jesús.

    Ver como se esfumaron y son parte de la amnesia colectiva las exhaustivas investigaciones por  los casos de las contrataciones amañadas para la realización de megaproyectos viales, donde se adjudicaron en base a coimas que recibieron altos funcionarios del estado, y no paso de ser un asunto que todos denominamos “Caso Odebrecht” donde hubo suicidios por pura casualidad y se encontraron titulares de prensa que rezaban “La Fiscalía colombiana confirmó que testigo clave en caso Odebrecht se suicidó con cianuro” dirán que fue por amor, trayendo a colación a García Márquez, que en una de sus novelas  afirma que los suicidios con cianuro, son suicidios de amor. Sobre este caso hasta Wikipedia, tiene información detallada y aquí nuestras autoridades no saben nada, los responsables siguen  en las altas esferas del poder decidiendo sobre los destinos de este maltrecho país y lo dueños del capital continúan lucrándose de torcidos negocios.

    Que decir de nuestras fuerzas armadas cuando  la constitución y la ley consagran el monopolio de  las  armas, para el cuidado y garantía  de los derechos ciudadanos y nos encontramos con sus altos mandos involucrados con el paramilitarismo, o desde sus cuarteles se planearon y ejecutaron los falsos positivos , quebrando el corazón y la esperanza de muchas madres, para poder mostrar resultados operacionales y complacer así al patrón, o los escándalos de la inteligencia militar involucrada en el seguimiento irregular e ilegal a periodista y personas de la oposición llegando  interceptar (chuzar) los medios personales de comunicación, practica ya normalizada, no podemos olvidar la experiencia de Noguera y Narváez en el desaparecido DAS, o en otrora, las torturas a integrantes del M-19 en la cuna de la inteligencia en el célebre batallón Charly Solano, o encontramos, la figura del ganadero Jorge "Ñeñe" Hernández relacionado con oficiales de las Fuerzas Militares e incluso con la utilización de aeronaves para uso personal. Me surge una pregunta elemental donde queda lo escrito en Misión del ejército que reza “El Ejército Nacional conduce operaciones militares orientadas a defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial y proteger a la población civil y los recursos privados y estatales para contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo, que garantice el orden constitucional de la nación”. Dirán que son casos aislados

    Pero los gobiernos que hoy nos rige, normalizaron, como regla de juego su violación de la norma, desde la elección presidencial, que está involucrada, en la compra de votos “delito electoral tipificado en nuestro código penal” donde vuelve y aparece la figura del ganadero Jorge "Ñeñe" Hernández, comprando votos a favor del hoy mandatario, pero nada pasa, y los órganos de investigación y de control, de investigación y justicia están al servicio de este proyecto de poder.

    Todo esto, reivindicando el pensamiento liberal, (en que no se asusten los que se tragaron la idea que se vendió por los medios de comunicación que íbamos para ser Venezuela), en un discurso revolucionario el cumplimiento de la constitución y la ley, (que no es socialista) empezar a ejercer la ciudadanía, entender que somos ciudadanos, reivindicar y ejercer nuestros derechos y que somos iguales responsables de la construcción del país, es la tarea de la táctica, el sol nos alumbra, para construir, la estrategia de una nueva colombia.Por el país para vivir para vivir.

  • La medida fue tomada en medio de acusaciones de corrupción y del escándalo de espionaje contra políticos y periodistas.

    El Ministerio de Defensa de Colombia ordenó el retiro del servicio de nueve oficiales del Ejército por razones que no reveló pero que se producen en medio del escándalo por el espionaje militar a periodistas, opositores y defensores de derechos humanos, y de una investigación interna por corrupción, se conoció este domingo (24.05.2020).

    En la Resolución 1464, con fecha del 22 de mayo, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujilo, ordena el retiro de cinco tenientes coroneles, un mayor y tres capitanes.

    El documento señala que "a partir de la comunicación del presente acto administrativo" se ordena que nueve oficiales sean retirados "del servicio activo de las Fuerzas Militares-Ejército Nacional, en forma temporal con pase a la reserva por llamamiento a calificar servicios".

    Se trata de los tenientes coroneles Javier Alexander Silva Rodríguez, Mauricio Enrique Ruiz Espinosa, Wuilfredo Andrade Rojas, José Elkin Robles Alvarado y César Fabián Flórez Sánchez. También figuran el mayor John Jairo Vélez Vergara y los capitanes John Freddy Novoa León, Luis Humberto Romero Uribe y Gerardo Antonio Martínez Calderón.

    "En el evento de existir información que pueda tener alcance penal o disciplinario en contra de los oficiales señalados, el Comando de Personal del Ejército remitirá dicha información a las autoridades competentes", se lee en la Resolución.

    Escándalo de espionaje

    La decisión de retirar a los nueve oficiales del Ejército se tomó el pasado viernes durante una cumbre de generales celebrada en Bogotá y en medio de un escándalo de espionaje militar.

    Según la investigación "Las carpetas secretas", publicada el 1 de mayo por la revista Semana, integrantes del Ejército espiaron entre febrero y diciembre de 2019 a por lo menos 130 personas, incluidos periodistas colombianos y extranjeros, políticos, defensores de derechos humanos y funcionarios del alto gobierno.

    Por este hecho la Procuraduría colombiana llamó a juicio disciplinario el pasado 20 de mayo a dos generales, cinco coroneles, tres mayores, un teniente y dos suboficiales del Ejército.

    La salida de los nueve oficiales se da también luego de que el pasado 17 de mayo medios colombianos dieran a conocer que una investigación interna del Ejército determinó que varios oficiales están involucrados en actos de corrupción, incluida la venta de armamento a bandas de narcotraficantes y disidencias de las FARC.

    La investigación, denominada "Operación Bastón", involucra a 16 generales, 128 oficiales, 122 suboficiales y 35 civiles que tienen "diversos niveles de responsabilidad y participación en los diferentes delitos que aparecen documentados", detalló en ese momento la revista Semana. Mayo

    https://lanuevaprensa.com.co/component/k2/ejercito-colombiano-anuncia-retiro-de-nueve-oficiales mayo 26 de 2020

  • Por:Javier Lasso.Dirigente social.San Pablo, Nariño.

    Por décadas hemos sido testigos de la postración de los grandes medios colombianos ante el poder, ante quienes ejercen el poder.

    El pasado 27 de mayo, a propósito del éxito mediático del primer capítulo de la serie “Matarife, un genocida innombrable”, el programa radial Mañanas Blu invitó a los periodistas Julián Martínez y Gonzalo Guillen para conocer sus primeras impresiones como fuentes en las cuales Daniel Mendoza Leal, creador de dicha serie, basó parte de su trabajo (Ver entrevista Blu).

    Para el lector que aún no haya visto el primer capítulo, el tema central se construyó alrededor del Club El Nogal. Daniel Mendoza, quien además funge como la voz en off que narra la historia, menciona que, en ese club, dirigido en su época por personas cercanas al expresidente Álvaro Uribe, se planeaban masacres y se recolectaban fondos para los paramilitares. Estas y otras aseveraciones, desataron la polémica de la semana. El Nogal fue tendencia en Twitter y esta discusión se trasladó a los medios de comunicación. De ahí el propósito de Blu radio para escuchar a Martínez y a Guillén.

    En medio de la entrevista, el comentarista y abogado Roberto Pombo, criticaba la construcción que la serie hizo alrededor de El Club el Nogal. Antes había dicho que, por aquel tratamiento, consideraba que no era un trabajo que valía la pena seguir viendo, aunque en él persistían las dudas sobre las pruebas que llevaban a Mendoza a juzgar al club como tal, puesto que no soporta y le hiere como televidente, que el Club sea visto como un cuartel general para delinquir. Lo que evidentemente no llega a entender el señor Pombo es que al oyente reflexivo también le hiere y puede resultar hasta insultante su anticipado juicio de valor sobre el club, llegándolo a comparar con un hotel, un restaurante o un parque público cualquiera.

    Seguido, la directora del espacio, Camila Zuluaga, hace referencia a los señalamientos que habrían realizado Juanita León y Carlos Cortez, del portal La Silla Vacía, a Matarife, como producto de un periodismo militante, entendido este (al juzgar por las interpretaciones de la propia Camila) como polarizante, que favorece o representa a un espectro político. Y tal vez lo que suena aquí como crítica por parte del medio de comunicación a un producto como Matarife, su creador y las fuentes en que éste se basó, es quizá lo que se llama coloquialmente como “fijarse en la paja en ojo ajeno sin ver la viga que hay en el propio”. Los medios salieron en estampida a criticar la serie y a sus fuentes, endilgándoles cualquier cantidad de calificativos que los acercaban a terroristas o cómplices de la extrema izquierda. Y eso que los ejemplos mencionados son aquellos medios llamados “moderados”, lo cual ha sido intencional.

    Por décadas hemos sido testigos de la postración de los grandes medios colombianos ante el poder, ante quienes ejercen el poder. Día a día nos encontramos con entrevistas llenas de cortejos, elogios; tratos reverenciosos entre el periodismo y el poder, que privan de antemano la calidad, veracidad y objetividad que sólo pueden conseguir la prudente distancia y la suficiente independencia. Ingrata sorpresa nos causó hace unos días el noticiero CM&, cuando el aclamado periodista Yamid Amat, considerado como uno de los grandes del periodismo colombiano, maestro de periodistas, autoridad como pocas en el gremio, humillaba la profesión al permitir que el senador Álvaro Uribe le manejara su espacio, coartando el contenido de su entrevista a su antojo, condicionando y condenando al entrevistador (y al televidente) a tratar exclusivamente el tema fútbol (ver, minuto 16 entrevista CM&). Otra vez, y entre sonrisas y halagos de compadres, el cuarto poder se vio sobrepasado, pisoteado y dominado por el poder político.

    ¿Por qué tanta pleitesía con un personaje que trata a sus colegas de sicarios y a los operadores de la justicia de hijueputas? La respuesta la da el poder que amasa y ejerce.

    Pero, insisto, mi protesta no se enfila hacia el poder sino contra ese periodismo acomodado, acrítico y lisonjero con aquél. Deberían saber que una de las principales funciones del periodismo como mampara que regula las cargas de los poderosos, como el cuarto poder, es ejercer control político y social, vigilar y develar a quienes abusan del poder, en la orilla ideológica que se halle. Pues entre más poder detenta una persona, entidad u organización, mayor será su espectro ante los medios, se hace más visible y por ello requiere más exposición y control.

    El poder, por el solo hecho de serlo, oprime. La opresión del poder es inherente a su naturaleza. No importa quién lo ejerza: si es de izquierda o de derecha. Pero desde donde lo haga, el periodismo debe vigilarlo, exponerlo, controlarlo. Lastimosamente en nuestro país el periodismo no ha entendido su importancia, no ha asumido su poder.

  • Por:Zabier Hernández Buelvas.

    El patrullero Zúñiga no es un héroe, es el pueblo levantando su voz, es el malestar del sistema, es la rebeldía ante lo injusto.Ahora tendrá que soportar el poder del mando corrupto de la Policía y el Gobierno.Debemos apoyarlo, no lo dejemos solo.

    No es un hecho ocasional y fortuito. El Patrullero Ángel Zúñiga sintió en carne propia lo que es ser pobre, no tener un pedazo de tierra, ni una casa, ni quien los defienda y as, además, afrontar la violencia de un Estado y un Gobierno que a través de su fuerza publica defiende los intereses de de las poderosa familias de este país, en este caso a la familia Lemos Simmonds quienes son dueños de inmensos terrenos en el Valle y el Cauca.

    “Yo sé que me van a trasladar lejos, lo sé, pero es algo injusto lo que están haciendo en este momento. No les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de los derechos humanos, estamos en cuarentena”, dijo el patrullero Zúñiga.

    Él patrullero Zúñiga en ese momento no era consciente, pero estaba enfrentando nada más y nada menos que al gran poder terrateniente de este país. Su sangre y su mente de gente humilde del pueblo, antes que policía, reclamaba justicia, su ímpetu solidario y su decisión de ponerse del lado de los pobres que se defendían de la maquinaria que violentamente los agredía, es una decisión valiente que reta al poder castrense y se con vierte en critica certera al autoritarismo y el terrorismo de Estado.

    La reacción del patrullero parece a simple vista espontanea, pero en esencia es una reacción que muestra el cansancio del abuso del poder, de las violaciones de derechos humanos donde los violadores son agentes del Estado aliados a paramilitares y terratenientes.

    El patrullero Zúñiga no es un héroe, es el pueblo levantando su voz, es el malestar del sistema es la rebeldía ante lo injusto.  Ahora tendrá que soportar el poder del mando corrupto de la policía y el gobierno. Debemos apoyarlo no lo dejemos solo.

  •  Por:Zabier Hernández Buelvas .

    Tragedia la de Armero.Tragedia la avalancha de Mocoa.Tragedia las inundaciones que sufren millones de colombianos y colombianas pobres en nuestros territorios.

    La fatalidad del destino y el factor fortuito caracterizan la tragedia y en el caso de martuchis no hay ninguno de los dos. En este gobierno uribista, nada es fortuito y aunque sus acciones sean fatales para los y las colombianas, lo que les sucede a martuchis no es producto de una fatalidad predestinada, es producto de sus acciones conscientes, razonadas y premeditadas, es producto de la lógica de un poder criminal y corrupto como el que representan ella y su jefe subpresidente.

    Lo de martuchis no es más que el resultado de una vida corrupta y criminal, cuyos amigos y aliados naturales no puede ser otros sino, narcotraficantes, criminales, ladrones de cuello blanco, Memo Fantasma, Ñeñes, matarifes, dueños de bancos y presidentes ineptos e igual de corruptos.

    En la verdadera tragedia, el destino irremediable y triste de esta, termina con la muerte, locura o exilio del o la protagonista. Pero acá no ocurre ninguna de las anteriores, lo que, si sucede, es que se atornillen más al poder, arrecian con su actitud cínica e hipócrita, se convierten en víctimas y heroínas y siguen como si nada pasó, atenidos a la teta del poder.  

    Dice la historia oficial y de los medios del poder, que la vice siempre se ha opuesto y ha luchado insistentemente contra el narcotráfico, que ha mantenido durante casi toda su vida un discurso radical contra la ilegalidad y el narcotráfico. Entre los fascistas y uribistas, se maneja muy bien el efecto de la ilusión de verdad. Repite una mentira con suficiente frecuencia y la convertirás en verdad. Para mantener oculta la verdad durante 23 años, que su hermano fue condenado por narcotráfico, era necesario sostener y repetir insistentemente la mentira de la lucha contra el narcotráfico.

    Es una cadena de hechos objetivos y reales que desmientes el discurso antidrogas y anticorrupción de la vice. ¿ Acaso es fortuito y cosa de un destino fatal, los negocios de ella y su familia con Memo Fantasma?, ¿lo es el hecho que su hermano haya decidido organizar un concierto internacional para delinquir llevando droga a EE.UU y ella como cómplice (pagando fianzas)? o ¿lo será, el hecho hoy denunciado que su esposo Álvaro Rincón Muñoz, es uno de los suplentesen la junta directiva del grupo Global Securities, filial Colombia, protagonista central en la trama de corrupción, donde ya hay varios socios detenidos en un proceso judicial en una operación de lavado de activos del narcotráfico por 1.200 millones de dólares? Tres escándalos en este año 2020, pero que se refieren a toda una vida familiar de ilegalidades.   

    Ojalá que como en la verdadera tragedia griega como representación lírica, el escándalo y la develación una vez más del entramado de este poder corrupto, genere reacciones de cambio ante la profunda crisis política, moral y ética de quienes creen que gobiernan, o como planteaban los mismos griegos, esta supuesta tragedia debe servir para purificar esta nación de tantos malandrines y malandrinas en el poder. Empecemos por obligarla a renunciar.

  • Por:Unidad Investigativa Tejiendo Territorios.

    Peligroso Código del silencio cubre a la corrupción descarada en Monómeros.Denuncias de venta de maquinaria como chatarra y una disputa interna entre líderes políticos venezolanos y del Centro Democrático en Colombia, saca a la luz una vendetta de corrupción.Alerta por empleados con Covid-19 que no han sido tratados adecuadamente.¿Qué papel cumple Santiago Uribe Vélez en todo esto?

    De la mano del autoproclamado gobierno interino de Venezuela, y gracias al beneplácito del gobierno colombiano y la Cámara de Comercio de Barranquilla, funcionarios y empresarios vinculados a grupos políticos regionales de la empresa Monómeros Colombo-Venezolanos S.A. habrían venido presuntamente saqueándola, llegando incluso a vender como chatarra maquinaria en buen estado, según han denunciado fuentes de la misma Junta Directiva de la empresa y del sindicato de trabajadores. No obstante, las evidencias, son pocos quienes se atreven a hablar por la existencia de un código de silencio "garantizado" presuntamente por personas cercanas al partido Centro Democrático y al senador Álvaro Uribe Vélez, quien -según una fuente de la junta directiva- habría delegado a su hermano Santiago para que se encargue de cumplir el acuerdo entre el gobierno interino de Guaidó y los políticos locales.

    Pese a que la ONU reconoce como legítimo gobierno de Venezuela al liderado por Nicolás Maduro, y que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró como inconstitucional a la Asamblea Nacional y nula la elección de Juan Guaidó como su presidente, tanto el gobierno de Colombia como la Cámara de Comercio de Barranquilla avalan la Junta Directiva y el Gerente nombrados por Guaidó en Monómeros, quienes tomaron posesión forzosa de la empresa en febrero de 2019, tras la inadmisión en Colombia del gerente de la empresa nombrado desde Pequiven, matriz de Monómeros en Venezuela. En adelante, y como un medio para garantizar la "gobernabilidad", los directivos de Monómeros han sido aliados de grupos políticos colombianos, quienes a cambio de jugosos contratos han logrado incluso que la Cámara de Comercio de Barranquilla los reconozca.

    Esa junta, conformada por 5 miembros principales y 5 suplentes, hoy liderada por Carmen Elisa Hernández y a la que Guaidó llama como "Junta Ad-Hoc", ha tenido múltiples cambios en los últimos meses, todos de acuerdo a la lucha de poder interna que se vive en la empresa, sin mencionar la docena de cambios en la gerencias y subgerencias de la empresa. Varios de sus directivos han denunciado presiones por parte de políticos venezolanos miembros de la oposición para que se suscriban contratos con determinadas personas y empresas, como quedó en evidencia tras una denuncia de Humberto Calderón Berti, exrepresentante de Guaidó en Colombia, quien señaló haber sido testigo de reuniones en la sede de Monómeros entre directivos de la empresa y  parlamentarios venezolanos de la Comisión  de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, y donde Calderón dijo sentir "repulsión" por la "extorsión de la que son víctima los directores de la empresa". Dos semanas después de estas afirmaciones, Guaidó decidió reemplazar de forma poco decorosa a Calderón Berti como su representante en Colombia.

    Los malos resultados son tan evidentes que ya los empleados comienzan a temer por el futuro de la empresa, y en los mentideros políticos y empresariales se habla del "desmantelamiento" de Monómeros como la tarea que tendrían asignada los directivos actuales de parte del mismo Juan Guaidó. En 2019, según el balance del ejercicio anual de la empresa, Monómeros arrojó pérdidas por 25 mil 792 millones de pesos. Sin embargo, la Junta AdHoc, en una compleja labor de maquillaje financiero, autorizó en la Asamblea de Accionistas que se utilizaran las reservas que por valor de 30 mil 694 millones de pesos tenía Monómeros para compra de equipos y modernización tecnológica, además de 6 mil 983 millones reservados por resultados acumulados de años anteriores, para tapar el hueco que deja el primer año de administración de los delegados y directivos de Guaidó. Es decir, en el balance del primer año de la Junta AdHoc delegada por el gobierno de facto en cabeza de Juan Guaidó, no solo arrojó pérdidas, sino que se autorizó que se gastaran los ahorros reservados para la actualización tecnológica de la empresa, condenando a Monómeros a la obsolescencia, quizás para venderlo todo como chatarra.

    Instalaciones de Monómeros en Barranquilla

    La Cámara de comercio de Barranquilla en el caso Monómeros vuelve a los tiempos del * "pajazo".

    Las dudas sobre porqué la Cámara de Comercio de Barranquilla, que se supone es el guarda de la fe pública en materia comercial y empresarial, avaló y se considera como legítima la junta directiva "AdHoc" en Monómeros cuando este es considerado un gobierno que no es reconocido por la Asamblea General de la ONU, comienza una resolución cuando se analiza más específicamente ciertos contratos.En 2018, el entonces gerente de Monómeros era Pedro José Lugo, quien estuvo al frente de Monómeros desde septiembre de 2013 hasta junio de 2019, período en el cual otorgó contratos al grupo empresarial MERCO por un valor de alrededor de 30 millones de dólares.El grupo MERCO es propiedad del empresario Reginaldo Pérez,Quien a su vez era miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio cuando solicitó el registro de la nueva junta directiva designada por Juan Guaidó y quienes entregó Pedro Lugo su poder como gerente.Es decir, el empresario Reginaldo Pérez era contratista de Monómeros y directivo de la Cámara de Comercio cuando esto avaló los cambios del "gobierno interino".

    Lugo fue el gerente de Monómeros que facilitó el desembarco de los delegados de Guaidó, quien gestionó efectivamente el registro de la nueva junta directiva ante la Cámara de Comercio de Barranquilla, y quien funcionó como representante legal de Monómeros en una primera etapa de la toma del Humberto Calderón Berti denunció las extorsiones de que estaban siendo objeto por parte de los políticos de la oposición venezolana.

    Pero las coincidencias no paran ahí.Pedro José Lugo, el gerente amigo de Pérez, firmó el 10 de diciembre de 2018 un contrato con la empresa INSAPRO SAS cuyo objeto era la maquila de yeso agrícola, comprometiendo a Monómeros al pago de dicho contrato durante tres años.La empresa fue creada en marzo de 2016, apenas dos años y medio antes de la firma del contrato, y su fundadora es María Claudia Pérez Sanabria, hija del empresario Reginaldo Pérez, contratista de Monómeros a través de MERCO y directo de la Cámara de Comercio de Barranquilla.Para alcalde coincidencia, el gerente de saliente Pedro Lugo terminó fungiendo como representante legal y socio de INSAPRO SAS apenas unos meses después de su salida de Monómeros.Es decir, una puerta giratoria perfecta.

    Como no hay matrimonio por conveniencia que dure tanto, la disputa al interior de Monómeros terminó por afectar al empresario Reginaldo Pérez, pues la nueva junta directiva terminó por no contratar más a MERCO y ahora contrata por un precio 58% más costoso a la empresa NORPAK, para la realización de la misma labor que antes hacían las empresas de Pérez. A todas éstas, la verdadera pregunta es por qué Monómeros contrata la actividad de carga pudiendo realizarla con sus propios equipos y personal, y la respuesta es reveladora: voracidad por la chatarra

    El otro afectado por la vendetta interna es el mismo Pedro José Lugo, quien luego de ser facilitador de la toma de poder de la empresa Monómeros por parte del gobierno de facto liderado por Juan Guaidó, ahora es víctima de una severa persecución penal y administrativa por parte de la misma Junta AdHoc a la que él ayudó a llegar. Como así le paga el diablo a quien bien le sirve, el exgerente ha sido denunciado por la actual administración de Monómeros ante la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades por -presuntamente- tomar decisiones más allá de sus facultades, extralimitarse en sus funciones, saltarse al comité ejecutivo y celebrar contratos sin la autorización de la Junta AdHoc mientras fue gerente de la empresa.

    Chatarra millonaria

    Otra denuncia respecto del accionar de la Junta AdHoc designada por Guaidó y avalada por la Cámara de Comercio de Barranquilla, es la venta como chatarra de piezas de maquinaria de Monómeros. Según denuncias de miembros del sindicato que coinciden con lo dicho por un miembro de la Junta Directiva que no está de acuerdo con lo que sucede en la empresa, la actual gerencia con autorización de la Junta AdHoc, firmó un contrato con la empresa Green Metal para el desmantelamiento de las plantas 5, 7 y 9 de la empresa, ubicadas en Barranquilla, y la clasificación y venta de los componentes de la misma como chatarra. De acuerdo al contrato, se retiraron 2 mil toneladas de acero inoxidable y 1.100 toneladas de acero al carbono; sin embargo, la denuncia se refiere a que la cantidad real de material de esas plantas es de por lo menos el doble de lo contratado y pagado, por lo que surge la duda respecto de qué pasó con el pago por la diferencia y por qué no se reportó la cantidad real.

    Adicionalmente, en contra de las sugerencias técnicas, la Junta AdHoc ordenó el gasto en marzo pasado de por lo menos 600 millones de pesos en la compra de dos trenes para la automatización del proceso de empacado en la planta 12, también ubicada en Barranquilla, proceso que como era de esperarse y lo habían advertido los técnicos falló, razón por la cual los equipos están inactivos y en desuso. En ese intento, la producción disminuyó pues despidieron al personal que tenía a su cargo el proceso, pero tras el fracaso fue necesario recontratarlos para reactivar la producción. Lo que se preguntan los trabajadores viendo los equipos arrumados es si no se trató de un hecho premeditado para venderlos luego por chatarra, teniendo en cuenta que en su mayoría son de acero al carbono.

    Un silencio apostólico.

    Es tan fuerte el código de silencio que impera en Monómeros, que el pasado 13 de abril el senador José David Name Cardozo publicó una columna denunciando que esa petroquímica estaba "siendo despedazada por sus directivos" (ver https://www.senado.gov.co/index.php/component/content/article/13-senadores/978-hay-que-rescatar-a-monomeros-senador-jose-david-name). Name denunció millonarios gastos incluso en comidas y meriendas para mantener a los miembros de la Junta Directiva y urgió al gobierno de Iván Duque para que retomara el control de la empresa teniendo en cuenta la importancia regional de la misma en la generación de empleos e ingresos para los atlanticenses. En su columna, Name Cardozo hace un análisis que trasciende lo ideológico y sitúa la importancia de Monómeros como una de las 100 empresas más grandes de Colombia. Sin embargo, en un hasta ahora no explicado giro del senador, un par de semanas después se retractó de lo dicho y nunca más ha vuelto a referirse al tema.

    Pero Name Cardozo no es el único que prefiere no hablar de lo que sucede en Monómeros. Miembros del sindicato que piden el anonimato han denunciado que en la empresa van más de 102 casos de Covid-19 entre los trabajadores, sin que exista un manejo adecuado de la situación, y que cuando levantaron la voz para pedir elementos de bioprotección y un cerco epidemiológico acorde a la situación, no solo no fueron escuchados sino que fueron advertidos de que el apoyo local para la "Junta AdHoc" era Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, y quien es investigado por concierto para delinquir, conformación de grupos paramilitares y masacres. Todos prefirieron callar.

    Al final, tal y como se comenta en los corrillos empresariales y políticos, los delegados de Juan Guaidó que por la fuerza administran a Monómeros con el beneplácito del gobierno colombiano y participación de miembros del partido político de gobierno, parecen estar logrando su objetivo: desmantelar pieza por pieza un valioso activo de todos los venezolanos, pues Pequiven como empresa estatal es la dueña de Monómeros.

    La empresa es crucial para la economía de Colombia, pues Monómeros representa entre el 20 al 30% del total del mercado de los abonos del país, por lo que su desmantelamiento afectaría directamente los costos de la producción agropecuaria. Adicionalmente, Monómeros genera alrededor de 800 empleos directos y unos 1.300 indirectos en el departamento del Atlántico, por lo que la preocupación de los empleados por los bandazos de la junta directiva es apenas entendible.

    Por ahora, la empresa Monómeros en manos de los delegados del "gobierno interino" solo está abonando la corrupción de los grupos cercanos a Juan Guaidó tanto en Venezuela como en Colombia.

    * "Pajazo".Escándalo en la Cámara de Comercio de Barranquilla “en el que se conoció Uno de esos audios fue conocido como 'el pajazo y el polvo', en el cual, Berrío Mendoza desempeñando como Secretario de Movilidad de Barranquilla, dialoga con el también exdirector de la Cámara de Comercio y exembajador en Uruguay, Arturo Sarabia Better, en el que manifiesta: “Ahora que estamos en la Alcaldía nos damos cuenta de que la Cámara es un 'pajazo', el 'polvo' está acá”, lo cual se prestó para muchas interpretaciones ".https://zonacero.com/generales/y-que-le-da-la-ciuda-la-camara-de-comercio-de-barranquilla-133270 .

    ** (verhttps://www.senado.gov.co/index.php/component/content/article/13-senadores/978-hay-que-rescatar-a-monómeros-senador-jose-david-name)

  • Por:Harold Ruiz Moreno.Ex concejal de Pasto.

    «Colombianos las armas os han dado independencia, las leyes os darán libertad» (Santander).

    El mundo siempre ha estado convulsionando con la presencia de guerras y conflictos de todo tipo y estas generan vejámenes contra la población civil que han sido dolorosos, son millones de víctimas las que han sufrido las inclemencias de guerras absurdas, la inmensa mayoría de ellas generarán impunidad , dictadores, sátrapas, abusadores, quienes con diferentes acciones escaparon a la justicia de sus países o en el peor de los casos las controban, los abusos de poder llamó la atención de la comunidad de naciones que han contribuido en el pasado para que haya un derecho de guerra, muchos esfuerzos de países y sociedades dieron un paso trascendental, cuando se dieron cita el 17 de julio de 1998, en Roma-Italia,160 países decidieron establecer una CORTE PENAL INTERNACIONAL permanente para juzgar a los individuos responsables de los más graves delitos que afectar al mundo entero, dotándose del ESTATUTO DE ROMA ..

    Si hay conflicto que requiere la intervención del CPI en Colombia, por la execrable guerra que vivimos, que puede resumirse en los más de ocho millones de víctimas generadas en los últimos 30 años, y el grado de impunidad de este conflicto que tiene responsables de carne y hueso, los que desde la dirección de estado o con la acción de actores ilegales, han producido dolor y tristeza en la nación.

    El anhelo universal de sed de justicia y de reconciliación en el país se empieza a cristalizar cuando se suscribió el pacto social surgido del bello proceso constituyente, que le dio vida a la Constitución del año 91, cuya columna vertebral es la configuración de la división de poderes, donde la administración de justicia cobra importancia en un país con un verdadero contrapeso al régimen presidencialista existente.

    En los pesos y contrapesos de cualquier democracia, La Paz y reconciliación se convierte en una real esperanza de resolver el conflicto armado interno por la vía de la solución política por medio de la negociación, y después de varios intentos el estado colombiano lograr firmar después de cinco años de intensas conversaciones en La Habana-Cuba, un acuerdo de paz con las Farc, que tiene como uno de los mejores pilares, la búsqueda de la Verdad, Justicia, reparación y no repetición, con la creación de la JEP,Tribunal de Justicia Especial para la Paz, a la que se han sometido los integrantes de las antiguas FARC de manera obligatoria y voluntariamente los militares y por iniciativa del uribismo en el congreso, se eliminaron a los terceros civiles para concurrir a la JEP.., a la espera que sus confesiones de la verdad ocurrida en la guerra frustrado que la JEP juzgue las conductas que sean violatorias al régimen penal colombiano y al igual que al derecho internacional humanitario.

    En lo pactado en La Habana se deja claro que los expresidentes seguirán siendo juzgados por la comisión de acusaciones de la cámara, llamada también la "comisión de absoluciones", porque desde su creación la impunidad ha sido una constante, ya pesar de las innumerables denuncias existentes contra del Dr. Álvaro Uribe Vélez, en su condición de expresidente, estas no han prosperado.

    El Dr. Álvaro Uribe Vélez por su condición de senador de la República tiene como su juez natural a la corte Suprema de Justicia, quien después de la denuncia de Uribe Vélez contra el también Senador Iván Cepeda Castro por los presuntos delitos manipulación de testigos, la corte suprema decide absolver al senador Cepeda Castro, e iniciar investigación por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos, contra el denunciante Álvaro Uribe que culminan en su primera fase,como la medida de aseguramiento o arresto domiciliario por el suficiente acerbo probatorio;y así lo afirma La corte suprema en comunicación del día 4 de agosto de los corrientes, “La Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la decisión del 3 de agosto aprobada y suscrita por unanimidad, resolvió la situación jurídica del senador Álvaro Uribe Vélez con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal ”.

    La actuación del operador de justicia en su máxima expresión que es la Honorable Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, merece el mayor de los respetos, independiente de estar de acuerdo o no, con tan trascendental decisión;ningún ciudadano por más importante que sea no puede estar por encima de la ley, y esa es la esencia de cualquier democracia.

    Tiros y troyanos la han emprendido contra la administración de justicia, presionándola, intimidándola, amenazando con constituyente, exigiendo una sola corte, amenazando con eliminar LA JEP, queriendo hacer “trizas La Paz”, pero las reservas democráticas de la nación han salido en defensa de la Corte Suprema y del estado social de derecho y este paso independiente de sus resultados es un reconocimiento a las millones de víctimas que crecieron en el gobierno del expresidente ALVARO URIBE VELEZ, a quien también le llega la justicia.

  • Por:Germán Ayala Osorio .

    Negar la existencia del conflicto armado interno fue la estrategia política y el instrumento ideológico con los que el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) construyó la Tesis Negacionista del Conflicto (TNC), la misma que logró plasmar en su política de Seguridad Democrática (PPDSD).

    En dicha política pública se aseguraba, sin mayor análisis contextual, que lo que enfrentaba el país era una << amenaza terrorista >>.Sin duda alguna, se trató de una negación interesada, maliciosa, abrupta, irresponsable, medida y además, soportada en los hechos terroristas y pre políticos ocurridos el 11 de septiembre en los Estados Unidos y en el discurso que sostendría later a la “lucha contra el terrorismo internacional ”que libraría el gobierno norteamericano de la época.

    Bastó esa insinuación para que la Prensa afecta a Uribe y al llamado “uribismo” acogiera aquella nomenclatura y empezara de manera irresponsable y ligera, a calificar acciones militares realizadas por las guerrillas, como simples actos de terrorismo.Emboscadas, golpes de mano y enfrentamientos entre militares y subversivos, se redujeron, por arte de birlibirloque, en acciones o actos de terrorismo.

    Nadie niega que la guerrilla incurrió en actos de sevicia y contrarios al DIH, pero el calificativo caló de tal forma en la opinión pública de la época, la misma que creía a pie de juntillas en lo que informaban los noticieros privados de televisión RCN y Caracol , que incluso se usó para estigmatizar a líderes políticos de izquierda, sindicalistas, académicos y críticos de la gestión del presidente antioqueño.

    Sin duda, el uso de esa nomenclatura obedecía a la intención y al objetivo estratégico de reescribir la historia de la violencia política en Colombia, negando lo innegable: la existencia del conflicto armado interno y por esa vía, la coexistencia de víctimas y victimarios legales e ilegales.Vendrían, después, otros actos de habla con los mismos propósitos histórico-políticos.

    El senador José Obdulio Gaviria, primo de Pablo Emilio Escobar Gaviria, intentó también aportar al proceso de reescritura de la historia del país, señalando que no había desplazados de la violencia, sino migrantes que, de un momento a otro y sin causa aparente, decidían cambiar de lugar y de vida, así fuera para sobrevivir en los cinturones de miseria de ciudades capitales.

    Aunque esa nomenclatura no prosperó, quedó expuesta la intención de los agentes uribistas pública de proponer categorías encaminadas a confundir a la opinión y edificar unas narrativas que le permitieran al “uribismo” negarles los derechos a las víctimas, y de obviar las responsabilidades que el Estado colombiano debe asumir, por acción u omisión, en la comisión de delitos de lesa humanidad perpetrados no solo por las guerrillas y los paramilitares, sino por propios agentes estatales.

    Con el regreso de Uribe al poder, esta vez en las “carnitas y huesitos” de Iván Duque (2018-2022), la nomenclatura inicial se mantendría, a pesar de que el presidente Santos (2010-2018) se encargó de reconocer la existencia del conflicto armado y de sus víctimas y, por supuesto, el derecho que les asiste a ser reparadas por el Estado.En varios documentos oficiales Duque no reconoce la existencia del conflicto armado y mucho menos legítima el proceso de paz firmado entre el Estado y la entonces cúpula de las Farc Ep.

    En esos documentos oficiales se usan expresiones como violencia y no hablan de actores armados, sino de Grupos Armados Organizados, estructuras criminales o grupos narco-terroristas.También hablan de "paz con legalidad", frase con la que no se reconoce la legitimidad y la legalidad del Acuerdo de Paz de La Habana.

    Además, dicha expresión constituye, per se, un ataque velado contra la Justicia Especial para la Paz (JEP) .Agobiado por las recientes masacres, Iván Duque, fiel y devoto seguidor de Uribe y de la política de Seguridad Democrática, no podía quedarse atrás en el proceso de proponer, a través de llamativas frases o el uso de específicas vocablos o nomenclaturas, new narrativas conducentes a ocultar la gravedad de unos hechos que claramente dejan ver que su decisión política en materia de seguridad, es que no haya política, es decir, que poco le interesa a su administración copar territorios, afianzar la presencia del Estado y ganarse a la población civil.

    Hago referencia a las recientes masacres ocurridas en Nariño, Antioquia y Cauca.Así entonces, Iván Duque acaba de “rebautizar” a las masacres: las llamó “Homicidios Colectivos” sin ningún asomo de vergüenza.Poco le importó ir en contra de lo que sobre el término y concepto dice la RAE, y de la tradición lingüística de un país que desde tiempos otoñales convive con este tipo de prácticas.

    Querrá, seguramente, que las Masacres de las Bananeras, del Aro, Bojayá, Trujillo, la Granja y Mapiripán, entre otras, en adelante se recuerden como “Homicidios Colectivos”, término que deviene con un carácter eufemístico con el que buscan quitarle la representación obscena, terrible, ignominiosa y deshonrosa que acompaña al vocablo Masacre.

    Duque cree que con ese eufemismo va a lograr borrar el sentido vil e innoble que acompaña a las masacres perpetradas por los narcos paramilitares, quienes en mayor proporción son los responsables de todas las masacres ocurridas en Colombia.

    Se equivoca el huésped de la Casa de Nariño, pues esa nomenclatura no solo es incorrecta, sino que resulta repulsiva y difícil de asimilar por una opinión pública que ya no es la misma a la que RCN y Caracol, bajo la influencia de Uribe, tuvieron a su merced entre el 2002 y el 2010

    Son masacres, no homicidios colectivos.

    Así entonces, Duque ya entró en el “selecto” grupo de manipuladores que tiene el Centro Democrático y el “uribismo”, cuyos miembros buscan re-construir la historia de la violencia política colombiana, con el propósito de confundir y de tratar de restarle el carácter rastrero, ruin y despreciable con el que han actuado todos los grupos armados, legales e ilegales, pero sobre todo, para minimizar la responsabilidad de un Estado que ha sido operado bajo el influjo de agentes privados cuyas buenas maneras y costosos trajes no alcanzan a encubrir o disimular la aviesa condición que pretenden esconder en su perfumadas figuras. 

    Foto Infobae. La masacre de El Salado, es la masacre que no fue masacre según el gobierno Duque.

    Aprovecharse de la “confusión y la indeterminación legal” que existe en el país alrededor de la tipificación y el reconocimiento jurídico de las masacres contribuiría al debate, sino supiéramos que detrás del acto de habla de Duque está la intención de provocar a las víctimas que encuentran en el término masacre, una mayor cercanía a su dolor, desde una perspectiva lingüística-cultural.

    Fuente: Revista La Otra Tribuna.También enRevista Corrientes  25 agosto 2020  https://revistacorrientes.com/de-uribe-a-duquenegacion-de-la-evidencia/

  • Por: Harold Ruiz Moreno. Ex concejal de Pasto. - 

    El departamento de Nariño ha sufrido los embates de la criminalidad en los últimos tiempos y en todos los órdenes, generando un drama humanitario de manera permanente, provocando el asesinato, las masacres, el desplazamiento, confinamiento, el asesinato de líderes sociales y la persecución a sus organizaciones sociales.

    La presencia del narcotráfico ha sido el combustible de la guerra y el conflicto, el mismo que produce entre 350 a 380 toneladas de cocaína al año en Nariño y que colocadas en los mercados internacionales pueden venderse por $10 billones, este lucrativo negocio ilegal, lo controla los cárteles mejicanos, como el cartel Jalisco del norte, el cartel de Sinaloa; al igual que los carteles colombianos como el clan del golfo, las disidencias de las Farc, y en menor medida él ELN. Son cerca de 20 grupos armados ilegales que hacen presencia en los municipios con presencia de cultivos de uso ilícito y especialmente en el pie de monte costero, la costa pacífica, la cordillera, al igual que en territorios indígenas y afros, la presencia del narcotráfico en estos territorios genera miedo, terror y zozobra permanentemente en el departamento.

    De los 64 municipios de Nariño, en 31 hay presencia de cultivos de coca y amapola; en los mismos cerca de 100 mil familias de pequeños productores de campesinos, indígenas y afro descendientes son esclavos del narcotráfico, sobreviven de estas actividades ilícitas y son el eslabón más débil de la Cadena del narcotráfico, quien con sus estructuras armadas ilegales controlan en su mayoría estos territorios donde impera la lógica de la criminalidad, frente a la omisión e indiferencia del estado, donde su abandono y falta de presencia con una real inversión social, se convierte en el caldo de cultivo para que impere esta actividad ilegal que se constituye como una de las únicas alternativas de subsistencia para estas comunidades de los territorios Cocaleros y amapoleros.

    Nariño de tiempo atrás registra hechos de violencia generados por el narcotráfico, no se puede olvidar el espectáculo dantesco generado por la presencia del “Bloque libertadores del sur”, perteneciente a las AUC, (Autodefensas unidas de Colombia), o la masacre perpetrada por las FARC contra el pueblo indígena Awa, en Tortugaña Telembí en el año 2009 o la masacre del Tandil, en Tumaco, en el año 2017, perpetrada por Fuerza pública.

    A Nariño no llego La Paz, el gobierno nacional no pudo ni siguiera brindarles seguridad a los desmovilizados de las FARC, las Zonas veredales, la Paloma en el municipio de Policarpa tuvo que ser abandonada y la zona veredal de la Variante en Tumaco, fue flor de un día, el anuncio de que el estado volvería al control de los territorios dejados por los recién reincorporados, rápidamente fueron copados por la criminalidad. La única expectativa de los acuerdos de paz, como fue la sustitución voluntaria, se convirtió en otro fracaso, no hubo respuesta a los acuerdos colectivos firmados por las comunidades cocaleras y Amapoleras de 29 municipios y las familias vinculadas a la sustitución de Tumaco e Ipiales, le dejaron el programa a la vera del camino, para el gobierno su presencia es el aumento de la fuerza pública y a pesar de ello, la criminalidad manda y gobierna en más de la mitad del departamento.

    La tragedia humanitaria de Nariño se agrava por la presencia de los actores ilegales que han perpetrado masacres y asesinatos como los ocurridos últimamente en Leiva, Ipiales, Magui, Ricaurte, Tumaco y Samaniego, donde el narcotráfico, el paramilitarismo hacen su agosto, atentando contra la juventud nariñense, ante la mira indiferente del gobierno nacional, que abandona a su suerte a los entes territoriales, que poco o nada pueden hacer frente al poderío de la criminalidad.

    Pareciera que este territorio del sur que ha actuado con altivez e hidalguía en las gestas cívicas, que votó mayoritariamente La Paz y la consulta anti corrupción, que al igual que ha escogido propuestas alternativas de gobernanza, se estuvieran ensañándose con venganza y retaliación por su valiente comportamiento, así se demuestra en la macabra alianza del narco paramilitarismo y la omisión e indiferencia del estado en contra de la buena gente de Nariño.

    Hoy como ayer nos corresponde a los nariñenses, levantarnos contra esta ola de violencia que está acabando con nuestra juventud, que está asesinando a los líderes sociales, que está persiguiendo a sus organizaciones sociales, para detener esta orgia de sangre, para que prevalezca la vida, para que este bello territorio sea ese remanso de paz, que fuimos en el pasado y que reclamemos el derecho a vivir en paz, reconciliándonos y exigiendo la verdadera presencia del gobierno nacional con una real inversión social, donde las oportunidades sólo sean de bienestar y progreso para nuestra región.

  • Por: Jairo Otero Eraso. Dirigente social liberal nariñense. - 

    Con la imprescindible obligación de referir los actuales sucesos que acontecen en Colombia y en especial en nuestros territorios, es imperativo tratar de buscar alternativas para detener esta oleada de muerte, dolor, horror, confusión y desesperanza.

    Causa mucha indignación, mirar como este gobierno envuelto en un cinismo sin precedentes, actúa con desfachatez y alevosía en estos momentos de crisis, para acertar golpes aún más graves a esta sociedad confinada e indefensa, justificando y ocultando sus acciones, bajo el velo de efectos producidos por la actual crisis sanitaria, de hechos históricos de gobiernos anteriores, de acciones delictivas de terceros y lo que es más triste, responsabilizando de ello a  ciudadanos inermes de las zonas más olvidadas del país.

    Con este triste escenario y con la profunda crisis producto de la pandemia, afloran con mucha más fuerza, el oscuro poder de la corrupción, el desgobierno, la anarquía y la delincuencia del Estado. Ya no causan sorpresa los enredos narco políticos de la Señora vicepresidente, ni el camuflaje de laboratorio para el procesamiento de cocaína de un embajador, ni la Ñeñe política, ni la muerte y desaparición forzada de líderes sociales, ni los altos niveles de corrupción con el deshonroso primer lugar en el mundo, ni  los devastadores resultados de la pandemia (donde aún hay crisis en la atención y control de la misma, y los nefastos efectos que causa en materia económica y social), ni las acciones en contra del medio ambiente para dañar nuestros ecosistemas como el páramo de San Turban o el promover prácticas de Fracking para la extracción de hidrocarburos, ni las reformas laborales y pensionales que se hacen al amparo de esta emergencia como la expedición del decreto 1174 del ministerio del trabajo, ni las acciones nefastas de las fumigaciones en territorios olvidados, y ni siquiera el descarado auxilio a la empresa extrajera Avianca, en menosprecio de ayuda a tantos empresarios y microempresarios nacionales; acontecimientos que rayan en la desvergüenza y agravan día a día la delicada convivencia  en este país.

    Un gobierno débil, sin orientación y con voracidad para el delito, nos obliga como ciudadanía a buscar nuestro propio destino. Primero, mantener activas las alarmas personales de autocuidado, para no ser víctimas de este letal virus sin esperanzas de una rápida y oportuna atención.  Segundo, sensibilizarnos frente a la problemática social y política del país y buscar con nuestra propia decisión parar este horror y barbarie, con la única herramienta que nos queda como ciudadanos nuestro voto, aun a sabiendas que falta tiempo para esta oportunidad de expresión, es la única alternativa que tenemos como demócratas, en medio de esta dictadura disfrazada de democracia.

    En estos momentos históricos, es hora de unir esfuerzos y sin egoísmos ni vacilación, buscar un nuevo horizonte que nos permita mirar la luz de la esperanza en medio de esta oscura noche... Hoy más que nunca parodiamos a ese gran líder político Luis Carlos Galán, con su lema renovación ahora o nunca. Es hora de cambiar nuestro pensamiento, para cambiar nuestras vidas.

  • Por: Harold Ruiz Moreno. Ex concejal de Pasto.

    “Porque el gobierno colombiano tiene la metralla homicida para el pueblo y la rodilla puesta en tierra ante el oro americano". Gaitán.

    El país asiste a momentos de crisis, violencia, terror, pandemia y desgobierno que provoca un clima donde la muerte rodea a los ciudadanos, quienes vemos cómo se incrementan las masacres, el asesinato de líderes sociales, la persecución sistemática de grupos armados ilegales, que en gran parte del territorio nacional, son los que impone un para Estado que gobierna la nación.

    Esta tragedia humanitaria ocurre en medio de una pandemia que ha afectado el tejido social, que ha generado el dolor de la pérdida de miles de vidas humanas, donde sus familias además de perder a sus seres queridos, no han podido ni siquiera hacer el duelo, donde la economía se afectado y son millones los empleos perdidos y principalmente la economía familiar ha sido afectada y el empobrecimiento dispara los índices de pobreza e indigencia.

    En medio de esta orgia de sangre, que se ha incrementado desde el inicio del desgobierno del Sr Iván Duque Márquez, porque integrantes de su partido político, el centro democrático afirmaron que harían “trizas La Paz” y lo están haciendo, por el desconocimiento de lo acordado y firmado por el estado colombiano; anunciaron que habría, “plomo es lo que hay, plomo es lo que viene”, y una muestra es lo ocurrido con el abogado Javier Ordóñez, asesinado por la policía nacional, quien violo la constitución nacional cuando  reza el Artículo 218. “La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario”.

    Está más que demostrado que acabaron con la vida de este ciudadano de la manera más cruel, desconociendo los llamados de auxilio de Javier Ordoñez y sus amigos, que clamaban que cese la violencia brutal que acabo con su vida y que de manera igual de grave provoco la indignación y el rechazo de la ciudadanía en varias ciudades del país, provocando la respuesta una vez más violenta de la policía nacional. Solo en Bogotá la Sra. alcaldesa  Claudia López en rueda de prensa denuncio que se “asesinaron a 8 ciudadanos  con  armas de fuego proveniente de de la policía nacional”, afirmo de manera enfática la Dra. López, y de la misma manera anoto que, “sumándose a este macabro episodio, se presentó la ocurrencia  de cientos de heridos, 66 civiles de ellos por arma de fuego, disparadas por parte de algunos miembros de la policía sentencio la Sra. Alcaldesa” igualmente la Sra. Alcaldesa dijo que, “en Bogotá hubo una guerra y la utilización de armas de fuego policiales que provocaron estas muertes y la policía se habían comprometido a que no las usarían después del asesinato del joven Dylan Cruz”. Y reafirmó,” no vamos a tolerar una masacre de nuestros jóvenes”. La voz angustiada de la Sra. alcaldesa, demuestra la impotencia de las autoridades territoriales a quienes el gobierno nacional no solo no escucha, sino que pasa por encima de la autoridad distrital respaldada por la democracia local.

    La actuación violenta y de franca violación de la constitución se da bajo la complacencia de unos códigos y procedimientos, donde al policía se lo forma en doctrinas militares donde miran al ciudadano como el enemigo interno, donde violan las libertades ciudadanas y los derechos humanos, con patente de corzo por sus actuaciones en contra de la ley, saben que sus malas actuaciones serán de conocimiento de la justicia Penal militar donde reina la impunidad,  la corrupción de muchos integrantes la policía nacional ensombrece  el buen comportamiento ciudadano y de servicio de miles de integrantes de institución policía nacional, tan necesaria para garantizar la seguridad y vida  ciudadana.

    La ciudadanía ha denunciado en varias ocasiones la indebida utilización de la fuerza por parte de algunos integrantes de  la policía nacional, los abusos permanentes del ESMAD, quien es el responsable de la muerte de muchos ciudadanos y de causarles graves heridas a otros, todo ellos en la más completa impunidad, o también lo que ocurre con la policía anti antinarcóticos, quien perpetro la masacre del Tandil en el municipio de Tumaco en el año 2017, donde fueron asesinados 7 campesinos, sin que hasta la fecha no se haya procesado a los responsables, o variados casos similares de abusos constantes en donde por igual reina la impunidad.

    Es pertinente precisar que la mayoría de la institución policial le presta un servicio público invaluable por el  bien de la comunidad, son muchos los policías sacrificados en cumplimiento del deber público en la constante persecución contra la delincuencia, debe ser la policía nacional la primera en velar porque exista respeto por los ciudadanos y por igual para las autoridades locales, territoriales y distritales como lo reza la constitución nacional; no puede esta valiosa institución dejarse llevar por comportamientos dictatoriales que la lleva a contrariar la democracia del país y el desconocimiento de la autoridad constitucional, lo que no puede ser la razón para no atender la petición generalizada de la sociedad colombiana que exige una reestructuración de la policía nacional que como órgano civil, no puede seguir comportándose como un estamento militar que actúa como si estuviera siempre en guerra contra los ciudadanos.

  • Por:Harold Ruiz Moreno .Exconcejal de Pasto.

    “Gloria al soldado .. # FelizViernes”.(Publicación de la página web del ministerio de defensa después del asesinato de Juliana Miranda en el Cauca). - 

    Colombia asiste nuevamente a una espiral de violencia después de la firma del acuerdo de paz negociado en la Habana-Cuba con las FARC, la guerrilla más antigua del continente y quien fue responsabilizada de ser una de las causantes de los hechos victimizantes más atroces de los últimos 50 años.

    Asistimos en el país a un conflicto interno degradante con las prácticas más aberrantes que han acabado con la vida de miles de personas a pesar que no existe la pena de muerte legalmente, pero la misma la practican todos los actores armados ilegales, incluido el estado, en diferentes momentos se agudizan por gobiernos que no gustan de las democracias liberales, las que siempre han reivindicado que no exista la pena capital.

    En el caso colombiano, la pena de muerte fue abolida definitivamente en 1910 mediante acto legislativo No 3 en su título (III), artículo 3, según el cual: “En el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, la Asamblea Nacional Colombiana decreta: […] El legislador no podrá imponer la pena capital en ningún caso ”, siendo la última ejecución registrada en 1909.

    La Constitución de 1991 fundamentada en principios diferentes y teniendo como soberano al pueblo, en su artículo 11, capítulo (I), sobre derechos fundamentales, promulga que: “El derecho a la vida es inviolable.No habrá pena de muerte ”.Colombia ratifica el “Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte”, y posteriormente en 2010, el presidente Juan Manuel Santos Calderón, promulgó la Ley 1410 de 2010, por la que se aprueba el “Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativos a la Abolición de la Peña de Muerte”.Todo esto ratificado por la Corte Constitucional mediante las Sentencias C-144/97 y C-399/11.

    Colombia tiene una larga historia de asesinatos donde pareciera que la pena capital se aplica sistemáticamente, y las víctimas pertenecen a los sectores más desprotegidos, campesinos, indígenas, afros y los líderes sociales son asesinados de manera indiscriminada por la alianza macabra del NARCOPARAMILITARISMO y también por agentes del estado.

    El centro de memoria histórica ha documentado entre 1982 a 2013, la ocurrencia de 1.728 masacres que ocurrieron en esta época, a pesar de que esto sólo representa alrededor de un tercio del total de las masacres cuyos detalles todavía no han sido hasta ahora recopilados. Durante el período de tiempo que cubre la base de datos del centro de memoria los grupos paramilitares fueron responsables de la inmensa mayoría de las muertes cometiendo 1.166 masacres en total. Les siguen los grupos armados no identificados con 295 masacres, la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con 238, y 139 masacres fueron cometidas por las fuerzas de seguridad del estado.

    Como lo ocurrido en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, la pena de muerte arrecia en el país, solo en lo que va corrido del año se han presentado 63 masacres, el mini golpe de los días de 9 y 10 de septiembre en Bogotá y Soacha, donde está más que demostrado que la policía disparo de manera indiscriminadamente, después del asesinato brutal por parte de la policía de Javier Ordoñez, 14 personas murieron, y más de 70 fueron heridos con las balas oficiales de la policía, el gobierno del presidente Iván Duque con su ministro defensa a la cabeza el Sr Carlos Holmes Trujillo, desconocen al poder Judicial, y cubren con patente de corzo a quienes no solo desconocen la constitución y la ley, sino que aplican la pena capital.

    Ya no es posible sostener que somos una democracia que defiende la vida como derecho fundamental, hoy en falsos retenes se dispara a ciudadanos inermes, existe una conspiración contra la justicia del país, es el único poder que con sus sentencias defiende el estado social de derecho , la mermelada ha permitido la cooptación del legislativo y los órganos de control, el autoritarismo y la dictadura acechan la democracia de la nación e instaura la pena capital, porque las cifras muestran que lo que está consignado en nuestra constitución en este aspecto es letra muerte .

  • Por:Máximo Noriega Rodríguez .

    Las tesis del enemigo interno y de la seguridad nacional nos han convertido a todos los colombianos en blancos legítimos de una fuerza pública instrumentalizada para imponer el miedo.No son "manzanas podridas" sino la institucionalización de la barbarie.

    No son "manzanas podridas" sino el producto de un adoctrinamiento según el cual la ciudadanía es el enemigo. Contrario a lo que pretenden hacernos creer hace ya varios años, los hechos de asesinatos, violaciones, exceso de fuerza y arbitrariedades de la fuerza pública contra los colombianos, no son el resultado de hechos espontáneos cometidos ocasionalmente por miembros de las fuerzas de manera autónoma, sino el resultado de una formación que -de manera soterrada- privilegia la violación de los derechos humanos como medio para ejercer ya no la autoridad sino el miedo. Es, ni más ni menos, que el resultado del ejercicio arbitrario del poder a través de la fuerza pública instigado por quienes buscan a cualquier precio sostener un virreinato del cual se creen amos y señores. Los policías y militares matan, violan y en general agreden porque durante años les han hecho creer que ellos son "una fuerza letal para entrar a matar".

    La doctrina "no escrita" con la que forman a los policías y soldados en Colombia no solo promueve el irrespeto a los derechos humanos, sino que infunde rabia y ganas de desquite en los individuos que -solos o en grupo- actúan desde una perspectiva militarista cercana a un Estado Policial. La sociedad civil, y sobre todo ciertos políticos, han permitido no solo arraigar esa visión de Estado Policial donde los ciudadanos son sumisos a la policía omnipotente, sino que en muchas ocasiones han sido esos políticos quienes han conducido a la situación actual de cosas. Ejemplo de ello es el Código de Policía y Convivencia Ciudadana aprobado por el congreso en 2016, que no solo entregó poderes desbordados a una institución de por sí ya cuestionada como la policía, sino que resaltó como valor la "estética social" susceptible de controlar vía represiva. El diseño constitucional mismo es inadecuado pues hace depender a la Policía del Ministerio de Defensa, craso error cuando todas las policías modernas son de carácter civil, depende jerárquicamente del poder civil y responden a la justicia ordinaria.

    Con el proceso de “Modernización y transformación institucional” iniciado en la Policía luego de la firma de Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, se ha buscado un cambio en la doctrina de la institución, no solo en la doctrina oficial sino en la forma en que de manera extraoficial se concebía a la Policía, a sus individuos y a la forma de relacionarse con los ciudadanos. Con la llegada al poder del uribismo a través de Iván Duque, no solo se disolvió ese impulso reformador, sino que se busca volver a una Policía violadora de los derechos humanos que promueva la Seguridad Democrática, que no es otra cosa que la misma teoría de la seguridad nacional con influencia del narcotráfico y el paramilitarismo. Varios miembros de las Fuerzas Militares han denunciado el envalentonamiento de la "línea dura" al interior de la fuerza, que no es otra cosa que un grupo de oficiales al servicio del uribismo en tránsito hacia una dictadura, y la persecución hacia quienes promueven una cultura de respeto de los derechos humanos en la formación y en el actuar militar y policial.

    Con la firma de un tratado de cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia entre el 20 de noviembre y el 3 de diciembre de 1946, bajo el gobierno de Mariano Ospina Pérez, se selló la impronta de lucha anticomunista que caracteriza a la fuerza pública en Colombia, incluida la Policía, y con ello la persecución a toda ideología distinta a la del Frente Nacional, donde todos los ciudadanos ahora éramos posibles "comunistas" a los que había que perseguir. Con la cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia se extendió las tesis de la Doctrina de la Seguridad Hemisférica y la Doctrina de Defensa y Seguridad Nacional, ocasionando una cacería de brujas que permanece hasta hoy. Dentro de este macartismo institucional y social se instituyó el perseguir al ciudadano de a pie como el enemigo interno; así, un estudiante que protesta para pedir que en su universidad construyan laboratorios para mejorar su ejercicio académico, de inmediato es perseguido por las fuerzas militares por tratarse de un sublevado, un guerrillero, un terrorista, y es señalado por una élite que encuentra en esa persecución la forma de mantener su statu quo.

    La élite social que califica de "mamertos" a quienes luchan por los derechos de todos, y ahora una manada de arribistas que los secundan confiados en que ese aplauso ciego les abra un espacio en esa élite, alebrestan a la fuerza pública a violar los derechos humanos de manera sistemática, pero cuando los resultados son tan evidentes que ya no pueden taparlos entonces le endilgan al individuo la comisión del delito, dejando solo al pobre policía formado para agredir, lavándose las manos para que sea el pobre policía quien asuma las consecuencias. Es decir, la élite usa al pueblo contra el pueblo, mandando al joven que no tuvo otra opción para sobrevivir que hacerse policía a agredir a otro joven pobre que solo quiere que lo dejen estudiar. Nos mandan a una batalla fratricida para que ellos sigan reinando.

    Como si se tratara de cualquier grupo al margen de la ley, ellos también combinan todas las formas de lucha para contener a ese inventado enemigo interno. Por ejemplo, usando las tácticas de guerra blanda, echan mano ya no solo las armas de la fuerza pública sino el arma de la mentira, instrumentalizando también a periodistas y medios de comunicación que hoy -tristemente- también son actores del conflicto. Así las cosas, no es raro que inventen escándalos y mentiras personales para deslegitimar a quienes se oponen al régimen del terror, recurriendo a la falacia ad hominem que es amplificada por periodistas descaradamente militantes. No se extrañen que en medio de esta dictadura disfrazada comiencen a aparecer elaborados escándalos personales contra Gustavo Petro, Juan Manuel Santos o contra cualquiera que ose denunciar las violaciones de derechos humanos de un narco-régimen como el de Duque.

    En el fondo lo que subyace es una guerra entre pobres, porque los policías y soldados no son sino pobres instrumentalizados para cuidar los intereses de unos pocos en contra de su propia estirpe. Los nuestros son policías mal pagos, maltratados en su formación, perseguidos internamente para mantener una línea prusiana en desuso y obligados a enfrentarse a sus amigos, vecinos y familiares. Es infame que sometan a nuestros jóvenes policías a extenuantes jornadas de trabajo por sueldos miserables, los instiguen a atacar al otro y luego -cuando vienen los problemas judiciales- simplemente los dejen a su suerte calificándolos de "manzanas podridas" cuando lo que está podrido es el sistema mismo. Los policías y soldados son otras víctimas de esta perversa Patria Boba.

    Cuando un indolente e inhumano Ministro de Defensa como Carlos Holmes Trujillo festeja el asesinato de civiles por parte de miembros de la fuerza pública, como lo hizo con el asesinato de Juliana Giraldo, en realidad está azuzando a que sigan las violaciones a los derechos humanos. El discurso justificatorio de la barbarie envalentona a unos policías y soldados convertidos en autómatas que solo obedecen órdenes por las que después nadie, sino solo ellos, se hace responsable. Esto no puede seguir así y es hora de evitar que todo empeore.

    Reformar la Policía es urgente y comienza con educar al individuo que hace parte del cuerpo policial. Cuando se ha propuesto esa educación en el pasado reciente, de inmediato el uribismo sale al ataque pues ellos quieren una institución irracional a su servicio, llena de personas incapaces de cuestionar sus órdenes. Al uribismo les gustan los héroes, pero los héroes muertos, sin educación y que actúen como sus subordinados. ¿Qué hay de malo en un policía bien educado y bien pago? Que la institución se profesionalice debe ser motivo de orgullo, no de disputa, y que los miembros de la fuerza pública se eduquen debe ser un compromiso de una sociedad moderna, además de una deuda con los jóvenes que integran la institución.

    Es urgente, igualmente, desligar a la Policía Nacional de Colombia del Ministerio de Defensa y convertirla en un cuerpo civil instituido para cuidar a los ciudadanos, dependiente de las autoridades civiles y que respondan por sus actos ante la jurisdicción penal ordinaria. El manto de impunidad que les otorga una Justicia Penal Militar de caricatura y la visión desfazada de la realidad que se impone desde el ministerio de guerra, no solo son anacrónicas sino combustible para facilitar nuevas y eternas violaciones a los derechos humanos.

    La Policía Nacional de Colombia es una institución casi "endogámica" llena de códigos de silencio, encubrimientos y secretismo, pues hay en ella arraigada la idea de que abrirse o hacer pública la información debilita su autoridad. Nada hace más respetable a una institución que la transparencia, por lo que la cultura policial que oculta y hasta privilegia malas conductas y comportamientos ilegales de sus miembros debe ser erradicada. Lo que restringe y afecta la autoridad e imagen de la Policía no es lo que desde afuera se hace, sino lo que desde adentro se hace mal. Quien daña la imagen de la institución es que asesinen a Dylan Cruz en medio de una protesta y una perversa máquina de encubrimiento mantenga a los responsables a salvo burlándose de la sociedad, y no que los ciudadanos propongamos reformar a una institución que nos necesita.

    No podemos permitir que la fuerza pública sea usada por un régimen carente de autoridad moral para perpetuarse en forma de dictadura. Si los colombianos de verdad quieren y respetan a su fuerza pública es hora de dejar claro que ellas están a nuestro servicio, no para nuestro temor.